Espacioindependiente nº 402, jueves 15 de abril, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La recuperación pasa por la salud pública

Tiempo de combatir la impunidad oficial

La conmemoración republicana del 14 de abril, animada por las demandas de cambio político y social, se ha realizado bajo los efectos de una cuarta ola de la pandemia, a la que no se opone oficialmente un plan de defensa de la población, sino de anuncios de medidas económicas “ante la crisis del coronavirus”, pretendiendo volver a llenar los bolsillos de los capitalistas a costa del mayor endeudamiento público conocido desde los tiempos de Isabel II.

Del prometido escudo social hemos pasado a la barra libre de dineros para grandes empresarios. El plan de Sánchez, al que ya se le conoce como el “plan del Ibex”, pretende poner en suerte unos 200.000 millones de euros. Y todo depende de las condiciones de contrarreforma que, una vez más, la Unión Europea exige al gobierno Sánchez. Éste anunció en su comparecencia en Cortes que se trata de “la mayor movilización económica y social en nuestra democracia “, en la que los bancos asumen la mitad de un gasto cuya partida de ingresos es aún incierta.

Si algo queda claro, por las medidas excepcionales propuestas, es que estamos en medio de una de las más graves crisis del sistema económico, con el hundimiento de sectores enteros de producción y servicios, que difícilmente se podrán recomponer cuando más aguda se hace la recesión internacional.

La guerra de las vacunas y las corruptelas que la rodean están empeorando de por sí las condiciones de la pandemia, sin que se tenga un plan de superación, más allá de pretender convivir con la peste del coronavirus por tiempo indefinido, vaciando la caja del Estado para sostener empresas y bancos deficitarios. El desconcierto político de las medidas del gobierno es mayúsculo. De hecho, la coalición que lo constituyó se ha hundido, con más pena que gloria, aunque se mantiene formalmente a la espera de los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Éstas podrían constituir el preámbulo de unas elecciones generales, si sus resultados desvelan la incompetencia gubernamental, que alimenta las decisiones de las derechas tramontanas para justificar con ello su propia existencia.

El sistema sanitario madrileño está muy malherido por las políticas de ajuste y privatización ejecutadas por unos y otros. La economía de la caña, de bares, terrazas y fiestas clandestinas para turistas extranjeros, promovida por la señora Díaz Ayuso, se ha superpuesto, oponiéndola en todo momento a la salud pública y al derecho al trabajo seguro. Y ello con la complicidad del gobierno central que ha creído poder sacar réditos políticos-electorales de las barbaridades puestas en boga por el sector más “trumpista” del PP, que viene dirigiendo la Comunidad de Madrid desde hace 25 años.

Es imposible hablar de un verdadero plan de recuperación que no contemple en primer término el salvamento del sistema sanitario madrileño, dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios para proteger eficazmente a la población. Y eso pasa en estos días por contar con las vacunas que se precisen para ejecutar un plan urgente que no deje fuera a la mayoría de la población durante meses y meses. Unido lo anterior a la recuperación sanitaria: reforzamiento de la atención primaria, reapertura de todos los centros de urgencias y consultorios, dotándoles de los medios y personal necesario. Y eso exige un presupuesto sanitario extraordinario.

 Esa sería sin duda la mejor inversión que se puede y debe hacer urgentemente, si es que se quiere poner freno a la pandemia y a sus efectos Inversión que no está en los planes del gobierno autonómico de Madrid, como tampoco del gobierno de Sánchez.  ¡Sin las inversiones necesarias para la defensa de la salud pública no hay plan de recuperación que merezca tal nombre!

 El ayuntamiento de Madrid forma también parte de los planes “trumpistas” del PP, empeñado en desproteger a la población más afectada por la crisis y en criminalizar, en particular, a las víctimas del franquismo y a sus familiares. Entre sus últimos despropósitos al respecto, cabe destacar la destrucción del Memorial del cementerio del Este, así como el desmantelamiento y/o vandalización de los monumentos dedicados a los dirigentes socialistas, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Trata de impedir lo que ya existe en numerosas localidades de todos los territorios, es decir, el muy parcial reconocimiento de la Memoria Histórica reciente. Reconocimiento que los “peperos” tratan de prohibir en Madrid, porque para ellos la Villa del pueblo de Madrid es solo la ciudad oficial de la Corte y los banqueros.

Estas agresiones contra la Memoria Histórica y Democrática coinciden con la próxima presentación, por parte del Gobierno de coalición, de su anteproyecto de ley sobre la Memoria Democrática, que es una nueva versión -pretendidamente “progresista”- de la doctrina oficial de la impunidad de los crímenes del franquismo. Por ello, es el momento político en que es preciso ayudar a que del seno de nuestra sociedad surjan las voces silenciadas durante tanto tiempo, reclamando un giro político democrático: manifestando, sin ambigüedad alguna, que no queremos una Memoria formalmente oficial, vacía de verdad y de justicia, que exigimos acabar con la impunidad, la condena del franquismo como régimen ilegal y que, en consecuencia, se establezca la ilegalidad de las leyes y condenas del franquismo criminal. Tres millones de víctimas así lo exigen.

Por ello, en los próximos días y semanas hay que exigir que acabe el imperio de la “democracia orgánica”, de la impunidad de los que reinan sobre los crímenes cometidos en las tapias y cunetas de nuestra geografía, de todos los privilegios que dejó el poder político y económico de la dictadura, hoy encarnado en la monarquía. Esto implica deshacer el “atado y bien atado” que impide la justicia para con tres millones de víctimas. Atado que pervive en forma de impunidad, de los privilegios de Estado a todo precio. Recordemos que la agonía del franquismo coincidió con la desaparición física del dictador, y ello obligó a los herederos del dictador a la búsqueda de los apoyos necesarios para prolongar sus privilegios y ocultar sus crímenes. El régimen se heredó a sí mismo, asociando a su defensa a los opositores políticos: la conocida como reforma del régimen, que incorporó a la administración del Estado a quienes querían de forma subsidiaria colaborar con el poder y, por tanto, con el clientelismo, la represión y la corrupción. Así surgió un régimen, el de la Constitución del 78, puesto a los pies de los Borbones, y de los grandes empresarios y banqueros, nacionales e internacionales, como un régimen continuista con el de la “democracia orgánica” del franquismo.

 La impunidad es incompatible con la libertad y la democracia. La “ley de Memoria” del Gobierno debe, por todo ello, ser desechada, estableciéndose un proyecto de nuevo cuño basado en la aplicación de los principios de la justicia internacional.

ESPACIO INDEPENDIENTE - COLECTIVO AFILIADO AL PSLF