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Bloqueo judicial y división política en Cataluña

Un grito en medio de la crisis: el llamamiento de las plataformas de pensionistas

Se ha calificado de desastre institucional el golpe judicial del PP secuestrando los altos tribunales y el gobierno de los jueces, afectando al conjunto del sistema político y representativo. Expresión de la inestabilidad de las más altas magistraturas del Estado, del callejón sin salida del conjunto del sistema político del régimen monárquico sometido a los dictados de la OTAN y de la Unión Europea. Desde hace 25 años el Poder Judicial está bajo control del PP. La dimisión de Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, responde al hecho de que los consensos de régimen del pasado ya no sirven para dar solución a los problemas políticos y sociales del presente. Dimisión que se produce días después de la visita a España del Comisario europeo de Justicia, partidario, como el PP, de “que los jueces elijan a los jueces”, principio corporativista contrario a la democracia y a la soberanía parlamentaria.

Las nuevas negociaciones entre el PP y el PSOE ponen de relieve cómo quieren modificar los principales partidos constitucionalistas las reglas del consenso. Un grupo de ocho vocales nombrados por el PP bloquean el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Todo ello forma parte de una ofensiva política del PP, que se aprovecha de la política del Gobierno -más preocupado por sostener el Rey y el Ibex 35 que por los intereses de la mayoría social-, que es quien le dio el apoyo para gobernar.

A la crisis judicial se suma la ruptura del gobierno catalán abundando en la política de Estado fallido. No hay que olvidar que la cuestión catalana sigue siendo la principal grieta de la crisis política e institucional. Los partidos que habían dirigido el “procés” no han dado en el gobierno ni un solo paso en la dirección señalada por el “procés”, es decir, en la vía de la República Catalana y la Amnistía, como síntesis del   programa común surgido del referéndum del 1º de Octubre. Después de cinco años una de las partes ha terminado por abandonar el gobierno, estrangulado por una falsa negociación con el gobierno de Sánchez, que nada negocia. El Parlament deberá buscar ahora otra base de sustentación para el gobierno minoritario de ERC; y, en su defecto, no habría otra que acudir a un adelanto electoral en condiciones de retroceso político para los soberanistas frente a los constitucionalistas monárquicos. De donde se puede deducir que la colaboración con políticas contrarias a la voluntad popular tiene el precio de la derrota.

El agotamiento de ERC no responde solo al bloqueo catalán, sino también a la forma en la que sus diputados y senadores sostienen críticamente las políticas de Sánchez, sin obligar a éste -necesitado de su apoyo imprescindible, como el de Bildu y otras expresiones políticas- a un verdadero giro político democrático y social a la izquierda. Giro que pasa por la ruptura con los planes de la OTAN y de la Unión Europea, por la oposición a las políticas militaristas, de guerra y miseria social.

Los Presupuestos 2023 vienen condicionados por las inversiones de los fondos europeos para las grandes empresas, disminuyendo las ayudas para las pequeñas y medianas, siendo el aumento más significativo del gasto el de la inversión en armas. Mientras, se profundiza, una vez más, la pérdida de la capacidad de compra de las rentas del trabajo; en un cuadro general de desaceleración económica, de estancamiento e inflación general.

Los topes salariales y de las pensiones, que quedan muy por debajo de la inflación y de la cesta de la compra diaria, no podrán evitar la conflictividad laboral y reivindicativa; momento político que se abre con la convocatoria a Madrid de las plataformas de jubilados y pensionistas del próximo día 15 de Octubre. Movimiento muy pluriforme que escapa del control de las direcciones sindicales, que están comprometidas con los planes de privatización de las pensiones privadas y de empresa. La Comisión Europea y sus hombres de negro amenazan a cada paso para que se cumpla sus planes antisociales y de guerra, o no habrá entrega de nuevas partidas de los fondos de recuperación. En esta encrucijada política, la propaganda “social” del gobierno no puede negar la realidad por mucho que lo intente: en los Presupuestos, son las rentas del trabajo, una vez más, las que resultan perjudicadas en beneficio de las rentas del gran capital y de las inversiones militares.

El llamamiento a la movilización social de las plataformas de jubilados y pensionistas es una ocasión. Quienes controlan de forma no democrática los sindicatos y partidos mayoritarios, que se reclaman de los trabajadores, tienen en sus manos la patata caliente de la plataforma de reivindicaciones que comprende desde la subida general de salarios y pensiones a la defensa de todo lo público. La grave desigualdad económica y de redistribución que establece el sistema político de consenso de la Constitución del 78, está siendo respaldado por las direcciones sindicales principales, y pocas expresiones sociales alcanzan a una movilización estatal, aunque esta vez no se dirija a las Cortes como venía siendo costumbre.

Las plataformas de pensionistas han ampliado positivamente el ámbito de sus demandas, y han pasado de defender solo las demandas de los pensionistas a intentar representar las reivindicaciones de todo lo público, en oposición a las privatizaciones de todo tipo; de interesados por las pensiones a interesados por todo lo público, lo cual es en sí mismo un avance. Esto les liberó del señalamiento como grupo de interés corporativo, para avanzar en el terreno de agente del cambio, entendiendo todo el mundo que se trata de cambio político y social. Pero las Plataformas que ampliaron las demandas sociales no avanzaron ni un palmo en su estrategia política. Al respecto hay que señalar que las reivindicaciones que se defiende son justas, pero incompatibles con un régimen corrupto, de clientelismo vertical: un régimen político de partidos y sindicatos financiados por el Estado para ponerlos a su servicio. Hay que entender que los cauces institucionales establecidos no permiten a las plataformas de jubilados y pensionistas la negociación de sus demandas; de una parte, porque el movimiento no es lo suficientemente amplio; y de otra, porque se conforman con presionar a los poderes públicos, sin establecer salidas políticas.

Este impasse entre las demandas sociales y las alternativas políticas ya lo hemos conocido en formas distintas en el 15M, como en la crisis política en Cataluña. El 15M, ¿se debatía entre la presión en las calles por la democratización del régimen o por la ruptura con sus leyes e instituciones? La presión se impuso a la ruptura, y el movimiento fue absorbido por el régimen, que en principio se cuestionaba. Igualmente, en la crisis de Cataluña, quienes gobiernan están sometidos al cuadro político e institucional que en principio rechazaban.

La defensa de todo lo público frente a las privatizaciones puede tratar de convertirse en un nuevo modo de colaboración con las instituciones del régimen, que llevaría al propio movimiento a su bloqueo y desaparición; o convertirlo en un movimiento tendente a impulsar un proceso democrático constituyente por las reivindicaciones sociales y por instituciones políticas que las hagan suyas. La defensa de todo lo público por la democracia no es otra cosa que la República.

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