Espacioindependiente nº 307, jueves 23 de mayo, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Los poderes del Tribunal de la suprema impunidad

Los presos políticos electos deben ser protegidos en su representación y competencias

Estamos en plenas elecciones. En menos de dos meses la población ha sido llamada a las urnas de forma reiterada para elegir diputados, senadores, concejales, diputados autonómicos y eurodiputados. Otros poderes del Estado, que no son elegidos democráticamente por nadie, son sin embargo los que tienen en sus manos el disfrute de los privilegios y de los poderes fundamentales del Estado.

Los resultados de las elecciones del 28 de abril establecieron una triple polarización de la representación política, ampliamente deformada por la ley electoral y por la misma financiación de los diferentes partidos y candidaturas. La izquierda oficial, la derecha oficial y los sectores que se reclaman de la soberanía de los pueblos son los tres bloques fundamentales que constituyen la expresión actualizada de esta polarización política.

 División de la representación política e institucional que viene a condicionar la formación de mayorías en Cortes y Senado, así como la investidura de presidente del Gobierno y la misma formación del gobierno … Y con las instituciones electas y sus condicionantes internos y externos se establecen las políticas a aprobar y ejecutar.

El próximo domingo día 26 se va a cerrar el concurso electoral cuando ya las contradicciones políticas e institucionales se sitúan otra vez en primer plano de la crisis política del régimen. Conflictos de competencias, entre el Jefe del Estado y la Presidencia del Gobierno, se han cruzado en las iniciativas tomadas por la Presidencia del Gobierno a la hora de realizar una ronda limitada de consultas con los principales partidos. Conflictos derivados de los poderes del Tribunal Supremo frente al Gobierno y a las Cortes sobre la exhumación de los restos de Franco y acerca de la situación de los parlamentarios catalanes presos. Son todas ellas cuestiones que se han acumulado con rapidez como elementos conflictivos que se superponen sobre los resultados electorales, y que tratan de anular o limitar sus resultados.

La bronca privada -que todo el mundo pudo ver- del Borbón a P. Sánchez en el funeral de Rubalcaba hacía mención a la oposición de la Jefatura del Estado a las entrevistas realizadas días antes en la Moncloa con los representantes de los partidos. Las relaciones entre la Moncloa y la Zarzuela, que son de sumisión a los poderes de la herencia del dictador, no están, sin embargo, exentas de todo tipo de conflictos institucionales, como magnificaron en esta ocasión los principales medios de prensa para exigir desde el papel escrito el respeto a los privilegios regios.

Sobre el tema de la exhumación, el Gobierno ha venido poniendo fechas a lo largo de diez meses en la etapa anterior; todas ellas incumplidas por la oposición de la familia del dictador, la Iglesia y el Tribunal Supremo, para obstaculizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de El Pardo. El último compromiso del gobierno sobre el asunto hace referencia a la fecha tope del próximo 10 de junio, para cuando el Consejo de Ministros ha comprometido la decisión ya tomada. Compromiso político que, una vez más, depende no del gobierno sino de la decisión al respecto del Tribunal Supremo, que puede volver a detener la exhumación con la toma de nuevas medidas cautelares. El gobierno, que carece de planes serios respecto del futuro del Valle de los Caídos, sin atender a las exigencias democráticas más elementales, tiene comprometida toda su política de Memoria y de víctimas.

El reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno se debe a que ha escogido, de nuevo, la vía administrativa y no la política para sacar los restos del dictador del monumento al crimen. Con ello, el Gobierno trata de evitar, una vez más, la necesaria condena política de Franco y del franquismo como régimen criminal por las Cortes, frente a un tribunal como el Tribunal Supremo que es el tribunal de la suprema impunidad. De este modo, el Gobierno deja una vez más sin resolver las demandas de justicia y democracia de las víctimas del franquismo relativas a las exigencias de aplicación del derecho internacional de Verdad, Justicia y Reparación.

El acontecimiento político de la constitución de las Cortes Generales ha sido el de los presos políticos que han resultado elegidos diputados y senador respectivamente, y que son parte integrante de la mayoría política que forman los representantes de trabajadores y pueblos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que juzga el “procés” que se comunique a las Cortes que estas deben proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y suspender de funciones a los cinco parlamentarios presos que ya han tomado posesión de su escaño.

En respuesta a esta exigencia del Tribunal Supremo, la nueva Presidenta de Cortes ha enviado escrito a la Sala en el que “interesa informe sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. La Presidencia de Cortes cita el artículo 12 del Reglamento del Congreso que “encomienda a esta presidencia la adopción de inmediato de cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”. Lo que se discute en el fondo es quién tiene que aplicar dicha ley contra los electos. El antecedente del Parlamento Catalán es que dicho precepto lo aplicó el juez LLarena, como juez instructor del Tribunal Supremo, cuando este tribunal procesó a los dirigentes del “procés” por la acusación de rebelión. La Presidenta de Cortes le pasa ahora la patata caliente al Tribunal Supremo sobre la suspensión de los diputados en prisión.

Los diputados encausados se encuentran en medio de medidas cruzadas de instituciones que se contradicen, y ante la posibilidad de perder su condición de electos. Y esto dice mucho y malo del sistema judicial y político, cuando es el primero, el sistema judicial heredado de la dictadura, el que trata de superponerse a la voluntad expresada mediante la elección de los representantes populares, sometiendo la independencia de las Cortes y de sus electos.