Partido Socialista Libre Federación

En defensa política de Alberto Rodríguez exdiputado de Podemos

Espacioindependiente nº 430, jueves 28 de octubre, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

 

Frente a la corrupción política y judicial

En defensa política de Alberto Rodríguez exdiputado de Podemos

 

El que fuera diputado de Podemos por Canarias, Alberto Rodríguez, ha sido condenado por supuesta agresión a un policía en una manifestación del año 2014. Los videos sobre el incidente demuestran que dicha agresión nunca existió.

 La aplicación de la “ley mordaza”, para la que basta el testimonio del acusador sin más pruebas (si este es funcionario), permite la condena. Ley contra los derechos democráticos que el Gobierno de coalición se comprometió a derogar nada más constituirse. Pero, igual que ha sucedido con otras leyes -y en concreto con las de contrarreforma social-, todas ellas siguen vigentes.

El Tribunal Supremo condena a Alberto a una pena de 45 días de cárcel sustituibles con una multa. La sentencia no le condena a pena alguna de inhabilitación para cargo público. La sentencia llega con celeridad a la mesa del Congreso, y los letrados de la Cámara entienden que la pena ya está cumplida con el pago de la multa, y que no procede en derecho, de acuerdo con la sentencia, la pérdida del escaño por el diputado. El Supremo insiste ante la mesa del Congreso exigiendo el cumplimiento de la condena y su presidenta, la “socialista” Meritxell Batet, pide aclaraciones a la Sala Segunda del tribunal, lo que en sí mismo es improcedente, ya que la sentencia ya estaba dictada y no se podía desconocer por nadie su contenido real. El Supremo contesta de nuevo, sin mayor aclaración, exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia, procediendo entonces la presidenta de la Cámara, de forma caciquil y antidemocrática, a la inmediata expulsión del diputado Alberto Rodríguez.

Los hechos relatados son contundentes, y ponen de manifiesto la podredumbre del sistema político y judicial de la llamada “democracia española”, poniendo de relieve que las cloacas del Estado se han impuesto una vez más, inundándolo todo para establecer un Estado cloaca. Descubre de este modo las graves deficiencias democráticas, por sometimiento a los poderes fácticos, de los mismos partidos y sindicatos que se reclaman de los derechos y aspiraciones de los trabajadores.

Las reacciones a la cacicada antidemocrática de la presidenta de Cortes han sido múltiples. El partido afectado directamente, Podemos, anuncia una querella contra la presidenta del Congreso, Batet; lo que se comunica mediante nota de prensa: “Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación”. Querella que nunca se presentó por desacuerdo entre los ministros de Unidas Podemos, y entonces Podemos se envainó directamente la querella. Yolanda Rodríguez, fue señalada, entonces, como artífice principal de la oposición a la defensa del diputado canario. La ministra estrella de la colaboración de clases trató de dar carpetazo al asunto: “debemos bajar la tensión en el país. Si el Sr. Rodríguez ya ha decidido que va a defenderse, respetémoslo y dejemos de generar más ruido”. Mientras que la ministra, Ione Belarra, vino a llamar prevaricador al Tribunal Supremo, entendiendo que ha llegado la hora de oponerse de alguna manera a la deriva a la que les lleva el fiel cumplimiento del dictado político y jurídico de los personajes más vinculados al régimen. 

 Asistimos, de esta manera, a dos formas diametralmente opuestas de entender los acontecimientos, que no podrán convivir mucho tiempo en las misma coalición política  y en el mismo Gobierno. El “yolandismo” (puesto en boga por los medios de comunicación política) comienza a descubrir sus armas, que hasta ahora eran las del pacto social permanente contra los derechos de los trabajadores y de los sindicatos; pero que, con el caso del exdiputado, Alberto Rodríguez, pone de relieve que la posición política más en general de la ministra de Trabajo está vinculada a la normalización de los golpes antidemocráticos del régimen contra la voluntad popular. O lo que es lo mismo: ¡todo por un sillón en el Consejo de Ministros!

De forma y manera que, por el interés de mantenerse a todo precio en el gobierno, se abandona la defensa colectiva del diputado expulsado de forma ilegal del Congreso. Alberto Rodríguez, se ve solo ante una decisión contraria a derecho y a la democracia más elemental. Es entonces cuando toma dos decisiones: la primera, proceder en su nombre y derecho a su legítima defensa, cambiando para ello los abogados de Podemos que le representaban por los que defienden a Puigdemont; y anunciando, paso seguido, su separación de Podemos como militante. Al final, Alberto Rodríguez, decide recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, renunciando a una posible querella contra la presidenta de las Cortes. La Asociación contra la corrupción en favor de la acción pública (ACODAP), en su recurso contra la expulsión de Rodríguez del Congreso, reclama la detención inmediata del juez Marchena del Tribunal Supremo.

La división del Gobierno y de los partidos que lo sostienen solo viene a favorecer al régimen y a su impune continuidad en el poder para disfrute indefinido de todos sus privilegios. Cuando se pisotea tan claramente la voluntad popular, sin ningún tipo de resistencia organizada, solo pueden ganar las expresiones más reaccionarias de la sociedad, abriendo camino a la posible mayoría del PP y Vox, que esperan el fracaso del gobierno y sus políticas.

El caos político del gobierno de coalición y de los partidos que lo componen tiene un origen evidente; y éste es el que produce la sumisión directa, que practican y teorizan, respecto a los poderes de hecho de las instituciones del régimen de la monarquía. Mientras, en las calles, los defensores del derecho a la vivienda, los que tratan de impedir la privatización de las pensiones, los sectores que reclaman verdad, justicia y reparación contra los crímenes del franquismo y muchos otros se ven abandonados a su suerte por los dirigentes de los sindicatos y partidos que se reclaman de los derechos de los trabajadores. La búsqueda desesperada de una salida política a la situación es un hecho incontrovertible. Esta salida política imprescindible es la que puede y debe reagrupar a la mayoría, una salida política e institucional que será colectiva o no será, ya que ningún movimiento por sí mismo será capaz de romper el muro de los privilegios que impiden la democracia y la justicia, manteniéndose, por ello, la descomposición del franquismo a partir de las políticas de pacto y colaboración.

 Las reivindicaciones en juego exigen la ruptura con los dictados de la Unión Europea y con las instituciones del régimen; y no el vasallaje sobre el que se sitúa la actuación del Gobierno. Frente a la división que conlleva la sumisión a los poderes de hecho, reclamamos la unidad de los trabajadores y sus organizaciones, la alianza de trabajadores y pueblos por la conquista de la soberanía de todos.

La defensa política de Alberto Rodríguez, del diputado canario expulsado ilegalmente de las Cortes por decisión de la presidenta de la Cámara, que pasa por exigir en primer término la recuperación  inmediata de sus escaño, debe vincularse al bloque de demandas sociales y democráticas que aspiran al cambio político e institucional, y cuyo eje político es el de la ruptura con el régimen de la monarquía, demandando a las Cortes referéndum Monarquía/República, por el libre ejercicio del derecho a decidir de todos.

  • Oct. 28, 2021, 1:41 p.m.