Ante las elecciones municipales, autonómicas y generales: Demanda de verdaderas soluciones políticas y económicas a los problemas democráticos y sociales de nuestra sociedad

La proximidad de un largo periodo electoral obliga a todos quienes dicen defender las reivindicaciones y aspiraciones de la mayoría social a buscar, también en este marco electoral, la forma de hacer avanzar las exigencias mayoritarias sin que estas sean aplastadas y difuminadas por las maniobras electoralistas de cada una de las formaciones que presentan programas y candidaturas, pretendiendo burlar la voluntad popular.

La experiencia del funcionamiento de la llamada “democracia española” nos enseña que las principales formaciones, como partidarias de los consensos del régimen monárquico, no están abiertas al diálogo con esa mayoría social, tratando de no contar con sus intereses y propuestas. La mayoría de colectivos sociales están demandando que sus reivindicaciones reales sean tenidas en cuenta. Y para ello están dispuestas a discutir con todas las expresiones políticas que se reclaman de la democracia y hablan en su nombre, a fin de que sus reivindicaciones formen parte sustancial de los respectivos programas electorales. De manera que el derecho al trabajo y a la pensión digna, a la igualdad real entre hombres y mujeres, el mismo futuro de la juventud … no sean permanentemente sacrificados en el altar de la sobreexplotación y de la miseria social, que se impone en interés de unos pocos privilegiados por el régimen de la monarquía desde hace ya 48 años.

Vivimos en un contexto de agravación de las condiciones de vida y trabajo, de la vivienda y la alimentación …; enfangados detrás de la OTAN en una guerra comercial y militar de alcance internacional; redoblando los gastos militares en detrimento de los gastos sociales. Y todo ello se viene imponiendo por la vía de la represión y judicialización de los principales asuntos políticos, con el mantenimiento de leyes que establecen la impunidad contra el derecho internacional y humanitario; o la violencia de Estado contra el derecho de manifestación a través de la Ley mordaza.

Se trata de leyes claves, como la que debería aprobarse en defensa de la vivienda frente a la especulación inmobiliaria, o una verdadera Ley de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión de Estado desde la guerra civil hasta nuestros días. Leyes que defiendan los derechos de los trabajadores frente al abuso patronal y que proteja el derecho a la huelga contra los servicios mínimos del 100%. Leyes que impidan el robo de los recursos y sectores públicos que, habiendo sido privatizados, han de volver a ser públicos. Leyes que impidan el desmantelamiento y privatización del sistema público de pensiones … Leyes cuya necesidad se volverá a plantear en el curso de los próximos meses en medio de las diversas convocatorias electorales.

Las instituciones que se van a elegir mediante estas elecciones -ya programadas- tienen un mal común a todas ellas; y es su falta de poderes reales -de soberanía política para las cámaras elegidas- para poder gobernar de forma responsable en cada uno de los ámbitos territoriales. Los ayuntamientos y demás entes locales carecen -por mor de la Constitución del 78- de la necesaria autonomía política y financiera (autonomía municipal), que les permita responder a las exigencias más directas y elementales de los pobladores. Las Comunidades autónomas están limitadas en sus competencias por unos presupuestos generales que son insuficientes para dar respuesta a las exigencias regionales y nacionales, y han entrado, entre ellas, en un carrusel de políticas de división, favoreciendo la especulación, la privatización, la desigualdad social y territorial.

Las Cortes Generales que se van a elegir en el marco de la Constitución del 78 no son soberanas. Carecen de los poderes políticos soberanos necesarios para resolver los problemas democráticos y sociales de los trabajadores y pueblos que dicen representar, sin tener poder para cuestionar los privilegios y corruptelas de las instituciones de hecho: la Monarquía, la Iglesia … Las solicitudes en las Cortes Generales de las Comisiones de Investigación sobre las tropelías de la Casa de Borbón caen en saco roto. Así como la necesaria información de la sumisión del Estado español al rey de Marruecos (a sus intereses geoestratégicos y dictatoriales establecidos de acuerdo con los EEUU), colaborando abiertamente con un régimen dictatorial, que aplasta a su pueblo y está en guerra permanente contra el pueblo del Sahara Occidental. El oscurantismo acomoda a Pedro Sánchez y su Gobierno a poderes contrarios a la democracia. Si la mayoría en Cortes rechaza la política de guerra y gastos militares impulsada por la OTAN, el gobierno del Rey, en nombre de la Casa de Borbón, termina por imponer a las Cortes Generales las políticas de la Casa Real, de las grandes empresas del IBEX 35 y de los grandes financieros de la Unión Europea, como parte de los amos del mundo.

Considerando estos extremos de la mal llamada “democracia española”, que cuestionan toda posible homologación con otros sistemas democráticos, hay que entender, además, que el sistema electoral establecido favorece a los territorios más despoblados en perjuicio de las grandes urbes, vulnerando el principio fundamental de la democracia, “un hombre un voto”. Las candidaturas de listas cerradas y bloqueadas de las cúpulas de los partidos se oponen a las exigencias democráticas. Vicios antidemocráticos que se elevan al infinito cuando, constituidas las cámaras de Congreso y Senado por votación popular, dichas cámaras carecen de poderes soberanos, es decir, no tienen los poderes democráticos que les ha dado el mandato popular.

Todo ello fue pactado en la Constitución del 78, a la que se aferran todas las expresiones continuistas del régimen monárquico, como un texto cerrado y bloqueado que niega incluso las reformas y los cambios democráticos más elementales. En una palabra, los poderes de las instituciones franquistas, mantenidas como poderes autocráticos en el ámbito de la Constitución del 78, secuestran por la “Ley de leyes” la voluntad popular. Las Cortes Generales son violadas, de forma permanente, en su mandato popular expresado en cada convocatoria electoral. Las principales decisiones se toman por los poderes fácticos superponiéndose a las Cortes Generales. Por ello, la lucha de los trabajadores y pueblos por el cambio político e institucional está siendo bloqueada, de forma permanente, por todos los partidarios de que la dictadura franquista perviva en sus aspectos fundamentales en el régimen autocrático de la monarquía.

Hay que hacer valer el mandato popular ante las elecciones convocadas para los próximos meses, como una demanda unida, integral y democrática, por unas Cortes Generales Soberanas, por la autonomía regional y municipal. Plataforma reivindicativa que ha de dirigirse a los partidos políticos que se reclaman de la democracia política, para que se respete su mandato a la hora de elaborar los programas electorales respectivos, haciéndolas valer en lucha por la soberanía de los pueblos.

A todas las candidaturas que se reclamen de la democracia les decimos: hay que erradicar las principales injusticias y desigualdades; hay que erradicar la pobreza y la miseria, evitando que se siga secuestrando la voluntad popular. Llamándolas a apoyar la convocatoria de un referéndum legal y vinculante, que permita a los pueblos decidir sobre sus propios asuntos y reivindicaciones, directamente relacionados con la forma de Estado y Gobierno: ¿Monarquía o República?

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