Espacioindependiente nº 344, jueves 6 de febrero, 2020

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El reino de la impunidad ¿Para cuándo la nulidad de las leyes de impunidad?

 La reciente apertura en Cortes de una nueva legislatura -que coincide con las primeras decisiones del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE- nos traslada mediante la propaganda oficial a un país de cuento, de reyes buenos e infantas aladas, con el montaje de un escenario tramposo que promete inmensos presagios de progreso.

Las ilusiones de cuento duraron poco, cuando corrió como la pólvora que Podemos había votado en contra de hacer pública la hoja de servicios del policía torturador González Pacheco (“Billy El Niño”), justificando su voto en contra con el argumento de que “no sería legal descalificar secretos oficiales”; para, a las pocas horas, pasar a decir los portavoces de Unidas Podemos, -en contra del primer argumento- que se trataba de “un error”. La impunidad no es un error. Los crímenes contra la humanidad cometidos por los franquistas durante la guerra, la dictadura y la Transición…, no son un error, sino un horror. La impunidad tiene su propia historia. La ley de Amnistía que estableció la impunidad de los crímenes franquistas contra la humanidad entró en vigor el 17 de octubre de 1977, de forma tramposa. De manera que una ley tendente, en principio, a amnistiar a los presos de la oposición a la dictadura, se convierte en el amparo de todos los delitos cometidos por los fascistas y su Estado desde el alzamiento nacional del 18 de julio de 1936. La doctrina del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Amnistía es la de la total impunidad, es decir, de una impunidad del ciento por ciento, lo que permite a los jueces que se archiven las denuncias, sin que siquiera se investiguen los hechos. La ley de Amnistía acabó amnistiando a los verdugos.

Esa ley, aprobada en las primeras Cortes constituidas a la muerte de Franco, hace ya cuarenta y tres años, se resume en que “quedan amnistiados los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas “. La ley fue aplaudida largamente desde los sillones de las Cortes, y se celebró por los dirigentes de la oposición, aludiendo al gran paso dado “en esa vía de libertad, de paz y de progreso”. De la Cuadra Salcedo - cronista parlamentario de la época- escribiría al respecto: “Un aplauso largo, vibrante e intenso saludó ayer en el hemiciclo del Congreso de Diputados la aprobación de la ley de Amnistía, que, aunque con algunas limitaciones, coloca una piedra definitiva para la reconciliación entre vencedores y vencidos de la guerra y la posguerra española”. La ocultación oficial de los crímenes franquistas -con la activa participación de la oposición a la UCD- se convertiría en base y sustento del proyecto constitucional, que sería aprobado dos años más tarde, enterrando los dirigentes de la izquierda todo proyecto de cambio político democrático y republicano.

Los relatores de la ONU han insistido en demandar al Estado español que acabe con el mayor obstáculo interpuesto a la Verdad, Justicia y Reparación de los crímenes de lesa humanidad en España, que se concentran en la ley de Amnistía. Señalan que la doctrina de la Amnistía es incompatible con los compromisos internacionales suscritos por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de la aprobación de esa ley. Y añaden a lo dicho que los jueces deben investigar los crímenes que se denuncian, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir”. Los crímenes de lesa humanidad son delitos tipificados por la Corte Penal Internacional como aquellos que “por sus características y naturaleza ofenden y agravian a la humanidad en su conjunto”, y que son “parte de un plan o política preconcebida”. Dichos delitos, los más graves que se pueden cometer, son imprescriptibles, es decir, que no hay un plazo de tiempo para que sean perseguidos; y además no solo se puede juzgar a los autores materiales de los crímenes, sino a todos los responsables de la cadena de mando, incluso a los que permitieron la impunidad. Por todo ello, la lucha contra la impunidad es el centro de todas las políticas sobre víctimas y Memoria Histórica. De forma que si se mantiene la impunidad, como vienen haciendo en España todos los gobiernos sean del color que sean, se invalida con ello todo el derecho internacional y, por añadido, el de toda persona a no ser sometida a tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La impunidad de Estado como política oficial se ha extendido a lo largo del tiempo a las leyes de orden público, que facilitan los malos tratos, las torturas y los regímenes de incomunicación policial. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente la legislación represiva en España, expresada en la Ley de Orden Público (Ley Mordaza), y en la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España seis veces en los últimos años, por no haber llevado a cabo investigaciones adecuadas ante denuncias de torturas y por falta de garantías de las personas detenidas.

Tomando como punto inamovible la impunidad establecida por la ley de Amnistía y por la misma doctrina del Tribunal Supremo, los múltiples proyectos de “Ley de Memoria Histórica”, presentados por los dirigentes del PSOE en el gobierno, tratan de prolongar sine die las políticas de impunidad. Para ello cuentan con los compromisos establecidos con Unidas Podemos, a la hora del acuerdo sobre el programa de gobierno, dado que los planes del PSOE sobre la monarquía, la Unión Europea, la OTAN…, se han convertido en políticas conjuntas del gobierno de “progreso”. En ese sentido, se anuncia una “nueva Ley de Memoria”, que extienda lo experimentado en Andalucía -y otras regiones- en el pasado mandato de Susana Díaz, que se resume en establecer las exhumaciones de los republicanos asesinados como políticas públicas. Ya que, hasta hoy en día, las de los asesinados antifranquistas son financiadas de forma privada, mientras que las de los personajes del régimen se sobrefinancian con fondos públicos, como ha sucedido recientemente con la exhumación-inhumación del mismo dictador. Con la financiación de la exhumación de los asesinados en las cunetas, manteniendo la vigencia de las leyes de impunidad, se consumaría toda una política de levantamiento de pruebas de miles de delitos contra la humanidad.

La nueva ley habla también de una solución para el Valle de los Caídos, y de la prohibición de la apología del franquismo y del fascismo, así como de la nulidad de todos los juicios del franquismo. Dicha nulidad, que en su día fue retirada de la Ley de la Memoria de Zapatero por recomendación del Consejo de Estado, constituye una decisión incompatible con la “seguridad jurídica del régimen”. Todo lo dicho abunda en que toda política de víctimas y de Memoria, que quiera reclamarse democrática y acorde con el derecho internacional, debe romper con las leyes de impunidad. Después de 43 años de ley de Amnistía, ni una sola víctima de los millones de víctimas del franquismo ha logrado que se haga justicia. Por lo que todo indica la necesidad de establecer una coalición de fuerzas que acabe con el reino de la impunidad.