Espacioindependiente nº 301, jueves 4 de abril, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La hora de las reivindicaciones sociales

Hay que exigir a los partidos en sus programas que atiendan a las reivindicaciones sociales

Las Cortes Generales y los Parlamentos deben hacer ley de las demandas sociales y populares

Existe un profundo divorcio entre la mayoría social, sus reivindicaciones y aspiraciones, y la representación política e institucional en las Cortes Generales de diputados y senadores que se reclama de esta mayoría, sin hacer suyas las principales demandas. Y es en momentos electorales, como el que vivimos, cuando esta contradicción adquiere su mayor significación.

   Las elecciones generales, cuya campaña va a comenzar en breve, deberían no estar sometidas a criterios antidemocráticos, limitativos de la libertad de expresión, ni a leyes- como las leyes electorales actuales- contrarias a los principios universales de representación política (“una persona un voto”) y a listas abiertas. 

El sistema político e institucional se esfuerza para que en las elecciones y en la campaña electoral se establezca toda una serie de filtros y controles, que vienen a deformar la libre expresión de la voluntad popular; comenzando por limitar las libertades fundamentales y, en concreto, la libre expresión de todas las fuerzas políticas, mediante el uso totalmente desigual de los medios de comunicación.

La petición de libertad inmediata para los líderes del proceso constituyente catalán, para que como candidatos puedan participar en la campaña electoral, choca de frente con la situación de encarcelamiento y con acusaciones formuladas por el Tribunal Supremo, por el hecho de haber organizado un referéndum popular para que sea el pueblo quien decida acerca de la forma de Estado. Las decisiones de la Junta Electoral, tendentes a obligar a la retirada de los símbolos por la libertad de los presos y la libre vuelta de los exiliados de los edificios públicos de la Generalidad, así como la censura que se establece sobre los medios de comunicación para que no se pueda hablar “presos políticos” ni reivindicar su libertad..., ponen de manifiesto la precaria situación democrática en la que se pretende llevar a cabo la campaña de las elecciones generales.

Desde las cloacas del poder, hemos conocido todo tipo de interferencias y provocaciones contra fuerzas políticas y sindicales, que adquieren valor ante la opinión pública por la existencia de una red de medios de comunicación al servicio del régimen. Los “villarejo” son una realidad, una verdadera trama corrupta que aún pervive, en formas distintas, en los medios policiales, judiciales y de comunicación, y de las administraciones en general. El principal objetivo político de los “villarejo” ha sido el de hacer negocios mafiosos de todo tipo para proteger las leyes e instituciones del “bloque constitucional”, impuesto frente a las demandas democráticas mayoritarias.

Y son estas tramas, que operan en las cloacas del poder, las que manipulan la vida política y electoral, agigantando con financiación opaca a las formaciones que se sitúan en posiciones de extrema derecha; formaciones que vienen de adoptar las principales agresiones del “trumpismo” contra las conquistas sociales y los derechos democráticos, tratando de volver -en el caso de nuestro país- a los peores tiempos del franquismo.

A través de las cloacas del poder del régimen de la monarquía se trata de someter a partidos y sindicatos, y por extensión a los movimientos sociales, a sus exigencias mediante la razón y financiación del Estado. Por eso, partidos libres e independientes de la razón de Estado son imprescindibles para poder representar la voluntad política de la mayoría y devolver la soberanía a los pueblos.

El paro, la precariedad y la miseria social impuesta a través de las leyes de contrarreforma tienen su contrapunto en la orgía de beneficios de los capitales y en la corrupción política e institucional. Las medidas de privatización y de “uberización” de sectores enteros de la economía vienen a destruir de forma sistemática bienes y servicios públicos, para establecer nichos de negocio cada vez más especulativos para beneficio de una minoría.

Los fondos buitre destruyen las condiciones de mantenimiento y acceso a la vivienda, imponiendo alquileres imposibles y los desahucios como síntoma de ataque en profundidad contra los más elementales derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda digna y en condiciones sociales aceptables.

Los principales movimientos sociales, como es el caso de los formados por víctimas del franquismo, los afectados por hipotecas y alquileres imposibles de pagar, el movimiento de las mujeres contra la desigualdad y los feminicidios -que cuenta con un respaldo popular importantísimo-, … están reclamando que sus demandas se conviertan en leyes a través de los representantes elegidos de la mayoría política.

  Estamos convencidos de que no se puede dividir a la mayoría social entre quienes defienden las reivindicaciones sociales y los que afirman el derecho de los pueblos a decidir sobre sus destinos.  Todas las exigencias sociales y democráticas de los trabajadores y los pueblos son compatibles y, al mismo tiempo, contrarias a un sistema político clientelar, opaco y liberticida.

La mayoría social y de las nacionalidades, que exige el derecho a sus reivindicaciones y al derecho decidir, aprecia que en la campaña electoral es la hora de demandar que las reivindicaciones para acabar con las contrarreformas políticas y sociales figuren en los programas de los partidos que se reclaman de sus intereses.

Por todo lo dicho, las Cortes Generales que salgan de las próximas elecciones están llamadas mayoritariamente a convocar una consulta popular acerca de la forma de Estado. Para que sean los pueblos los que decidan acerca del mantenimiento de la Monarquía o la proclamación de la República, como marco democrático que haga posible la satisfacción de las demandas sociales y políticas.