Las manifestaciones a Cortes deben cargarse de significado reclamando que la mayoría de diputados rompan con el Pacto de Toledo y sus recortes, rechazando los dictados privatizadores de la Unión Europea

¡Subida general de salarios y pensiones, mínimo de 1200 euros!

Las organizaciones convocantes de la manifestación del día 29 reclaman “unas pensiones dignas”, “la retirada de los recortes vigentes”, y “los que están previstos…”, sin hacer referencia expresa a que esos objetivos son contrarios a los actuales planes del Gobierno; planes todos ellos de contrarreforma social del sistema público de pensiones y demás conquistas sociales que, en buena medida, vienen dictados por la Unión Europea.

La urgencia con la que se ha convocado esta movilización estatal viene determinada por el hecho de que, como dice COESPE, “cada día que pasa sin garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes y que no se derogan las reformas laborales y de pensiones, aumenta la precariedad, la desigualdad y la pobreza”.

No es ningún secreto. Desde hace tiempo se viene cuestionando oficialmente la viabilidad del sistema público de pensiones con todo tipo de falsificaciones; subrayándose por los medios que el gasto anual que se destinará aumentará en 135.000 millones, alarmando acerca del aumento del gasto de pensiones sobre el PIB, añadiendo que el déficit de la Seguridad Social debido a las pensiones es ya de 18.000 millones a anuales… Subrayan que el mayor gasto en pensiones, derivado del envejecimiento de la población y el posible aumento de los tipos de interés del dinero, elevaría el gasto de forma que empujaría la deuda pública por encima del 150%del PIB.

El Pacto de Toledo -constituido en el cuarto Gobierno de Felipe González en 1995 y que tiene su antecedente próximo en la contrarreforma de las pensiones del gobierno del PSOE en 2011- vino a agravar los requisitos para el acceso a pensión. El Pacto de Toledo es una Comisión no Permanente de Cortes propuesta por Convergencia i Unió, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial. Los partidos que la conforman -inicialmente para establecer el consenso político sobre la cuestión- fueron PP, PSOE, CIU e IU con la pretendida justificación de “sacar las pensiones del debate nacional para actuar en unidad”. De forma que, desde entonces, el Pacto permite a unos y a otros venir tomando decisiones de consenso que cuestionan el sistema público de pensiones, mediante constantes ataques a los derechos de los pensionistas, para favorecer la privatización mediante su traspaso al negocio bancario. Con todas estas medidas los gobiernos, de uno u otro color político, han trasladado más rentas salariales al gran capital.

Por ello, las consignas del movimiento de pensionistas contra el Pacto de Toledo tienen pleno sentido. Así como es vital llenar de contenido el hecho de dirigir las principales manifestaciones a las Cortes, siendo necesario dar un paso más en esa misma dirección exigiendo a los partidos y a los diputados, que se reclamen de los derechos de los trabajadores y jubilados, y al propio gobierno de coalición, a que rompan con el Pacto de Toledo y sus recomendaciones envenenadas contra los pensionistas. La misma exigencia hay que trasladar a los principales dirigentes sindicales para que no acepten las exigencias oficiales y de los banqueros: que no sean agentes de la privatización de los bancos y aseguradoras.

El pasado 10 de febrero el Parlamento Europeo aprobó las reglas del Fondo Europeo de recuperación, recogiendo las condiciones necesarias e imprescindibles que deben cumplir los países para acceder a las transferencias y préstamos, que en el caso de España se han cifrado en 140.000 millones de euros. Exige que uno de los proyectos para la obtención de los fondos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) -que recoge los dictados económicos de la todo poderosa Comisión Europea- sea recogido de forma obligatoria en los planes nacionales. Haciendo suyas las cuentas de los bancos sobre las pensiones, la Unión Europea vuelve a repetir aquello de que “el sistema público de las pensiones es insostenible”. El presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones -uno de los bancos más interesados en privatizar las pensiones- se ha encargado de nutrir la farsa diciendo que, “si no hacemos nada, nuestro sistema tendrá una creciente insuficiencia financiera y no podrá cumplir las promesas que tiene hechas a las generaciones de trabajadores y pensionistas que siguen depositando sus ahorros y esfuerzos en un sistema público”. Con el cuento de la insostenibilidad, que ha puesto en boga el Pacto de Toledo, los banqueros pretenden hacerse con las finanzas de las pensiones.

El Gobierno de coalición ha respondido al chantaje de la Unión Europea aceptando el nuevo endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada, la revalorización de las pensiones según el IPC (subida miserable para las pensiones mínimas), la cotización de los autónomos por sus ingresos reales y el impulso de las pensiones privadas por los bancos y a través de los convenios de empresa.

La defensa del sistema público de pensiones pasa por garantizar la subida general de salarios y pensiones, exigiendo un mínimo de 1.200 euros para todos, sin distinción de género y condición (las pensiones se pagan con las cotizaciones de los salarios).

 Por todo ello, la defensa del sistema público de pensiones pasa, de un lado, por la derogación de las decisiones tomadas por consenso y recomendación del Pacto de Toledo, que ha cristalizado en las leyes de 2011 y 2013, y en las contrarreformas laborales de 2010 y 2012; y de otro, por rechazar tajantemente el chantaje de la Unión Europea, que pretende poner las pensiones al servicio directo de los banqueros.

La necesidad de unir a la mayoría de los pensionistas en el movimiento reivindicativo, para la defensa del sistema público de pensiones, invita a que se establezcan formas de reagrupamiento unitarias y participativas en todas las localidades, barrios, ciudades y pueblos, en forma de Asambleas libres y democráticas abiertas, con la participación de partidos y sindicatos que se reclaman de los derechos de los trabajadores y la defensa de las pensiones.

La larga lucha por las pensiones está íntimamente ligada a la subida de los salarios y la protección de los parados y precarios, de las personas dependientes, a la defensa de la salud y la educación pública, a la protección de los inquilinos y pequeños propietarios frente a la rapiña de los fondos buitre…   

La mayoría de diputados sobre la que se sostiene el Gobierno, la mayoría que hizo posible la derogación del artículo del Código penal que criminalizaba los piquetes en la huelga, está en condiciones de romper la colaboración con los banqueros que imponen desde la Unión Europea y el Pacto de Toledo la destrucción del sistema público de pensiones.

¡Por la unidad de trabajadores, jubilados, jóvenes y estudiantes!

¡Para que los partidos y sindicatos que se reclamen de los derechos de los trabajadores y pensionistas rompan con los compromisos con la derecha y el capital!

 ¡En lucha por la unidad de los trabajadores y sus organizaciones y colectivos, por el respaldo mayoritario, para defender las conquistas sociales e impedir los recortes sociales y las privatizaciones!

Marea Pensionistas de Madrid