Espacioindependiente nº 328, jueves 17 de octubre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

EL MOMENTO POLÍTICO

La indignación social desborda la represión política y judicial

La sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes soberanistas -que pusieron las urnas para consultar al pueblo acerca del modo político de su autogobierno- marca un nuevo momento político de la crisis del régimen de la monarquía. Las falsas soluciones judiciales y policiales vienen a imponer el dictado de las políticas de miseria social y de techo de gasto, que afecta en primer término a los gastos de las pensiones o de sanidad y educación. De ellos dependen los entes territoriales, cuya situación de falta de presupuestos adecuados han comenzado a desbordar todos los límites.

El dictado en forma de sentencias que devienen del Tribunal Supremo, autoerigido como principal baluarte de las políticas de la Corona, trata de sustituir de forma burda el desgobierno general que se produce, de una parte, por la falta de consenso y, de otra, por la resistencia social frente a los ataques permanentes a las conquistas y derechos de la mayoría.

Decaída la exigencia de condena por rebelión y sustituida por la sedición establecida por los magistrados, reduce toda expresión política a la negación de derechos sociales y políticos. En particular, al derecho de decidir de los ciudadanos y pueblos, tratando de limitar todo a una mera cuestión de orden público. La razón de Estado, que se trata de imponer a toda la sociedad, deviene en lo esencial de los fallos de los tribunales contra toda acción política democrática. Criminalizar la política y la protesta nos lleva a una nueva situación, a una espiral de grandes movilizaciones sin respuesta positiva alguna de los poderes del régimen.

En ese contexto de demandas sociales sin respuesta se inscribe la movilización de los jubilados y pensionistas, llevada a cabo como marcha a las Cortes ayer, 16 de octubre. Con dos marchas a pie y cientos de autobuses venidos de todos los territorios se realizó una amplia concentración ante el Congreso de decena de miles de manifestantes.

Ya en las semanas pasadas, el mismo Sánchez se encargó de recitar las exigencias del régimen de acabar con la protesta social y territorial, que se expresa con la indignación social, mediante la vuelta a la aplicación del 155 de la CE, con la liquidación de la estructura autonómica por el poder central. Exigencia reaccionaria que demandan de forma permanente todas las derechas desde el 1 de Octubre de 2017.

La revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, que ha sido la principal demanda puesta de relieve por quienes dirigieron la marcha, no protege los derechos en juego. Primero, porque con ello no hay recuperación alguna de lo perdido y, en segundo lugar, porque el IPC no refleja fielmente las subidas de precios de los productos masivos de consumo, que son los de los pensionistas: Índice de precios que es muy superior al del IPC que se reclama. Sin devolución de todo lo robado en anteriores ejercicios sometidos a la austeridad y a los topes, y dejando en segundo plano la mejora de las pensiones de miseria -entre las que se encuentran las de viudedad- se sitúa al movimiento ante limites absurdos.

La justa demanda de subida actualizada de la pensión mínima y del salario mínimo a 1.200 euros choca de frente, una vez más, con el dictado de la UE y la Troika que exigen al Gobierno español que reduzca de inmediato los presupuestos sociales en otros 15.000 millones de euros. Por ello, el compromiso del gobierno establecido recientemente ante Bruselas para 2020 es de imponer el tope de miseria del 0,9% a las pensiones, al tiempo que se ponen en marcha los planes bancarios exigidos por el Parlamento Europeo de privatización del sistema público de pensiones. Y ahora será mediante el consenso del Pacto de Toledo (donde participan todos los partidos con representación parlamentaria) como se tratará de llevar a efecto el nuevo recorte de las prestaciones sociales a los pensionistas.

El éxito de la movilización de los pensionistas en su marcha a Madrid contrasta con el silencio cómplice de los dirigentes sindicales y políticos, que colaboran con los planes de austeridad y ajuste, y que no mueven ni un dedo por la derogación de las contrarreformas sociales establecidas tanto por el PSOE como por el PP. Las elecciones de la división y de la confusión no podrán sino reflejar la movilización del colectivo de pensionistas, que alcanza a unos diez millones de personas.

Las derechas se lo saben de memoria. Las declaraciones de Casado saliendo de la Moncloa lo ponen de relieve: “El Gobierno no está a la altura de lo que se exige para garantizar el orden público y la seguridad”. Propone la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, para comenzar a poner a la policía catalana bajo el control del gobierno en funciones, medidas inmediatas destinadas a acabar con la Generalidad y con su Presidente por “incitar los desórdenes públicos y la desobediencia”. Destituir a Torra y al gobierno catalán -a quien considera “el problema” y “el tapón”- mediante la aplicación del 155, es también la propuesta de Rivera de Ciudadanos.

El gobierno en funciones -que trabaja al dictado de terceros, de los intereses de instituciones nacionales e internacionales del gran capital- en su giro a la derecha se sitúa cada vez más fuera de toda lógica democrática. Haciendo retroceder y entrando en contradicción con cuantos en otro momento han apoyado las listas del PSOE, conduce al fracaso de sus políticas y de sus mismas expectativas electorales. La convocatoria forzada, como la del próximo 10 de noviembre, puede dar una nueva oportunidad a las derechas.

La convocatoria al Palacio de la Moncloa de los dirigentes de los principales partidos, realizada por el Presidente en funciones, arroja un saldo político de encefalograma plano:

Son el reflejo que resulta de la carencia de propuestas políticas, de unos y otros, que resuelvan de forma efectiva los problemas que acosan a la mayoría social. Y si por separado, uno a uno, no dan la talla, cuando hacen bloque sin principios para apoyar al Gobierno, ponen de manifiesto su incapacidad para dar ninguna respuesta democrática y social.

Las manifestaciones mayoritarias sobre temas tan diversos como las demandas de los pensionistas, y las protestas en cadena contra las sentencias y dictados del Tribunal Supremo, tienen una referencia política común: se enfrentan a un mismo régimen político, heredero de la dictadura franquista que, lejos de facilitar vías de solución, tiende a criminalizar y buscar por todos los medios la ilegalización de todas las legítimas demandas sociales democráticas: sociales, políticas y territoriales.

Las próximas convocatorias de marchas políticas, organizadas sobre Barcelona desde los diferentes territorios de Cataluña, en medio de la convocatoria de Huelga General para el próximo día 18 de octubre, nos dará una nueva medida del momento político en el que la indignación social desborda los controles impuestos. Una medida de hasta qué punto la indignación social que impulsa en el fondo la movilización y la huelga encuentra punto de apoyo en expresiones políticas que trabajen en el eje de la reorganización sindical y política independiente. Por unas Cortes y Parlamentos que hagan ley la voluntad obrera y popular.