Espacioindependiente nº 370, jueves 20 de agosto, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

  El papel de la partidocracia

El abismo monárquico es un hecho consumado

El pasado 7 de julio, Felipe González pedía respeto para la presunción de inocencia del emérito. En poco tiempo la aceleración de la crisis multicausal ha llevado a una parte sensible de personajes históricos de la partidocracia a reclamar el legado del Rey fugado. González fue el primero en salir públicamente en defensa del heredero de Franco. Ahora le siguen los Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre, Rodolfo Martín Villa y otros …; algunos de ellos imputados por corrupción y otros por crímenes contra la humanidad. Unos 75 exministros y altos cargos del PSOE, PP y UCD han firmado un manifiesto en apoyo de Juan Carlos que lleva por título “En defensa del reinado de Juan Carlos I”. Un texto en el que se pretende la defensa de la presunción de inocencia del que ha sido jefe de Estado durante cuarenta años, recordando y tratando de poner en valor el legado monárquico.

El intento de acorazar el consenso izquierda-derecha en clave monárquica coincide con la destitución fulminante de la portavoz del PP en Cortes, Álvarez de Toledo, por criticar al Rey y pedir explicaciones acerca de las consecuencias de la fuga del emérito.

Comienza el manifiesto señalando que “Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación, lo decidirán los tribunales de justicia, pero nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española”. Cabe explicar que la presunción de inocencia que se reclama es absolutamente indebida, ya que dicha figura supone la no culpabilidad de un inculpado en un proceso hasta que no se pruebe lo contrario, y sabido es que las investigaciones que sobre el citado realizan diversos juzgados internacionales y nacionales se prolongan en el tiempo y aún no ha sido imputado por ninguno de ellos. Por tanto, es totalmente falso que no se respete la presunción de inocencia, ya que siendo ésta una figura expresamente judicial no tiene cabida si no hay caso.

La proliferación de condenas a las que se refieren los firmantes del manifiesto no son sino de naturaleza claramente política, y tienen su base material en la multitud de evidencias, de noticias aparecidas y no desmentidas; no ahora, sino desde hace muchos años. Ponen de manifiesto algunas de las actividades ilegales de enriquecimiento, con abuso de poder, llevadas a cabo aún antes de su proclamación como sucesor de Franco hasta nuestros días, cuando el susodicho era príncipe heredero del franquismo; una cadena interminable de escándalos de corrupción que han sido un secreto a voces en nuestra sociedad durante décadas.

La impunidad de la que gozan los titulares de la jefatura del Estado -y una buena parte de la caterva de mandatarios y altos funcionario-, por lo visto no es suficiente protección para los exministros de la monarquía; y es por ello que, además, exigen erróneamente presunción de inocencia cuando aún no existe acusación judicial de ningún tipo, tratando de poner la venda cuando aún no hay herida judicial en forma de sentencia.

Los exministros, en una operación de confusión, pretenden trasladar la antes dicha presunción de inocencia al ámbito político e institucional, cerrando filas en torno al pasado para defender el presente de la monarquía impuesta, estableciendo un verdadero dogma de fe: “La Monarquía había llegado a ser, tal como la Constitución preconizaba, una forma de gobierno adecuada a las necesidades y preferencias del pueblo español, útil por su capacidad moderadora y su comportamiento neutral”.  Como se puede apreciar en la afirmación de los firmantes, se resumen sus intereses continuistas: “El Rey actual, Felipe VI, es una viva demostración de tales calidades, que en sustancia recogen lo mejor y más perdurable del legado de su padre, el Rey Juan Carlos I”. ¡Acabáramos!

 Los beneficios que la Monarquía ha derramado graciosamente en forma de progreso sobre la ciudadanía es el cuento de cuentos del franquismo coronado. Recientemente, Cebrián, el magnate del grupo Prisa, actuando como grupo de presión política sobre el gobierno de coalición, escribía al respecto en “El País”: “Es por lo mismo infumable (hermosa metáfora) que el presidente del Gobierno no defienda abiertamente a la Corona cuando se ve amenazada en los debates en Cortes por partidos independentistas y de extrema izquierda”. Acusando al Gobierno de “mermar facultades de representación del Monarca en momentos en los que se convoca a la unidad de todos no parece una buena idea”. Operación de presión sobre el Gobierno para que no dude ante la necesidad de ponerse en primera línea de la intransigencia monárquica contra la mayoría social, rechazando la representación política republicana en la que se apoya.

Y la “unidad” nacional que se demanda, en torno a la figura sagrada de la monarquía y de su Constitución -que es el legado otorgado por Juan Carlos- conlleva el mantenimiento de los privilegios de clase (burguesa), de religión (católica) y de casta política; fomentando el lucro, el clientelismo y la corrupción consensuada; apostando para que las leyes que permiten los secretos de Estado impidan la transparencia negando la rendición de cuentas. Todo un plan de continuidad política e institucional antidemocrático.

De esta manera llegamos a un punto en el que convergen, de una parte, los intereses de los partidarios del régimen clientelar de la monarquía y las pretensiones de continuidad de ésta, amenazada por abuso de poder y evidente enriquecimiento ilícito. Punto crítico que, de otra parte, lo conforman las demandas nacionales y republicanas directas, y un amplio elenco de demandas sociales y democráticas incompatibles con el régimen y sus planes.

No todos los partidos clientelares tienen la misma responsabilidad a la hora del sostenimiento del entramado del régimen monárquico y del legado antidemocrático. No cabe duda de que el principal partido, que recibe una buena parte del voto republicano y de cambio para que sus dirigentes hagan todo lo contrario con el mandato que recibe de sus militantes y votantes, es el PSOE. De forma que podríamos decir que es un partido divido por la crisis en dos grandes bloques, como partido monárquico por arriba y republicano por abajo. No se trata solo de un problema histórico, sino de una cuestión política de gran importancia que tarde o temprano le pasará factura.

Lo de los borbones y la corrupción institucional no es sino una tradición familiar muy arraigada. Se trata de una familia de la nobleza francesa que acumuló buena parte de sus riquezas con la trata de esclavos, el parasitismo colonial y las guerras. A nadie le coge por tanto desprevenido el carrusel de casos de corrupción institucional que se han acumulado. Por ello, es evidente que no nos pueden representar y, de hecho, no nos representan a la inmensa mayoría de la población, cuyas aspiraciones sociales y democráticas son contrarias a las políticas monárquicas y clientelares, que niegan la soberanía parlamentaria -que es la soberanía de los pueblos- para tratar de imponernos el dictado monárquico.

 La lucha por la democracia y la igualdad de los ciudadanos y de los pueblos constituye el verdadero motor del cambio político. El fondo de la quiebra económica precipitada con la pandemia es mayor entre nosotros que en otros países, también afectados por la depresión internacional, y ello reclama planes de recuperación sobre bases sociales y públicas. Los trabajadores y campesinos, los jóvenes y las mujeres, en su movimiento combinan la lucha por las reivindicaciones sociales con las aspiraciones de clase contra la explotación y la opresión.

El abismo monárquico es un hecho consumado. En el próximo desarrollo de la lucha de clases el cadáver del juancarlismo político no podrá frenar las profundas aspiraciones de cambio político y social que anidan en el seno de nuestra sociedad, donde se han acumulado las más grandes contradicciones.