Espacioindependiente nº 427, jueves 7 de octubre, 2021 https://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Crisis y confusión…, más crisis y mucha más confusión

Marcha a Madrid el día 16 de Octubre en defensa de lo público, en lucha contra la corrupción

La pretendida reconstrucción económica es el objeto de la mayoría de las decisiones que se están tomando por las instituciones políticas en manos o dominadas por los grandes propietarios. La barra libre de dinero público para negocios privados no termina favoreciendo la actividad económica, en la medida que no impulsa ni el consumo, ni la inversión. Los gobiernos llevan dichos recursos públicos a quienes realizan inversiones especulativas, o resuelven sus cuentas, pero no relanzan la actividad económica en inversiones productivas que pudieran favorecer la recuperación económica.

De una parte, la especulación y autofinanciación bloquea la actividad y lleva a la paralización o cierre de sectores enteros de la producción industrial. De otra, multiplica los números de la deuda pública. Lejos de mejorar las condiciones de vida y trabajo conocemos la aceleración del recorte de gastos sociales. En medio de la crisis -agudizada por la pandemia- se reducen las partidas de la sanidad y la educación, echando atrás inversiones y gastos sociales en general.

El desabastecimiento de productos esenciales en los mercados viene seguido de subidas inauditas de precios, como sucede con el precio de la luz y de los carburantes, empujando a un curso   inflacionario que viene a agravar la situación de los que viven de un sueldo o una pensión, que pierden poder adquisitivo todos los días. Mientras que las medidas de los gobiernos llevan con una mano a los mercados financieros y a las grandes empresas a la sobrefinanciación, con la otra las rentas del trabajo empujan a muchos sectores a la miseria y marginalidad social. El dominio del capital financiero y especulativo sobre el capital productivo disloca los mercados y el consumo, y dispara los precios.

Cuando hablamos de crisis no nos referimos solo a la crisis económica y financiera, sino y también a la crisis social y política, y a la consiguiente extrema polarización social. Acabamos de tener conocimiento de los llamados “papeles de Pandora”, que desvelan, de forma limitada, el movimiento de los capitales a la creciente evasión fiscal y a la multiplicación del caudal de dinero sucio. Tendencia que aumenta en países como el nuestro, donde la evasión fiscal y los negocios sucios son impulsados desde las mismas cúpulas del Estado con absoluta impunidad. Los paraísos fiscales se han extendido y legalizado en los grandes centros financieros del mundo, en los que instituciones políticas antidemocráticas y religiosas gozan de todas las prebendas, que van mucho más allá del límite de sus conocidos privilegios históricos.

La ley de la selva extiende su jurisdicción sobre todos los asuntos a partir de las necesidades de los poseedores de capital financiero que, con la imprescindible colaboración de los gobiernos, pasan por encima de todo tipo de relaciones, leyes e instituciones. La cuestión de la relación entre lo público y lo privado adquiere, en aplicación de la ley de la selva, una nueva dimensión política.

A finales del pasado mes de Septiembre se presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de “Recuperación y desprivatización del Sistema Nacional de Salud”. La mesa del Congreso -dominada por el PSOE y Unidas Podemos- ha venido a negar el derecho de tramitación de dicha Iniciativa con la excusa de que dicha propuesta “afecta a materia presupuestaria”; y ello cuando la Seguridad Social está sufriendo violentos recortes financieros, que van a parar a las entidades que controlan la sanidad privada. Tal y como sucede, de otra parte, con otros sectores públicos, como el de las pensiones o el de la educación, por sólo citar alguno de ellos.

Sabido es que los mandatarios del PSOE se han negado -hasta por 15 veces- a que las Cortes puedan investigar los escándalos financieros que rodean la Casa Real -expresados en la misma fuga del Emérito-, o simplemente que se pueda esclarecer cuál es el presupuesto real de esta institución, que se financia con fondos públicos opacos. Un exministro del Interior, como Antoni Asunción, ha venido a declarar la práctica habitual de sobrefinanciar a la Casa Real con pagos en “B”. A tal efecto ERC ha solicitado la comparecencia de los ministros Fernando Grande Marlasca y Margarita Robles, para que informen del uso reiterado de Fondos Reservados para la Casa Real por parte de todos los gobiernos. Evidentemente, los asuntos de corrupción que rodean a la Casa Real tienen mucho que ver con toda una corte de politicastros corruptos, que merodean por todas las instituciones del Estado, beneficiándose a título privado de fondos públicos ilegales.

La Monarquía española ha quedado al desnudo, y el Gobierno se empeña en tapar su desnudez con todo tipo de maniobras de la peor especie, profundizando en el pozo negro de la crisis política e institucional.

Son conocidas las noticias de los negocios multimillonarios procedentes de comisiones, ventas de armas, lavado de dinero, en definitiva, de actividades ilegales que solo han sido posibles por el constante abuso de poder. Y parece que nada se ha parado al respecto, cuando se da a conocer que la venta de armas a los países del Golfo Pérsico se ha multiplicado con la estancia del Emérito en la zona. Las licencias de armas concedidas por las autoridades españolas se han multiplicado, de forma que España ha pasado a ser uno de los principales suministradores de material militar a los Emiratos.

 Delitos encadenados y sistémicos, que parece se pretende dejar impunes preparando la vuelta del heredero político directo de Franco. Delitos que son muy conocidos por todos; por todos, menos por la Fiscalía; por todos, menos por la Hacienda Pública; por todos, menos por el Gobierno “más progresista de la historia”. Cierre en falso de la crisis de Estado, que se constituye en un enorme escándalo público de la corrupción de la Casa Real y de todo el régimen, que no se puede tapar con la complicidad de las instituciones afectadas y, si se hace, no puede sino llevarnos a un carrusel de descomposición de la mayor envergadura.

Esperando conocer el contenido real de los Presupuestos Generales y del anteproyecto de ley de vivienda, nos reiteramos en la necesidad de defender lo público frente al desmantelamiento de todas las conquistas sociales. Y por ello, de la necesidad de participar activamente en la marcha a Madrid del próximo día 16 de Octubre, para llevar a las calles del centro de Madrid y a las Cortes generales la voluntad mayoritaria de la población de resolver los principales problemas económicos, sociales y políticos, de acuerdo con los intereses y aspiraciones de la mayoría, contra la corrupción y el desgobierno:

Por unas Cortes y un Gobierno que acaben con los privilegios y la corrupción, creando una Comisión de investigación sobre el caso, y que defiendan todo lo público frente a la crisis.

Cortes Constituyentes y republicanas que devuelvan la libertad de decidir a todos los pueblos, y hagan ley las demandas sociales.