Partido Socialista Libre Federación

¡1.200 euros de salario y pensión mínima!

La primera reivindicación social a las Cortes y al Gobierno es la subida general de salarios y pensiones

¡1.200 euros de salario y pensión mínima!

Mucho se ha escrito acerca de la crisis de 2008 y de su repercusión en las rentas del trabajo, por lo que interesa resaltar la importancia de la devaluación reiterada que han sufrido tanto los salarios como las pensiones en España, mientras que los beneficios del capital se han multiplicado.

En Europa, la crisis económica en sus desarrollos está directamente ligada a la imposición del euro y de la productividad. Desde la UE, la crisis de 2008 se trató, en lo que a rentas se refiere, desde el punto de vista del aumento de la competitividad basada en lo fundamental en la pérdida de capacidad de compra de salarios y pensiones en beneficio del capital. El procedimiento lo ha copiado y extendido la burocracia de Bruselas de la política de Merkel aplicadas sobre la productividad en Alemania. El punto de partida fueron los llamados costes laborales unitarios o CLUs, basados en la idea económica de analizar y establecer el costo de la producción de cada unidad del PIB (Producto Interior Bruto, la producción de cada país. Una vez que la economía española quedó sometida al euro, el ajuste de la economía no se podía realizar en base a una moneda que el Estado español no controla, ya que había vendido su soberanía nacional a los banqueros europeos. Ya no existía la posibilidad de devaluar la moneda nacional (como se hacía con la peseta), ya que no se puede manejar una moneda que es del poder exclusivo del Banco Central Europeo, artilugio de los banqueros europeos ligados al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Desde Bruselas se aplicó a sangre y fuego la medida de la productividad con el control monetario añadido del euro, con rigor dictatorial, empujando a todos los gobiernos nacionales a una devaluación general de salarios y pensiones. Medida brutal que, en el caso español, vino acompañada de varias contrarreformas laborales y sociales, basadas en una normativa que fomentase el despido barato y la precariedad; lo que se tradujo en la reducción misma de los salarios de los precarios, que afecta mayoritariamente a jóvenes, mujer y emigrantes. Cuanto más precario es un trabajo, peor pagado es generalmente. Tomando en consideración la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE, entre 2008 y 2016, descontada la inflación, las rentas del trabajo pierden en torno al 10%. Los trabajadores que más pierden son los más precarios, mientras que los fijos mantienen con ligeras bajas el poder adquisitivo, con la consiguiente polarización salarial y ampliación de la brecha salarial y de pensiones entre hombre y mujeres.

 Las pensiones han perdió menos que los salarios, pero la brecha de jubilados y pensionistas también se ha ensanchado considerablemente, con una mayoría de prestaciones que están por debajo del umbral de la pobreza.

Los Presupuestos de 2019, negociados entre el PP y el PNV, hicieron que las pensiones rompiesen con el tope impuesto del 0,25% que se había establecido en los últimos cinco años, subiendo de forma extraordinaria un 1,6%, y las mínimas y no contributivas un 3%. El número de beneficiarios de pensiones y jubilaciones públicas es de 10.500.000 personas, de las que el 94% son contributivas.

Oficialmente se estableció que a partir de 2020 se volverá al tope del 0,25%, mientras que la Seguridad Social tenga déficit. Aconsejando que en el ámbito del Pacto de Toledo se diseñe un mecanismo de revalorización “que garantice el poder adquisitivo, preservando la sostenibilidad social y financiera de la Seguridad Social”. Mediante Real Decreto se vino a establecer que los pensionistas recibirían “una paga compensatoria de un 0,1% adicional antes de abril de 2019”. Es decir, más miseria para jubilados y pensionistas

Cuando el pasado año se incremento el salario mínimo a 900 euros al mes, afectando a cerca de 2,5 millones de trabajadores, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez señaló que se hacía para prevenir la “pobreza en el trabajo”, como reconocimiento oficial de que millones de trabajadores han vuelto a ser sometidos a condiciones de miseria y pobreza por los planes de ajuste y del euro.

 El derecho a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, es una de las primeras necesidades que se ve afectada radicalmente por la pobreza en el trabajo, de manera que una buena parte de los salarios y pensiones no pueden hacer frente al importe de los alquileres medios que se han acelerado en las grandes ciudades, o de las cuotas a pagar por las hipotecas de viviendas en compra.

Los desahucios y lanzamientos de sus hogares de trabajadores empobrecidos se han multiplicado dramáticamente. En los pasados meses de julio y septiembre se ejecutaron 10.177 desahucios, la mayoría por impago del alquiler que sigue subiendo sin ningún control. El drama de vivir en la calle se ha multiplicado. Por ello, se demanda con urgencia social la Suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Y la regulación y limitación de los precios del alquiler.

Esta situación de devaluación de salarios y pensiones, de limitación de derechos fundamentales, y en concreto del derecho a la vivienda para los trabajadores con menos ingresos, se convierte en una de las claves políticas de la situación general. A la que deben hacer frente, sin más tardanza, los diputados y senadores de la mayoría conformada por partidos que se reclaman de los derechos de los trabajadores y los pueblos, y del mismo gobierno que se pretende “progresista”, y se reclama de “la igualdad y la justicia social”.

El “preacuerdo” de los dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos para conformar gobierno de coalición, y los mismos Presupuestos Generales Pactados entre ellos bajo la presión de la Troika, no suponen cambio alguno en los salarios y las pensiones, que siguen sometidos a la austeridad del capital. El cambio social y político está, por ello, cuestionado desde los mismos acuerdos que deberían recoger las demandas sociales y democráticas en primer término.

La mayoría social necesita expresarse ante el nuevo contexto político reclamando las principales reivindicaciones, llamando a las cúpulas sindicales a acabar con toda complicidad con la austeridad y la desmovilización.

La Carta de demandas que debe integrar las principales reivindicaciones sociales y democráticas, que las Cortes Generales y el Gobierno deben comenzar a negociar (con los representantes de los movimientos, asociaciones y sindicatos que las defiendan), debe realizarse sin más tardanza. Comenzando por lo más urgente: por la exigencia de aumento general de salarios y pensiones, estableciendo un salario o pensión mínima de 1.200 euros.

  • Dec. 12, 2019, 1:56 p.m.

Post relacionados

En que-izquierda-necesita-el-pueblo

Desde el Socialismo, pensando en la crisis y en soluciones

April 4, 2020, 9:15 a.m.

En politica

La lucha contra la derecha

Nov. 29, 2018, 11:17 a.m.

En comunicados-y-llamamientos-del-partido

LLamado a construir candidaturas municipales por la autonomía municipal

Feb. 4, 2019, 8:32 p.m.