¿A dónde va el gobierno? Se convocan huelgas generales y movilizaciones en la sanidad y en la enseñanza

Los números de los PGE aún no se conocen y, ya se habla de que en el Palacio de Moncloa se preparan nuevos recortes en las pensiones, así como la congelación de sueldos ; y más despidos…Llueve sobre mojado. La austeridad social no es la solución, por tanto los trabajadores y los jóvenes no aceptan la miseria presupuestaria para unos y la barra libre de financiación pública para otros. Y en medio de todo ello el emérito fugado en los emiratos con miles de millones en los bolsillos sin que el gobierno y los jueces tomen las medidas necesarias para impedir la impunidad regia.

En el marco de la austeridad impuesta a los ayuntamientos, que viene establecida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el PP impuso en 2012 se ha conocido el intento del gobierno de Sánchez de tomar prestados 14.000 millones de los remanentes municipales que debía devolver en diez o quince años, a cambio de distribuirles 5.000 millones entre 2020 y 2021.Su decreto ley ha sido derrotado por la mayoría en Cortes. Los alcaldes y concejales no se han tragado el tocomocho financiero de Sánchez, lo que anuncia un calvario presupuestario en manos de la Calviño.

La lógica económica y presupuestaria del gobierno viene determinada fundamentalmente por las exigencias de la Unión Europea, por las fusiones de los banqueros que no devuelven los fondos públicos, y por la financiación a los grandes empresarios a costa de la Deuda Pública, y de otra parte por la negativa oficial a responder a las exigencias sociales. Pretender gobernar por encima de todos, y en contra de las reivindicaciones sociales es una reiterada pretensión del más bonapartista de los presidentes de la monarquía. Tratando de anular al máximo la vía negociadora en beneficio del decreto-ley, del ordeno y mando sin democracia.

El sabotaje del PP al funcionamiento institucional se ha puesto una vez más de relieve con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo…, en medio de la reapertura judicial de los escándalos políticos mafiosos de Rajoy y su gobierno, que vuelven a poner de manifiesto la financiación ilegal del PP, con la la intervención directa en estos asuntos de mafias policiales y judiciales en protección de la corrupción institucional. Como el Gobierno no ha querido tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia en la sanidad y en la sociedad, y en particular en la enseñanza; tanto la sanidad como la enseñanza preparar grandes movilizaciones y huelgas en defensa de la salud pública, por presupuestos adecuados, a partir de mediados de septiembre.

El calendario de la movilización social vuelve a las concentraciones de los lunes ante los centros de atención primaria vaciados de personal médico desde hace meses. El principal sindicato médico convoca huelga general indefinida en este sector primario exigiendo la contratación inmediata de los médicos necesarios para cubrir los servicios, con las consiguientes dotaciones presupuestarias. Ni la sanidad, ni la educación están preparadas para hacer frente a la pandemia; mientras que médicos, profesores y estudiantes exigen que se refuercen los servicios públicos esenciales. Todo el mundo ha entendido que la charlatanería progre no va sino al desastre, y el mejor ejemplo es el fracaso de la medida estrella de la corona, que para el gobierno ha supuesto la estafa del Ingreso Mínimo Vital que ha dejado a más del 90% de los solicitantes sin ingresos para hacer frente a los gastos más inmediatos.

Los sindicatos de profesores y estudiantes convocan a la huelga desde el día 15 en el País Vasco, y el 16,17 y 18 en el resto de territorios. Exigiendo todos la dimisión de la ministra de educación, y en Madrid de la Presidenta de la Comunidad. Por un plan de rescate de la educación pública, para acabar con el gobierno de Ayuso, comisionista de la sanidad y de la educación privada, que gobierna para el caos en todos los sectores. La huelga general de la sanidad y la enseñanza responde en lo más profundo a las exigencias de la mayoría social que exige al Gobierno un cambio de rumbo político, un giro a la izquierda, social y republicano, la ruptura con la monarquía que permita el establecimiento de plenos poderes para la Asamblea Constituyente Soberana que nos represente a todos.