Espacioindependiente nº 309, jueves 6 de junio, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

El Tribunal practica lo de “la justicia al revés”

 Revertir la Causa General contra la democracia y el cambio político

El protagonismo del Tribunal Supremo en la política española se ha puesto de manifiesto en los principales problemas políticos no resueltos. Y nos ha traído decisiones escandalosas encadenadas, que nada tienen que ver con la justicia y mucho con la política de un régimen en descomposición.

Esta judialización general de la política expresa el más profundo deterioro de las relaciones institucionales del conjunto del Estado, tratando de impedir el desarrollo independiente de la sociedad civil.

Los hechos son relevantes: de una parte, el TS ha decidido volver a paralizar la exhumación del dictador, acordada por cuarta vez consecutiva por el Gobierno y aprobada dos veces consecutivas (en poco tiempo) por las Cortes. También hemos conocido cómo las mesas de las Cámaras, recientemente elegidas, se someten a la exigencia de ese Tribunal para que se suspenda a los diputados y senadores elegidos; lo que implica un verdadero fraude de ley, ya que se ejecuta sin suplicatorio y sin decisión de las mismas Cámaras. Ahora, el mismo Tribunal es el que trata de impedir que quienes han sido elegidos eurodiputados, entre los republicanos catalanes, puedan recoger su acta.

No para aquí la intromisión política del Tribunal Supremo. En el juicio donde se criminaliza el proceso político constituyente catalán, los fiscales han establecido en su informe final que en el proceso soberanista hubo “violencia física” e “intimidatoria” para dar “un golpe de Estado”. En cambio, los abogados del Estado no ven la existencia de delito de “rebelión”, al no existir a su entender ninguna violencia, y por ello basan su acusación en el supuesto delito de “sedición” que tampoco son capaces de explicar. La Abogacía del Estado se mueve a través de los hilos del Gobierno de P. Sánchez, que vacila entre la represión y la negociación política, contribuyendo a no resolver la situación general de bloqueo político e institucional.  

Todo ello conforma un laberinto de decisiones políticas de carácter dictatorial, que no pueden sino acumular los elementos de una nueva crisis. Una crisis al más alto nivel de las instituciones del Estado, que se manifestará a la hora de la investidura y formación de gobierno y de la gobernabilidad en general.

Existe una estrecha relación entre esas decisiones del Tribunal Supremo y la política de tierra quemada del franquismo: la negativa a la exhumación de Franco se justifica por el Tribunal por tratarse de quien fue Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese es, sin duda, el principio de legalidad del franquismo, que se extendió en la guerra y en la dictadura para ejecutar todo tipo de crímenes contra la humanidad como han expresado los organismos internacionales de derechos humanos y la ONU. Fundamento político del régimen, que el tribunal recita, a sabiendas de que solo era una Junta de militares golpistas, respaldados por Hitler, Mussolini y el Vaticano, carentes de toda legalidad democrática. También se oculta la verdad: que los generales que eligen tal “Jefe de Gobierno” comprueban cómo al día siguiente el nombrado se convierte por decisión personal, y en fraude de ley, en supuesto “Jefe del Estado”, ante la sorpresa mayúscula de los mismos militares que lo eligen.

Ese pretendido principio de legalidad del franquismo se camufla ahora en forma de interés público, haciendo pasar los intereses de la familia Franco por un sucedáneo de interés público superior al del Consejo de ministros y superior a las decisiones de las mismas Cortes Generales.

Cuarenta y tres años después de la muerte del aliado de Hitler y Mussolini, la Iglesia pretende mantener a su cargo, financiado por el Estado, el monumento al crimen -que no es otra cosa el Valle de los Caídos- para así inmortalizar la victoria fascista en la guerra. Y es el Tribunal Supremo quien adopta ese punto de vista político-histórico -que es del fascismo español-, y se propone condenar a los dirigentes republicanos catalanes acusándoles de ser autores de un supuesto “golpe de Estado”, por el hecho de haber sacado las urnas para organizar una consulta popular. 

El gobierno de P. Sánchez no puede eludir sus responsabilidades políticas a la hora de examinar el porqué de sus fallidos intentos de exhumar al dictador, en tanto no toma las medidas necesarias e imprescindibles para que dicha decisión sea posible. Se esconde detrás de las políticas que dicta el Tribunal Supremo, tanto a él como a sus ministros, con decisiones que lo dejan reiteradamente en el más absoluto ridículo, en tanto no quiere tomar los acuerdos políticos necesarios, que pasan por derogar las leyes de Amnistía y de la Memoria, que son las claves de la impunidad franquista de ochenta y un años. Si tuviera voluntad política, debería proceder, con la mayoría de que dispone para ello, a la aprobación en Cortes de una ley que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca a las víctimas en sus derechos irrenunciables.

Sabido es que la represión franquista, durante la Guerra y la Dictadura, supuso el uso generalizado del terror y la violencia que conllevó una enorme matanza y dejó el país convertido en un inmenso campo de concentración, en una cárcel donde el hambre y la miseria se extendió por todas partes. Hasta los altos jefes nazis, enviados por Hitler a España en apoyo de Franco, no tuvieron por menos que declarar a la prensa que la guerra de los generales de Franco contra la población se había convertido en un inmenso charco de sangre. Su cuñadísimo, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores y Jefe del partido único, Serrano Suñer, llegó a calificar la justicia de los militares golpistas cómo el de “la justicia al revés”, expresión que procede de la Biblia y que hace referencia a lo que supone juzgar y castigar a los justos. Los militares facciosos condenaban desde sus tribunales a los leales a la República “por rebelión”, y quienes se llamaban los “nacionales” firmaban sus sentencias en nombre del “Ejército de ocupación”.

El franquismo judicial se constituyó e institucionalizó sobre la Causa General, utilizando al Ministerio Fiscal durante treinta años para legitimar la contrarrevolución e instrumentalizar la sistemática represión contra la población.

La judialización de la vida política a la que nos vemos sometidos -y que viene impuesta a través del Tribunal Supremo para proteger el régimen clientelar de la monarquía- se constituye en una nueva Causa General contra la democracia y el cambio social. La mayoría formada por los representantes en Cortes de trabajadores y pueblos tienen la posibilidad de revertir la situación de la nueva Causa General impuesta, y avanzar en la lucha por la democracia y la soberanía popular.