Espacioindependiente nº 423, jueves 9 de septiembre, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

 Contra los privilegios de unos pocos

 Unidad para ganar las reivindicaciones

La lucha de clases, impulsada por las grandes contradicciones sociales, nos remite permanentemente, una y otra vez, al restablecimiento de la relación cambiante entre los privilegios de unos pocos y la demanda de derechos democráticos y sociales por la inmensa mayoría.

La burbuja especulativa que estamos sufriendo con el precio de la luz -que sube un día sí y otro también-, con el precio de los alquileres, de los combustibles …  nos conduce a la depreciación permanente de los salarios y las pensiones (de las rentas del trabajo) por una oligarquía todopoderosa, concentrado histórico de la burguesía española, que cuenta con las complicidades políticas e institucionales necesarias en los gobiernos del régimen monárquico para hacer ley de sus privilegios.

Los señores de las eléctricas, del ladrillo, de los bancos…, son en buena medida las mismas familias acumuladoras de un inmenso poder político y económico, resultado de un proceso histórico de concentración de bienes y privilegios, expresando la tendencia a la centralización del poder en muy pocas manos, que se ha visto favorecido históricamente, tanto por el franquismo como por el régimen de la Monarquía.

Es difícil distinguir en la sociedad actual a los grupos de poder de los llamados poderes fácticos. Los titulares de los bancos y grandes empresas, los dueños de los principales medios de comunicación, las asociaciones patronales se confunden con el poder de la Monarquía, de la Iglesia, con las prerrogativas de los altos mandos del Ejército, con las ventajas de la magistratura, con todos los que pueden imponer sus privilegios con leyes o sin ellas. Las multimillonarias subvenciones del Estado a la Iglesia (permitiéndole funcionar como un auténtico paraíso fiscal, y la apropiación por la casta de obispos de numerosos bienes inmuebles con el más absoluto descaro, y no precisamente en un supuesto paraíso situado en el cielo), convierten así a la Iglesia en uno de los accionistas más importantes del sistema bancario, y en el primer gran propietario de fincas, solares e inmuebles. Colaboración Iglesia-Estado expresada en el mantenimiento del Concordato franquista con el Vaticano incompatible con la democracia.

Los gobiernos que se reclaman de la democracia, las Cortes Generales que por ley dicen representar la voluntad popular, podrían, en el uso de sus competencias, poner límite a los privilegios, o al menos intentarlo alguna vez. Nada de nada. De donde resulta una situación de abuso de poder, donde los que deberían decidir no deciden, y los que no tienen legitimidad alguna para ello son los que en última instancia imponen sus decisiones, como síntesis de sus privilegios.

De la legalidad o de la violación de la legalidad, como también de la falta absoluta de legalidad, resulta una combinación en la que se mueven los asuntos diarios, desde el precio de la luz a los presupuestos de la Casa del Rey. Una especie de limbo político y jurídico donde todo vale.

La rutina de la política española bajo el régimen de la monarquía conduce a que, gobierne el partido o la coalición de partidos que gobierne (evidentemente no es lo mismo), quienes tienen un mandato popular democrático lo incumplen, sometiéndose de una u otra forma a la vorágine de privilegios y hábitos franquistas, de prerrogativas y procedimientos contrarios a la democracia, que en la práctica bloquea todo cambio político, económico e institucional. Incumpliendo, unos y otros, el principio básico de que deben gobernar los que fueron elegidos para ello mediante el voto popular.

La ruptura con los poderes fácticos se constituye, de esta forma, en la única alternativa democrática posible para el avance social y el progreso, para la efectiva ruptura democrática con el franquismo en descomposición. Todo lo demás es más de lo mismo. Y todo depende de la crisis política y de movilización y reorganización social.

El consenso cifrado en la Constitución, que hace suyo como principal valor y poder el del régimen de la Monarquía, pisoteando la voluntad democrática expresada en elecciones, pasa por serias dificultades, que se expresan en la fuga del Emérito sin que se haya tomado medida alguna al respecto, o en el secuestro de los principales tribunales de justicia, empezando por el mismo Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Ya no se finge que se cumple la ley; ahora la incumplen dándole la vuelta a todo de forma grotesca. De modo, que no es sino la corrupción de Estado la que domina la situación política e institucional. Asegurar tribunales entregados a los privilegios de los partidos dinásticos y de la Casa Real se ha convertido por parte del PP, con la colaboración del PSOE, en tarea esencial para la preservación de los privilegios.

La concentración de poder que cristalizó con “el atado y bien atado” en la Monarquía es la clave de bóveda de todo el edificio del sistema. Ahora todo el mundo sabe que el Rey Emérito está fugado en los Emiratos Árabes, sin que el Gobierno y la Casa Real sean capaces de resolver la papeleta, tratando inútilmente de eludir las responsabilidades penales de la Casa Real por haber rapiñado miles de millones a través de todo tipo negocios ilícitos. El relato gubernamental de que la Casa Real vive al margen de esta situación carece de credibilidad. La investigación parlamentaria y la apertura de un procedimiento penal es imprescindible para acabar con la corrupción de Estado. El Rey se ha hecho multimillonario de forma ilegal por gozar de privilegios incompatibles con la democracia establecidos en la misma Constitución.

 Todo este proceso de abuso de poder para el enriquecimiento de la Casa Real española solo ha sido posible por el lugar que ésta ocupa en el aparto del Estado, es decir, como Jefe absoluto que es del mismo Estado y de sus fuerzas armadas. Ostentando la institución -y no solo la persona que la representa- privilegios de todo tipo que la hacen inmune e impune, que la sitúan por encima del bien y del mal. Más que estar por encima de la ley -que lo que está-, lo es en una situación de dominio donde la ley ha sido hecha a su medida, y los que gobiernan se niegan a investigar y, por tanto, a resolver de forma democrática y en justicia dichos delitos.

La marcha general a las Cortes, que se prepara para el día 16 de Octubre, convocada inicialmente por las plataformas de jubilados y pensionistas en defensa el sistema público de pensiones, frente a su destrucción-privatización, debe ser tomada como propia y común por los principales movimientos reivindicativos para exigir en unidad a las Cortes Generales la ruptura con los privilegios franquistas que nos hacen la vida imposible. Las víctimas del franquismo nos unimos a la marcha con la bandera de la lucha contra una ley de “Memoria” que preserva la impunidad contra la Verdad, la Justicia y la Reparación. La lucha por la unidad de acción, necesita de un programa común de las principales demandas sociales y democráticas. Levantando en todas partes comités por la unidad, para poder ganar las reivindicaciones, convocando para ello asambleas abiertas en barrios y pueblos para que, con la movilización masiva, se demande a la mayoría de diputados en las Cortes la ruptura con los privilegios minoritarios.