Corrupción por abuso de poder

El poder de los Borbones o/y la razón política

Sospechas muy fundadas no han dejado de expresarse durante casi cuarenta años sobre el enriquecimiento ilícito del Jefe de Estado, puesto en el poder por decisión de Franco, y sostenido en tal posición de privilegio por los consensos de la casta política y clientelar del régimen del 78. Coincidiendo con la crisis del coronavirus, el actual titular de dicho poder, ante las demandas judiciales que se siguen en otros países contra posibles casos de corrupción política que le afectan en persona, tomó la decisión de renunciar a la herencia paterna, poniendo sobre la mesa la cuestión política y jurídica del papel de dicha institución en el sistema político español.

Las Cortes Generales y el sistema judicial se sintieron en la necesidad de dar respuesta a dichos movimientos de la Casa Real, en el momento que se cumplen seis años del apaño establecido entre el PP y el PSOE, entre Rajoy y Rubalcaba, que supuso la abdicación de J. Carlos para la proclamación de su hijo. El relevo pactado en la Jefatura del Estado por los principales partidos pretendía establecer, una vez más, el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades políticas y jurídicas de dicha institución, por el que quien abdicaba perdería su inviolabilidad constitucional, asegurándose de que nunca podría ser juzgado por los muchos desmanes de todo tipo acumulados durante 39 años, quedando aforado a partir de entonces en el Tribunal Supremo.

Con pocos argumentos dinásticos, se improvisó una brevísima ley para mantener el poder en manos de los Borbones, obviando la voluntad popular, así como la legitimidad democrática de la operación, que fue rechazada por los partidos republicanos ausentándose de las Cortes en dicha investidura. Se pretendía con ello pasar página de los crímenes del franquismo y de la transición, asumidos por la Corona con el juramento de los principios de Movimiento. Cerrando el capítulo de las responsabilidades no aclaradas del golpe del 23F, echando tierra sobre muchísimos casos de corrupción institucional con abuso de poder. Una vez más, se acordaba la protección del franquismo sin Franco, manteniendo en la sombra la corrupción institucional. Situación que se prolonga con la primera investidura de Sánchez como presidente de Gobierno, quien se había comprometido a hacer pública la lista de beneficiados por la amnistía fiscal del PP, entre quienes se encontraban la flor y nata de los defraudadores de Hacienda encabezados por Juan Carlos de Borbón.

En estos días ha tenido lugar el juicio por el “pendrive” que contenía documentos inculpatorios de Jordi Pujol, y que fue manipulado por jefes de policía, cuando el juicio de Pujol por corrupción se aplaza indefinidamente. Algún medio de comunicación nos trajo a la memoria el procesamiento de éste por una octavilla repartida en 1960 contra la visita de Franco a Barcelona, en la que de forma premonitoria se decía: “El régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. El hombre que vendrá a Barcelona, además de un opresor es un corruptor”. Palabras que adquieren todo su valor a la luz de la realidad del régimen pactado en el posfranquismo.

La noticia estrella sobre el caso que nos ocupa es la de que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por la Fiscalía anticorrupción, para aclarar las supuestas comisiones cobradas por Juan Carlos de Borbón por la adjudicación de las obras del AVE a la Meca a un consorcio de 12 empresas españolas encabezadas por el ex ministro franquista Villar Mir, gran patrón de la constructora OHL. Una pieza anterior de este caso fue archivada por la Audiencia Nacional argumentando la inviolabilidad que le otorga la Constitución, pese a existir sospechas fundadas de presuntos delitos de cohecho, corrupción, lavado de dinero, con los consiguientes delitos fiscales. Archivo que pasa por encima del hecho de que dicha inviolabilidad solo puede estar referida a sus funciones como Jefe de Estado, y no a delitos cometidos con abuso de poder, contra las mismas funciones que la concede en forma de privilegios dicha alta magistratura.

Con posterioridad, diversas acciones judiciales emprendidas contra la corrupción en Suiza, Gran Bretaña y Luxemburgo pusieron en conocimiento de las autoridades españolas hechos presuntamente delictivos cometidos desde la Jefatura del Estado. Su conocimiento público movió a diversos partidos a solicitar un acuerdo de la mesa del Congreso a fin de que se constituya comisión de investigación sobre dichas denuncias internacionales, solicitud que ha sido rechazada por las derechas y por el PSOE. Posicionamiento antidemocrático y contradictorio con su supuesta oposición a la corrupción política que le llevó a promover la censura del gobierno de Rajoy. Trataron de justificar la negativa a la formación de dicha comisión de investigación con la “defensa de la Constitución y dentro de ella la Monarquía”.

La corrupción de las más altas magistraturas del Estado no puede tener cabida ni justificación en ningún texto legal. Como si se pudiera mantener durante mucho una actitud cerril de protección de todo tipo de corruptelas, si estas aparecen supuestamente protegidas por la Constitución y afectan además a la Monarquía.

La obstrucción a la solicitud de la investigación de la corrupción es injustificable desde cualquier punto de vista democrático. Lo que niega de hecho la actitud del PSOE es la capacidad de las Cortes de examinar y tomar decisiones acerca de los principales problemas institucionales, mientras que el ministro de Justicia afirma que las Cortes se encuentran “en un debate constituyente” ¿Qué debate constituyente es ese del que nadie tiene conocimiento, impidiendo el conocimiento de los abusos de poder, así como las corruptelas cometidas en el ejercicio del poder?

La razón del poder de los Borbones no puede quedar por encima de la capacidad de decisión política de las Cortes y de la voluntad popular deseosa de manifestarse al respecto, porque ello vendría a establecer no solo que la justicia no es igual para todos, sino que hay una persona por encima de la ley que goza de todos los poderes y privilegios en sus manos. El conflicto político es ineludible: no se trata solo de una cuestión judicial, que será resuelta por los diferentes juzgados donde se tramitan los asuntos; más falta hace -antes que nada- resolver las cuestiones políticas derivadas del abuso de poder que tales supuestos graves delitos implica. Lo cual afecta a la Constitución y a los poderes otorgados por ésta a la Jefatura del Estado impuesta por el dictador y admitida de hecho por los partidos pactantes de la Transición.

La consiguiente crisis de Estado se traduce en la investigación judicial de posibles delitos de corrupción de la Jefatura del Estado y la misma renuncia del titular de la Corona a la herencia de su padre, a quien ha repudiado en documento público notarial, no pudiendo mantener por más tiempo la ficción democrática en su seno.

Corresponde a las calles y a las Cortes una solución democrática, de forma que los dineros atesorados por Juan Carlos de Borbón con corruptelas incompatibles con su titularidad política, que se ocultan en diversos paraísos fiscales, deben ser exigidos por quienes resultan víctimas del coronavirus para suplir la falta de presupuestos para medios médicos, por los precarios y parados, ... Dado que, si una persona con deudas pendientes renuncia a una herencia, los acreedores -que en este caso son los trabajadores y pueblos de España- deben pedir al gobierno y a las Cortes que se tomen las medidas políticas necesarias  para que dicha deuda sea cobrada de manera efectiva, cubriendo los principales déficits sociales.

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