Espacioindependiente nº 349,  jueves 12 marzo, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Corrupción desde la cúpula del Estado

Las Cortes echaron al PP del gobierno por el mismo motivo que ahora se impide la investigación de la Monarquía

Se ha conocido en las últimas fechas que la fiscalía suiza investiga los movimientos irregulares de fondos realizados desde una cuenta millonaria, abierta a nombre de una supuesta fundación, y cuyo propietario parece ser Juan Carlos de Borbón. Cuenta abierta desde hace años en el banco “Mirabaud”, que tiene su sede principal en el paraíso fiscal de las Bahamas. En el año 2008 se realizaron operaciones en dicha cuenta que han llamado la atención de la fiscalía suiza; a saber: una transferencia de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos de Borbón sin que aparezca razón mercantil alguna para la realización de dicha operación.

En el año 2012, cuando Juan Carlos de Borbón tiene el conocido accidente en Botsuana que se convirtió en escándalo internacional -celebrando un safari de lujo de caza de elefantes, acompañado de su amiga íntima, Corinna Larsen-, se produjo una seria crisis política en la Casa Real española. Se buscó una solución continuista en 2014, es decir, a un arreglo de familia que llevó al traspaso de poderes en la Jefatura del Estado de Juan Carlos a su hijo Felipe. En esos días la banca suiza, temerosa de la repercusión comercial de la operación, invitó al titular de la jugosa cuenta a salir de dicho banco. Y es en el vaciado precipitado de dicha cuenta millonaria como se procede a la transferencia de 65 millones a la susodicha Corinna, además de dos millones a otra conocida amante real de origen balear, residente en la ciudad de Ginebra.

En el año 2019, en el procedimiento judicial abierto por la fiscalía suiza, se tomó declaración a Corinna, quien manifestó que los 65 millones de euros que le fueron ingresados fue un “regalo no solicitado por el Rey emérito”, ampliando a lo dicho que tan importante donación para “ella y su hijo” fue por los cuidados que realizó durante años del Jefe del Estado español por gracia de Franco. Posteriormente, la misma Corinna ha denunciado en Londres todo tipo de amenazas de los servicios de inteligencia españoles contra ella y su familia.

La fiscalía suiza, en su investigación, ha llegado a la conclusión de que las operaciones bancarias de dicha cuenta están directamente relacionadas con las comisiones derivadas de la contratación por empresas españolas de las obras del Ave a la Meca adjudicadas en 2009, que supuso un negocio de 6.300 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en una comisión rogatoria ha solicitado todas las indagaciones que la justicia suiza ha realizado acerca de los diferentes testaferros utilizados para las operaciones de corrupción institucional que ahora se conocen.

La Fiscalía anticorrupción española, viendo venir las repercusiones judiciales y políticas del procedimiento abierto por la fiscalía suiza contra Juan Carlos de Borbón,  procedió al envío de una comisión rogatoria a Suiza para conocer directamente los movimientos de la cuenta millonaria, en tanto que, como jefe del Estado, la Constitución española le hace irresponsable de sus acciones políticas en el desempeño del cargo. Pero nadie puede justificar que el desempeño del cargo le llevara a tener tantas o cuantas amantes reales financiadas con dineros públicos; o a recibir importantes cantidades de dinero de dictadores sátrapas como es el caso de las cantidades recibidas del rey de Arabia Saudí, y a ocultar el origen de dichas grandes cantidades. Además de que la ocultación de dichas operaciones a la Hacienda Pública, la realiza el más alto funcionario del Estado. A ello se une que después de su abdicación en 2014 perdió su inviolabilidad, pero mantuvo su condición de altísimo funcionario con sueldo público, con la financiación de todo tipo de gastos, viajes y residencias …, y que, como persona aforada que es, depende judicialmente de las acciones que se pueden llevar a cabo contra él ante el Tribunal Supremo.

Del mismo Tribunal Supremo depende ahora, y más concretamente de la fiscalía, por tanto, la apertura de una posible causa penal por blanqueo de capitales, fraude fiscal y corrupción política.

A la cuestión jurídica que afecta a la forma de Estado impuesta por la dictadura se une la razón política que es aún de mayor calado. En las Cortes ya se ha planteado de forma reiterada la necesidad de una investigación política acerca del origen ilícito e ilegal de la inmensa fortuna acumulada por el extitular de la Jefatura del Estado que depende en exclusiva de la Casa de Borbón. Se ha tratado de crear una comisión de investigación que eche luz acerca de las supuestas comisiones millonarias que, por diversos conceptos a lo largo del tiempo, han ido a parar a las cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales de la Casa Real. En las cinco ocasiones que se ha intentado la aprobación de dicha comisión de investigación, las cúpulas del PSOE ha decidido -en diferentes momentos políticos- impedir su constitución, cuando el hecho de que existan tales negocios corruptos desde la Jefatura del Estado genera una tremenda podredumbre y corrupción sobre todas las instituciones que, cuando menos, les hace cómplices. Y nadie puede hablar de democracia y utilizar dicha expresión para cubrir todo tipo de desmanes, cometidos desde las más altas magistraturas del Estado. Con su negativa a que se constituya una comisión de investigación, ¿el PSOE defiende solo a los titulares de la Jefatura del Estado, o es que también protege a sus propios dirigentes enriquecidos con el disfrute del gobierno?

Unidas Podemos, que participa del gobierno de coalición con cuatro ministros, tomaron la iniciativa con anterioridad de dirigirse por escrito a la Casa Real para que el acusado de múltiples casos de corrupción, compareciera a petición propia ante las Cortes para explicar “su actividad institucional como Jefe de Estado durante más de 38 años, y aclarara si está implicado en casos de corrupción”, sin tener éxito alguno.

Cuando en enero pasado la Mesa del Congreso discutía la petición de la CUP de solicitar la comparecencia de Felipe VI para que diera cuenta a las Cortes de supuestos sobornos de la empresa española Debe, para conseguir contratos de armamento en Arabia Saudí -caso que se investiga por la Fiscalía Anticorrupción-, Unidas Podemos se opuso a tal comparecencia.

Los grupos parlamentarios republicanos -ERC, Bildu y el Grupo Plural, compuesto por Junts, Compromís, Más País y Bloque Nacionalista Gallego (BNG)- han tratado de promover dicha comisión de investigación. Siendo al mismo tiempo el sustento y clave de mantenimiento del gobierno de coalición, no pueden dejar que un asunto de tal importancia para la lucha por la democracia y la soberanía popular se consuma en las paredes de las instituciones, más o menos trucadas por las leyes y privilegios que vienen del franquismo. Por ello, están obligados a sacar el asunto de la corrupción de las cúpulas del Estado a las calles y plazas, para que sean los trabajadores y pueblos los que decidan sobre la corrupción y sobre la forma de Estado que nos viene impuesta por herencia franquista.

Partido Socialista Libre Federación