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La memoria vaciada

La memoria vaciada

La nueva Ley de la Memoria juega con la ilegitimidad de los crímenes del franquismo para mantener su legalidad

En septiembre de 2009, hace ahora más de once años, el Ayuntamiento de Ferrol, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica (52/2007), aprobó por mayoría absoluta una moción instando a los poderes públicos, en particular al Ministerio de Defensa, para que procediese a la retirada de las calles del Arsenal de la Armada los símbolos referidos a la guerra civil, a la represión y a la dictadura. Los altos jefes militares contestaron en 2012, tres años después, diciendo que ya “se identificaron, acometieron y finalizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento en este Arsenal a lo dispuesto en la citada norma. El proceso se llevó a cabo, al igual que en el resto de unidades de la Armada, bajo la coordinación de la Comisión Ministerial constituida al efecto”.

En el año 2019 se comprobó que todos los símbolos franquistas, que hacen alusión a franquistas sublevados, siguen en su mismo sitio. Símbolos, todos ellos, que ensalzan a miembros de la Marina de Guerra que se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República en julio de 1936, y que cometieron delito de rebelión contra el Estado, faltando a su juramento de lealtad republicana.   Fueron responsables de la feroz e ilegal represión que llenó las cárceles y los cementerios de la ciudad de Ferrol de militares y civiles. Entre los nombres de los militares, que siguen señalando las calles del Arsenal de Ferrol, se encuentran Francisco Moreno (Marqués de Alborán) y su hermano Salvador, que formaron parte de los 35 altos cargos del franquismo que fueron imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por el Juez Baltasar Garzón, por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra y revolución española. Proceso que fue declarado ilegal por el Consejo General del Poder Judicial, en base a la Ley de Amnistía de 1977, y que sirvió de base política y de consenso para el acuerdo constitucional de1978.

 Lo que está sucediendo en Ferrol con la Memoria Histórica nos trae a la memoria el contenido, absolutamente incumplido por el Estado, del art. 15 de dicha ley: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Vale, por tanto, decir y entender que, cuando se habla de Memoria Histórica por los organismos oficiales del Estado, se hace con el absoluto conocimiento de que se trata de una memoria vaciada, vacía de contenido real y derechos reales; y que parte de la negación del mismo reconocimiento jurídico de las víctimas.

No menos interesante es, para entender el vaciado oficial de la Memoria Histórica y Democrática, el punto en el que se encuentra la querella interpuesta por miles de víctimas del franquismo, o por sus familiares, en el Juzgado de lo criminal de Buenos Aires, conocida como “Querella argentina”.

El 14 de abril de 2010 se inició la querella, a diez mil kilómetros de España, y ello por la negativa de los jueces españoles y de la casta política del consenso con los franquistas a entender y proteger a los millones de víctimas de los crímenes franquistas. Los gobiernos españoles, tanto los del PP como los del PSOE, no han hecho sino obstaculizar por todos los medios a su alcance, que son muchos, cada uno de los pasos dados por el juzgado argentino constituido en juzgado universal. Esgrimen en todo momento la vigencia de la ley de amnistía de 1977, como ley de impunidad y punto y final, que tanto los partidos de derechas como los de izquierda se niegan a derogar. Impiden así la efectividad de los exhortos, órdenes de detención y extradición llevados por el juzgado contra 23 altos cargos franquistas imputados por crímenes contra la humanidad, entre los que se encuentran ministros, policías y guardias civiles, jefes militares, jueces y fiscales.

La juez Servini tenía previsto interrogar el próximo mes de marzo en Madrid al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa, imputado por crímenes policiales que, en el caso de los crímenes de los trabajadores de Vitoria-Gasteiz, ordenaba a la policía a través de la emisora policial: “Disparad con todas vuestras energías. No os importe matar” … Y, una vez más, el Ministerio de Justicia -ahora con el gobierno de “coalición” en la Moncloa- acaba de anular el próximo interrogatorio de Martín Villa, para exigir la puesta en marcha por el juzgado argentino de un exhorto internacional. Un nuevo aplazamiento con el que no trata sino de vaciar la memoria de víctimas y la exigencia de justicia, para dejarla reducida a un formalismo sin sentido, como el que resulta de la Proposición de nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática, presentada a las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista.

Esta Ley pretende la búsqueda de desaparecidos, pero manteniendo la impunidad; o la creación de una Banco Nacional de ADN de familiares de víctimas para no hacer justicia a las víctimas. Habla de hacer un censo nacional de víctimas, de las personas que sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, personas represaliadas por su condición sexual, de género, de las que sufrieron tortura en los campos de concentración, guerrilleros, niñas y niños sustraídos …, a mero título informativo sin más. Propone otras medidas, como “Lugares de Memoria”, medidas en materia de educación y género, “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas”, … que huyen, todas ellas, de reconocer a las víctimas como víctimas y, por tanto, como sujetos de derecho.

En cuanto a la supuesta “Declaración de nulidad” que se propone, relativa a la modificación de la Ley 52/2007, ha dado lugar a falsas noticias de prensa, según las cuales el grupo Socialista proponía la declaración de nulidad de los juicios franquistas. Nada más lejos de la verdad. Como se sabe, la ley de Memoria de Zapatero declaraba la ilegitimidad de las leyes franquistas, lo que implicaba, sin embargo, su legalidad. Ahora, de nuevo, se sigue jugando con la misma expresión: declarando en la nueva ley “la ilegitimidad y nulidad de los órganos penales y administrativos”, así como la “ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”. Una vez más para mantener la impunidad de los crímenes del franquismo se vuelve a vender humo con la Memoria.

Dicha declaración de nulidad, de falta de legitimidad, no anula las sentencias, ni sus consecuencias de todo tipo. Lo que anula -solo y simplemente- es su legitimidad, que no su legalidad; por lo que, de aprobarse la nueva ley, los crímenes del franquismo, como crímenes contra la humanidad, una vez más, y después de 43 años, seguirán siendo legales en España.

ESPACIO INDEPENDIENTE

  • Feb. 14, 2020, 6:49 p.m.

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