Espacioindependiente nº 364, jueves 9 de julio, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La polarización social y política de un “país quebrado”:

Miseria social de una parte, miles de millones en paraísos fiscales de otra

En 2020 “sigue habiendo situaciones de gran pobreza muy extendidas” en España. Así se dice en informe realizado por el relator de la ONU para la pobreza, Philip Alston, quien explica que la situación de pobreza en medio de la riqueza más insultante, supone una “alta tasa de desempleo, una situación de desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de enormes proporciones y programas de protección social muy insuficientes”. El informe se remonta a la crisis de 2008, afirmando que la recuperación económica experimentada en España tras la crisis de 2008 ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad, aumentando las desigualdades; por lo que en gran medida “los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza”. Subraya Alston en su informe que resulta más que evidente que el sistema social en España “está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”.

Su diagnóstico no ofrece dudas: “existen profundos problemas estructurales en España”. La descripción de la pobreza encontrada en los barrios obreros le hace decir: “He visto barrios en España en peor situación que campos de refugiados”.

Entre las medidas urgentes que se propone, y que deben afrontar los poderes políticos, están según el informante: “Regular los precios de los alquileres en las grandes ciudades. No se puede dejar en manos del mercado exclusivamente la función de garantizar una vivienda digna” …/… “hacer extensible la normativa catalana para impedir cortes de luz “…/… Asegura que “no se puede tratar a los inmigrantes como si no existieran” …/… Subraya también el hecho de que “no puede ser que haya escuelas de niños ricos y escuelas de pobres” …

El gobierno, que parece hacer oídos sordos al informe de la pobreza en España, aparece mucho más preocupado por tapar los escándalos instalados desde hace tiempo en la misma Jefatura de Estado, como quien quisiera tapar el sol con un dedo, y el mismo presidente del Gobierno vino a decir sobre el caso de los negocios ilegales de Juan Carlos: “Son informaciones inquietantes que nos perturban a todos”. ¿Por qué, si son tan “inquietantes”, niega la petición de los partidos republicanos relativa a la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en sede parlamentaria? 

Pero es el gobierno y quienes sostienen sus políticas quienes siguen impidiendo que las Cortes investiguen en sede parlamentaria y frenando la misma investigación judicial atendiendo a la razón política de Estado y a los exclusivos intereses de los Borbones, que son razones de auténtico Perogrullo. Mucho más, cuando su abandono de la Jefatura de Gobierno en beneficio de uno de sus hijos después de aquello de “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, todo ha vuelto a ocurrir y a conocerse en todas partes menos en los medios españoles que aún lo silencian, deteriorándose las mordazas impuestas durante decenas de años sobre la figura de la Jefatura del Estado, pero manteniendo con absoluta impunidad todo tipo de privilegios antidemocráticos.

Y ha sido gracias y a través de las acciones judiciales emprendidas fuera de nuestras fronteras judiciales y políticas -por manejo ilegal de cientos de millones de euros en paraísos fiscales- como los pueblos de España han comenzado a conocer los miles de millones evadidos en paraísos fiscales de los que gozan los herederos de Franco. El argumento político-constitucional de la inviolabilidad no es sino una disposición de origen dictatorial, y se aplica indebidamente aún después de haber sido abandonado el poder.

En el juicio que se sigue por la propiedad del Pazo de Meirás los investigadores aseguraron que el dictador no abonó de su bolsillo un solo gasto derivado de la propiedad del mismo. Llegándose a la conclusión que “con Franco, lo público y lo privado era difuso o inexistente”. Exactamente lo mismo ha sucedido con Juan Carlos de Borbón y ahora con su hijo Felipe. Y es llegando a este punto como el gobierno insulta la inteligencia de la población, afirmando aquello que ya decía el Emérito de que “todos somos iguales ante la ley” (¿?).

La operación gubernamental de lavado de la monarquía (“la propia Casa Real está marcando distancias” dice Sánchez), trata de separar la institución entre el reinado del padre y la del hijo de forma artificial, y corre por cuenta de los ministros “progresistas” afirmaciones del tipo “que las instituciones nacidas de la Constitución de 1978 y que rigen en el Estado Social y democrático de derecho, están por encima de las personas que en un momento determinado pueden encarnarlas”. Instituciones que por contra son inseparables de las personas que las regentan y que disponen de plenos poderes. La ministra Montero, portavoz del gobierno, riza el rizo de que “somos iguales ante la ley” para obviar que los actos del Rey estarán siempre refrendados por el gobierno ¿Quién o quiénes en el gobierno refrendan los actos de enriquecimiento masivo de la Jefatura del Estado?

El abuso de poder del que se ha hecho uso para acumular y ocultar la inmensa riqueza que se supone detentan los Borbones -escondido en su mayoría en paraísos fiscales- y del que se hace ostentación para mantener la impunidad, es una figura muy poco desarrollada por la legislación española. Aparecen en el Código Penal, pero no en la Constitución, como el “aprovechamiento de las ventajas que le da el cargo para cometer los delitos”. Abuso de poder, que es abuso de la máxima autoridad, de quien goza de posición dominante, con el agravante de total superioridad; que conlleva delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, corrupción y malversación de fondos públicos …

El gobierno de Sánchez debe dejar de esconder al Emérito en la Zarzuela, y/o dejar de programar su exilio dorado en República Dominicana, para hacer frente a la situación de la misma manera que se hizo con el gobierno corrupto de Rajoy.

Todas las responsabilidades políticas y judiciales de la Jefatura de Estado deben ser establecida. Sin ello, no se podrá depurar las instituciones del régimen de despotismo y corrupción. Y los partidos clientelares, que han colaborado durante decenas de años en el saqueo del país, deben ser investigados como cómplices necesarios de la quiebra política y económica que sufrimos.

La pobreza generalizada, las colas del hambre y del paro, los desahucios masivos …, deben acabar mediante el establecimiento de un gobierno democrático y republicano de la mayoría de diputados y senadores elegidos por los pueblos, con una Constitución que responda a las demandas y necesidades sociales y políticas de la población.

NR: ESPACIO INDEPENDIENTE es el blog de un colectivo afiliado al PSLF

Viva la Repùblica y reparto de la riqueza y del dinero fruto de corrupción de la monarquía