Una posición independiente y de clase ante el nuevo Gobierno

Fermin Rodriguez

Sin compartir ilusiones infundadas, dada la coyuntura concreta en que se ha producido la investidura, y pese a las responsabilidades de Pedro Sánchez para llegar a ese punto crítico, no habría por qué poner mayores obstáculos a su aprobación, ante el peligro cierto de abocarnos a unas terceras elecciones que, probablemente, permitirían un gobierno aún más reaccionario de las derechas franquistas, para imponer -“sin complejos”- mayores retrocesos en todos los ámbitos. Sin embargo, aunque las ilusiones son libres -y gratis de inicio-, no hay motivos para alimentarlas ni dar treguas al nuevo gobierno renunciando a las reivindicaciones levantadas por distintos movimientos y colectivos.

El programa consensuado de PSOE-UP y otros acuerdos bilaterales están llenos de indefiniciones y promesas ambiguas. No merecen confianza y son contradictorios con la aceptación explícita de los imperativos de la UE, la OTAN y las servidumbres de la Deuda, que no dan tregua. Un gobierno, que nace de las contradicciones del régimen, en un intento por recomponerlo, pero que echa a andar con la carga de esas mismas contradicciones difíciles de resolver con meros gestos formales y la “moderación” del discurso, que no podrán ocultar la vacuidad -cuando no regresión- en lo que concierne a los problemas económicos y políticos de fondo que han desencadenado la crisis de gobernabilidad. El ambivalente compromiso de “diálogo y negociación” para una solución política al conflicto catalán choca de inmediato con el empecinamiento no ya de las derechas furibundas y su coro mediático, sino directamente de sectores recalcitrantes del aparato de Estado. Los tribunales de raíz franquista, utilizados políticamente en la criminalización del “procés” se resisten incluso a aceptar las consecuencias que, “en buena ley”, se desprenden de la sentencia del TSJE. ¿Va a tomar distancia el nuevo gobierno con ellos, reconociendo la inmunidad parlamentaria de los electos catalanes, la nulidad consiguiente del proceso condenatorio de los dirigentes y la necesaria puesta en libertad de los presos políticos? Ese sería, al menos, un inicio para la solución del “conflicto catalán”.

De otra parte, ¿se van a mantenerse los compromisos con la OTAN a costa de implicarse en las guerras de Trump, manteniendo las bases norteamericanas en nuestro suelo como puestos avanzados de las agresiones bélicas del imperialismo USA? El “no a la guerra” ya ha empezado a resurgir en los propios EEUU y otros países han iniciado la retirada de tropas, ¿No urge la retirada de las tropas españolas? La primera prueba de fuego para mantener la legislatura será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero, ¿los PGE van a recoger y hacer ley las reivindicaciones concretas por las que vienen luchando pensionistas, jóvenes y trabajadores en precario, las mujeres desamparadas y discriminadas, los desahuciados por hipotecas y alquileres impagables, …o van a someterse, nuevamente, a los dictados de austeridad y recortes propugnados por la Troika? La ridícula subida del 0,9% para pensiones de miseria y la vuelta al marco de contrarreformas del Pacto de Toledo, son claro indicio de lo segundo. Siguiendo el ejemplo de Francia, jubilados y pensionistas del País Vasco y Navarra, junto con numerosos colectivos sociales y sindicales, han convocado Huelga General el 30 de enero. Una senda que empiezan a seguir, con su apoyo, colectivos y movimientos sociales en otros lugares.

De otra parte, la impunidad de los crímenes del franquismo vuelve a ponerse sobre la mesa con la anunciada visita de la juez argentina, María de Servini, para tomar declaración a imputados, por vía de Justicia Universal, como el exministro Martín Villa y el torturador Billy el Niño. ¿Volverán a negar el permiso la Fiscalía y la Audiencia Nacional, con la aquiescencia del gobierno? Por lo pronto, ya se ha postergado a marzo. Estos y otros desafíos urgentes pondrán a prueba de inmediato el carácter del nuevo gobierno. Las derechas reaccionarias presionan y le niegan toda legitimidad como “traidor” a las sacrosantas esencias de la “patria”, es decir, del franquismo y de la monarquía. Pero no son ellas y sus burdas gesticulaciones el verdadero enemigo a combatir, sino la sumisión a un mismo régimen que se resiste no ya a morir, sino a abordar siquiera alguna reforma sustancial de las bases institucionales y constitucionales sobre las que se asienta.

Desde la independencia de clase, la legitimidad del nuevo gobierno, basada en el apoyo del voto popular, solo se mantendrá si responde fielmente a su mandato y da cumplimiento a las demandas democráticas y sociales de la mayoría. Pero lo primero que hemos visto hacer a todos los “ministros y ministras” es prometer lealtad al Rey, fidelidad a la Constitución del 78 y sometimiento a los dictados de la UE. ¿Dónde está el “progreso”? No se puede servir a dos señores a la vez o, según el dicho popular, “poner una vela a dios y otra al diablo”. O respeto a la soberanía e intereses de trabajadores y pueblos, o subordinación política y económica a los poderes que siguen gozando de privilegios a costa de la creciente miseria social y negación de todo tipo de derechos. Y en esta disyuntiva, un Rey, que aparece cada vez más al desnudo en su intento de preservar su propia corona, no deja lugar a dudas en qué parte se sitúa y el papel central, otorgado, que sigue jugando.

Sólo la movilización independiente de trabajadores y pueblos puede decantar esa disyuntiva en favor de sus propios intereses. Frente a los intentos de apuntalar al régimen monárquico en profunda crisis, tratando de tapar las grietas abiertas, hoy se pone en primer plano facilitar que por ellas se abran paso los movimientos que reclaman el derecho a decidir de la mayoría social sobre lo que compete a sus condiciones de vida, trabajo y gobernanza. De ahí la necesidad de avanzar en un proceso constituyente -hace tiempo iniciado por los republicanos catalanescomo verdadera salida democrática. Un proceso constituyente que, “rompiendo el candado del 78”, se encamine a hacer ley las reivindicaciones sociales y democráticas; por la República, como garantía de que la soberanía popular -que incluye la de los pueblos para decidir su destino y la libre federación-, va a ser la vía hacia una verdadera democracia.