Espacioindependiente nº 411, jueves 17 de junio, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Alarma social ante la abusiva subida de precios

¡Acabad en nombre de la democracia con la injusticia, la desigualdad y el olvido de las víctimas del franquismo!

Se ha insistido en los últimos días en los medios acerca de la brutal subida de la luz, de la gasolina y el gasoil. Así es: la energía eléctrica, cuyos dueños constituyen un oligopolio que tiene su origen en el saqueo franquista, ha subido en pocos días las tarifas un 45%, siendo para ello necesaria la complicidad del gobierno, que se beneficia de las subidas recaudando aún más impuestos de los sectores obreros y populares, que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Se da un nuevo empujón, en tiempos de crisis, a los beneficios especulativos del capital. Lo mismo está sucediendo con la subida vertiginosa de la gasolina y el gasoil, alcanzando en poco tiempo el 22% de encarecimiento. Son productos de gran consumo popular, que están desencadenando un alza generalizada de precios de primera necesidad, como es también el caso del pescado, la fruta, la cerveza… La vida cara se impone sobre los salarios y pensiones prácticamente congelados, y con un millón de hogares en los que oficialmente no se conoce que tengan ingreso alguno. Todo un despropósito de la política gubernamental que impone la luz y la gasolina más cara de toda Europa, si se comparan los precios con las rentas del trabajo de los diferentes países.

La subida general de salarios y pensiones no puede esperar por más tiempo, amenazados por los bloqueos de la Unión Europea y sus préstamos a las grandes empresas que hemos de pagar todos. Es preciso superar los devaneos de una negociación social en la cumbre del Ministerio de Trabajo, que impide el desarrollo de las negociaciones de los convenios colectivos vencidos, tal y como sucede en la hostelería y en el comercio. Un salario y una pensión mínima de 1.200 euros se constituye en una reivindicación social fundamental para hacer frente a la crisis desde el punto de vista de los intereses de los asalariados de ayer y de hoy, una exigencia fundamental para hacer frente a la carestía de la vida y a la miseria social.

El Gobierno se opone con todas sus fuerzas a la subida de salarios y pensiones y a la contención de los precios, tratando por todos los medios de sabotear cualquier reivindicación social. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de vivienda, que trata de reducir su cuantía, limitando el precio del alquiler. Las instituciones del régimen monárquico -que es lo que defiende el gobierno como si se tratase de la niña de sus ojos- y, en concreto, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y el todopoderoso Consejo de Estado -que nada tiene que ver con la democracia- han establecido que una buena parte de la ley catalana de vivienda es inconstitucional. La aplicación de dicha ley de vivienda catalana ha conseguido en poco tiempo una caída del precio del alquiler en Barcelona del 14% y poder actuar sobre unos 80.000 contratos en las zonas más conflictivas.

Mientras tanto, continúan los lanzamientos y desahucios de familias de sus hogares. Esta misma semana se suicidaba un trabajador en paro en Barcelona ante la llegada a su vivienda de la comisión judicial arropada por un amplio despliegue policial. ¡Lo constitucional es la especulación, el desahucio y el suicidio!; ¡lo constitucional es el abuso y la especulación con la vivienda de los sectores populares! Por ello, se aceleran en la Moncloa los trámites para aprobar una ley de vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que niega de plano la reducción del precio abusivo de los alquileres.

La corrupción no deja de corroer todos los fundamentos de estas instituciones contrarias a la democracia y a la soberanía de los pueblos. Treinta años después de los saqueos económicos sistemáticos del clan de los Pujol, el hombre de Estado en Cataluña durante decenios se ve ante la justicia, que propone llevar al banquillo de los acusados a toda la familia. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuantifica, muy por lo bajo, el saqueo de los Pujol en 290 millones de euros. El 3% que denunciara en el Parlamento Pascual Maragall y todo lo demás ha dado durante treinta años, sin duda, para mucho más.

Sería el caso de corrupción más escandaloso -vinculado a la gobernabilidad y al régimen del consenso instaurado a la muerte del dictador-, y el más significativo de este periodo, si no se tuviera en cuenta la corrupción sistémica del PP y de la Casa Real, donde la noticia, ya en forma negativa, es ¿en qué paraíso fiscal no hay fondos de la Casa Real procedentes de la corrupción y del abuso de poder? Pero la Casa Real sigue gozando de total impunidad y de la libre barra de financiación que le asegura el gobierno “de progreso”.

El acto celebrado ayer mismo por el Círculo de Economía de la burguesía catalana sirvió de lugar de encuentro del Gobierno de Sánchez, el Borbón y de máximos responsables de la Generalidad encabezados por el presidente Pere Aragonés. Un encuentro que no se podía celebrar desde hace tres años y que solo ha sido factible por los compromisos establecidos entre el PSOE y ERC en torno a los posibles indultos, que dejan a tres mil personas imputadas -por haber participado en el referéndum sobre autodeterminación- en situación de indefensión política. El acto oficial fue directamente difundido mediante fotos y comentarios a los medios por la misma Casa Real. ¿A quién beneficia políticamente el indulto pactado para impedir la Amnistía de todos los afectados?

 El próximo fin de semana llega a Madrid la Marcha Saharaui a la búsqueda de una solución para su frustrada declaración de independencia, realizada el 27 de febrero de 1976 en Ben Lahud, cerca de la frontera de Tinduf. La defensa de su independencia, integridad y recursos naturales no depende solo de la lucha del pueblo saharaui, sino y también del apoyo internacional que debe recibir para culminar su justa causa. Los pueblos de España, que tan sensibilizados están por el libre ejercicio de su propio derecho de autodeterminación, están llamados a movilizarse con el pueblo saharaui, exigiendo del Gobierno español el cumplimiento del mandato descolonizador que se viene incumpliendo desde hace 46 años, cuando el gobierno monárquico de la época pactó con Marruecos y Mauritania la ocupación y explotación del Sáhara Occidental mediante los ilegales Acuerdos de Madrid.

La memoria política, que nos lleva a defender la autodeterminación del pueblo saharaui y de cuantos así lo exijan en defensa de sus aspiraciones nacionales y democráticas, es también la causa que nos lleva a plantear la necesidad de poder llevar a cabo un debate democrático, y en particular con todos los interesados, acerca de la forma y de las consecuencias de la apertura que se viene realizando de fosas de fusilados de la guerra civil y de la dictadura. En muchas localidades donde aún hay fosas comunes sin abrir (parece ser que más de 1.200 todavía) se viene reclamado por familiares y asociaciones locales de víctimas la apertura inmediata de dichas fosas señaladas y conocidas, con el objetivo de recuperar los restos. Para financiar dichas operaciones se suelen poner de acuerdo entidades locales y autonómicas que reciben financiación estatal o no, según los casos. Se vulnera con ello la exigencia de que la apertura de dichas fosas no pueda hacerse sin evitar la destrucción de pruebas de asesinatos masivos, y la demanda del derecho a verdad, justicia y reparación a los poderes públicos, que han obviado hasta el día de hoy y durante décadas sus responsabilidades.

Todos queremos dignificar las víctimas de la guerra y de la dictadura. Por eso es imprescindible exigir entre todos que las instituciones con poder acaben con las leyes y doctrinas de impunidad vigentes, mediante las cuales impiden que nuestros familiares sean tratados como personas asesinadas. La prevaricación de la justicia ante el levantamiento de fosas, sin abrir expedientes judiciales y la necesaria investigación de la verdad de lo acaecido, así como la complicidad de los políticos con los crímenes cometidos, no es solución democrática.

Por ello, ante la próxima discusión en Cortes de una nueva Ley de Memoria, que vuelve a desconocer la necesaria aplicación del derecho internacional humanitario a las víctimas y a las exigencias democrática de sus familiares, urge demandar ante las Cortes y el Gobierno que acaben de una vez 92 largos años de impunidad criminal: de la impunidad de la dictadura y de la impunidad de la supuesta democracia.

ESPACIO INDEPENDIENTE es un colectivo de militantes del PSLF