Ajuste económico para la reducción de la deuda y privatización de los recursos públicos

Ildefonso Gómez

La constitución de los ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones, que debería haber sido una fiesta democrática, se convirtió en un verdadero mercado persa de todo tipo de contubernios. El sistema político que favorece el caciquismo y el localismo tiene también su teatralidad, y esta es la del clientelismo político vertical que deviene del hecho de que el poder del Estado y de la Unión Europea son quienes deciden sobre los municipios. En la campaña de las elecciones se ha asistido a la acumulación de mensajes vacios, pero a la hora del reparto de alcaldías y concejalas se ha decidió en función del goce presupuestario.

Un balance aproximado de la actividad de los municipios nos dice que el objetivo principal de estos no fue en el periodo anterior el que se deriva de la necesidad democrática de responder a las demandas sociales, sino el de pagar la deuda a los bancos. Reduciendo sustancialmente la deuda. De forma que los depósitos bancarios de los municipios son superiores a la deuda. Los grandes Consistorios como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y Zaragoza han sido, entre muchos otros, los que más rebajaron sus compromisos financieros. Otros como Gandía, Parla, Jaén, Ceuta y Jerez de la Frontera son los municipios de más de 50. 000 vecinos con más deuda, que con otros 300 se ven tutelados por Hacienda por incumplimiento del déficit impuesto. Los compromisos presupuestarios han puesto lo servicios municipales a los pies de los caballos del ajuste permanente dictado. Ajuste que además ha supuesto el despido de unos 140.000 empleados público y la continuidad de las privatizaciones.

La herencia que los políticos locales, incluidos los de los ayuntamientos llamados del “cambio”, dejan a los nuevos regidores los frutos de sus sumisión: unas cuentas mucho más saneadas y unos servicios sociales y ciudadanos precarizados y deficientes. Situación que desmiente aquello de que hay que “gobernar para todos”, como suelen repetir los políticos de todos los colores. No se gobierna para todos cuando se cubren todo tipo de corruptelas, se pagan las deudas bancarias con altísimos intereses en detrimento de todos los
 derechos ciudadanos, es decir de la democracia municipal.

Los análisis de los resultados electorales llegan a todo tipo de conclusiones acerca de la vuelta del PP al Ayuntamiento de Madrid, así
como en otros, y obvian que cuando las derechas vuelven a las instituciones hay que ver si las políticas de derechas que se han ejecutado en el periodo anterior no han facilitado su vuelta al gobierno. Hay que recordar lo que es una experiencia política de todos : las políticas de derechas practicadas por los gobiernos de las izquierdas oficiales nos trajeron las mayorías de las que gozaron en el pasado los gobiernos del PP.

La herencia que el gobierno de M. Carmena deja a las derechas coaligadas, además de la disciplina financiera y presupuestaria, es también la que representa el botín de la “Operación Chamartín”: Con J. Borrell, como ministro de Fomento, en 1993,se llegó a un primer acuerdo entre Renfe y el Grupo Bancario Argentaria para el desarrollo urbanístico de 1,27 millones de m2 de la zona norte de Madrid, limitando con la estación ferroviaria de Chamartín. En un proceso de negociaciones, que se ha mantenido en secreto hasta ahora, se conoce que el BBVA, que se quedó con Argentaria por la política de privatizaciones de Aznar, y la constructora San José, negocian dicho desarrollo urbanístico (a mitad del precio de mercado del suelo en la zona), y además a pagar en cómodos plazos (20 años). Un suelo y una obra importante que debe enterrar las vías férreas, financiándose con inversiones públicas pero se convierte en un regalo a bancos y constructoras. El montante del negocio especulativo que supone la hora rebautizada como operación” Madrid Norte”, para construir una ciudad financiera y 10.000 viviendas, supera los 20.000 millones de euros. El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez –Almeida, nada más tomar la vara de alcalde anunció que en el primer pleno municipal llevará a aprobación definitiva el pelotazo urbanístico que le deja como herencia el “gobierno municipal del cambio” de Manuela Carmena.

El reparto del poder municipal se identifica con el de los presupuestos, que se efectúa de forma clientelar, que ha venido condicionado por el aumento de representantes de nuevos partidos, y por el establecimiento de bloques políticos ideológicos: en primer lugar el bloque de las derechas, y del bloque constitucionalista, destinado a cerrar el paso a acuerdos con los representantes democráticos de las diversas nacionalidades. Operación de reforzamiento centralista del poder en la que ha caído el Ayuntamiento de Barcelona. Imitando el cuadro de limitaciones que las derechas establecen al posible gobierno de Sánchez y su partido, para que no se amplíe la base política necesaria para su gobernabilidad. El consenso constitucional se ha impuesto en muchos casos como punto de partida contra lo político, porque con ello se cierra el ámbito mismo de todo desarrollo político. Tratando de impedir acuerdos políticos y sociales de gobierno en apoyos de las demandas sociales. Los asuntos que componen la res pública, los asuntos de interés común, no pueden ser reducidos a los negocios de bancos y grandes empresas en los Consistorios.

La política oficial, que une a la derecha e izquierda partidaria del régimen, trata por todos los medios a su alcance a reducir la gobernanza local a una mera gestión tecnocrática), y vemos que dicho argumento no trata sino de justificar la imposición de la política exclusiva del capital y de la especulación; y los ayuntamientos españoles, sean de un color u otro, son buen ejemplo de ello.