Espacioindependiente nº 373, jueves 10 de septiembre, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Banca pública para todos

¿Se puede prohibir la protesta social?

El capital financiero prepara grandes operaciones de saqueo de los recursos públicos, y para ello necesita la complicidad del gobierno y de los medios de comunicación. Los anuncios relativos a la preparación de fusiones bancarias han desembocado ya en la que puede ser la primera operación de una serie más amplia: la absorción de Bankia por Caixa.

Hace ocho años que el dinero público salvó a Bankia de la quiebra con la aportación a una entidad privada de más 20.000 millones de euros, mediante una decisión tomada por el gobierno mafioso de Rajoy, a la que entonces no se opusieron con suficiente energía todos los demás partidos. La crisis financiera de 2008 arrastró a millones de trabajadores a la imposibilidad de pagar las hipotecas y/o los alquileres; entonces el gobierno del PP regaló a los banqueros más de 64.000 millones de euros con la colaboración de la Unión Europea, se procedió al desahucio de sus viviendas a más de un millón de familias y se despidió de sus puestos de trabajo a tres millones de trabajadores. Y en estas fechas- bajo la situación extraordinaria de la pandemia del coronavirus- hay preparados otros 10.000 desahucios más y muchos cientos de miles de despidos. La burbuja inmobiliaria y especulativa aún guarda alguno de sus efectos destructivos en las cámaras acorazadas de los bancos.

Ahora la absorción de Bankia por Caixa, que vendrá a constituir el mayor banco de España, inmediatamente se favorecerá de medidas fiscales y aumentará la rentabilidad para el capital mediante el despido de unos quince mil trabajadores, y el cierre de miles de oficinas bancarias. El Banco Central Europeo venía presionando al gobierno español para que resolviera el hecho de que el Estado rescató el banco con la aportación de 30.000 millones (22.000 directos y ocho mil más a otras cajas que se fusionaron para constituir Bankia), y con el 61% de capital público en Bankia era el principal accionista de la entidad que con anterioridad había sido saqueada por la burguesía madrileña y por los representantes de los principales partidos políticos.

El Banco Central Europeo, el Banco de España y el gobierno de Sánchez son los padrinos de dicha fusión que atenta contra los intereses y pequeñas propiedades inmobiliarias de la inmensa mayoría de la población, y en beneficio exclusivo de banqueros y especuladores. En su día, la misma constitución de Bankia fue una estafa que dio lugar a querellas criminales contra sus directivos, que llevaron al exministro y dirigente del FMI, Rodrigo Rato, y a otros ejecutivos y consejeros a la cárcel. Los fondos buitre se han hecho durante este tiempo con buena parte de las viviendas de ambas entidades, y en los tribunales hay pendientes decenas de miles de casos contra abusivas cláusulas hipotecarias que han sido declaradas nulas, como las cláusulas suelo, o por hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Todo el sector bancario español se encuentra en una situación económica nada clara, que se trasladará vía PGE a la ya planificada reducción de salarios y pensiones, a la limitación de los recursos necesarios para la sanidad y la educación. La demanda de una banca pública para todos se constituye en una exigencia social y democrática frente a la política privatizadora de la oligarquía del dinero que lleva a cabo con la colaboración directa del gobierno.

Hablando de desahucios, en este caso del desahucio de una de las familias principales de la casta corrupta del régimen, se ha conocido la sentencia del juzgado de primera instancia nº1 de A Coruña, que viene a declarar nula la donación del Pazo de Meirás efectuada en 1938 al jefe del Estado del Ejército de Ocupación, concluyendo con el hecho de que la compraventa realizada el 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Otras propiedades distraídas por la familia de Franco de los bienes del Estado pueden correr la misma suerte más de ochenta años después. La sentencia dictada subraya que los regalos realizados al dictador, no lo fueron a Francisco Franco sino al Jefe del Estado. Una gran oportunidad para que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo apliquen tal consideración fundamental a la hora de distinguir los bienes de Juan Carlos de Borbón de los que ha acumulado como Jefe del Estado. Y ya tardan en demasía tanto Hacienda como los tribunales en tomar decisiones.

Los beneficios de una banca pública para proyectos sociales serian incontables para la mayoría de la población. Demanda ampliamente sentida, que choca de frente con la fusión programada y protegida por el gobierno “progresista”.

 En este momento político, cuando el gobierno sale en apoyo de las corruptelas de la Corona impidiendo la formación de comisiones de investigación en Cortes, y bloquea las acciones administrativas y judiciales contra el manejo y lavado de miles de millones de dinero negro, conocemos la denuncia realizada por “Hojas de Debate”, publicación digital de las organizaciones de base del PCE (Partido Comunista de España). Se informa que, a partir de ahora, queda totalmente prohibida la protesta o cualquier tipo de movilización social orientada a reivindicar ante el actual Gobierno determinadas medidas en favor de los intereses populares, o que la protesta pudiera constituir una expresión negativa explícita en contra de las políticas del Ejecutivo “progresista”. De manera que, para la movilización o la protesta en contra de políticas antisociales del Gobierno de Sánchez-Iglesias, los militantes del PCE deberán solicitar previamente la autorización de los dirigentes (según se establece en el Informe del XII Pleno del Comité Central).

Dicha prohibición constituye una decisión contraria a los derechos democráticos de los militantes y de la población en general, que necesita expresar sus reivindicaciones y aspiraciones sin ningún obstáculo. Y en lo que hace referencia la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas del franquismo, dicha prohibición coincide con la discusión en Cortes de una nueva ley de la Memoria, que vuelve a conculcar los derechos más elementales de las víctimas y sus familiares a un juicio justo contra los crímenes franquistas, y que de nuevo la ley prohibirá.

Podrán aprobar los señores del gobierno y sus partidos una nueva ley de la Memoria contra los derechos de las víctimas, como lo han sido las leyes anteriores, contando para ello con todo tipo de complicidades e intereses ajenos a la verdad, la justicia y la reparación; pero no lograrán cerrar con ello las profundas heridas de más de 80 años de justas demandas contra los torturadores y asesinos protegidos tanto por la dictadura como por la monarquía.

La próxima decisión del juzgado nº1 de Buenos Aires, que ha interrogado a Martín Villa en la embajada argentina en Madrid, debe imputarle de crímenes contra la humanidad. Se pondrá de nuevo en crisis tanto a la justicia española como a las políticas contrarias a la democracia y la justicia que vienen avaladas por los partidos del gobierno.

 En los próximos meses se van a combinar y concentrar varias crisis en una gran crisis de Estado, que será el resultado de la ilegitimidad e ilegalidad del poder constituido contra las reivindicaciones y aspiraciones mayoritarias que han de convertirse en poder constituyente.

NR: Espacio Independiente es un colectivo de compañeras y compañeros afiliado al PSLF