Vivienda y poder político en Extremadura 

Juan Viera, Diego Cayuela (Campamento Dignidad),y Ana Naranjo (Mérida Solidaria) 

 Por motivos de espacio en ls pocas páginas nuestro semanario socialista hemos procedido a reducir el inicio del artículo, y resumiendo alguno de los párrafos del original de los compañeros. El texto comienza por establecer los principios jurídicos nacionales e internacionales sobre el derecho a la vivienda, que lleva hasta la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda vigente en Extremadura. Sin embargo, los poderes públicos no cumplen ni explicita ni implícitamente con lo que se apunta en estas normativas, que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido que la descripción literal de un supuesto. Así, suenan a música celestial los arrebatadores discursos y las declaraciones de los dirigentes políticos cuando pregonan facilitar el acceso de los jóvenes a este bien o que van a aumentar las ayudas al alquiler o incrementar el parque de viviendas públicas. 

Los problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar las desigualdades sociales. Aquellos presentan una casuística variada y compleja que tiene su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez general enfermedades y daños mentales irreversibles en quienes lo sufren: personas y familias en una precariedad habitacional por el deterioro físico e higiénico de las viviendas. Quienes comparten viviendas en estado de hacinamiento, o aquellos que se encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de pagar el piso que tienen alquilado, y están amenazados de desahucio ; jóvenes que viven con sus padres incapaces de independizarse y formar una familia. Familias que viven en viviendas de ínfimas dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de moverse… La vivienda, además de ser un elemento fundamental para la vida digna es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible para acceder a ciertas ayudas sociales. Circunstancias que se ven agravadas por comportamientos institucionales, tales como la lentitud a la concesión de ayudas al alquiler, la escasez de parque de viviendas sociales, y lo elevado de los precios de arrendamiento que dificultan el acceso alojamientos decentes. Si a esto sumamos los bajos salarios, la precariedad laboral y el desempleo, no es de extrañar que nos encontremos a la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000 personas en Extremadura en el umbral de la pobreza con riesgo de exclusión social. Las clase trabajadoras no pueden seguir a expensas de los caprichos de un poder político que se mantiene ajeno a sus intereses y se necesitan gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza. Tal y como nos están mostrando diversos colectivos de trabajadores, no queda otra solución que las movilizaciones en la calle. 

No hay otra forma. Las propuestas en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación son las siguientes: 

1.-Utlización inmediata de recursos a favor de los más necesitados 

Aumentar y acelerar la concesión de ayudas al alquiler y de las viviendas sociales disponibles con objeto de atender situaciones de especial emergencia, como está sucediendo en Mérida, ye n otras localidades. Evitando desahucios y desalojos. 

La Renta Garantizada Extremeña no puede ir a pagar sólo la vivienda sin cubrir los gastos de alimentación, y de otras necesidades básicas. 

2.-Protección especial a niños y niñas frente a los desahucios y desalojos 

Los niños no son culpables de las situaciones familiares de emergencia. 

3.-Ampliación del parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura. 

Cuando se presume oficialmente del parque de viviendas sociales en Extremadura, la realidad pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente, ya que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las familias más necesitadas. Según declaraciones de la Consejera de la Junta de Extremadura no se conocen con exactitud las necesidades que hay en este aspecto en la región, y muchas familias entienden que no vale la pena perder el tiempo rellenando papeles. Desde hace años venimos reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias sean adquiridas por la Junta con objeto de destinarlas al alquiler social. Más de 200 viviendas de los Álamos (Mérida) en manos de entidad financiera están a la espera de operación especulativa mientras que cientos de familias carecen de vivienda digna. En Villafranca de los Barros hay viviendas en construcción estado de abandono. En Badajoz, las viviendas de la Guardia Civil en el barrio de Suerte de Saavedra son objeto de una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta que impide disponer de las mismas. 

4.-Creación de Bancos locales de viviendas. 

En ciertas localidades hay viviendas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta. Esta política de adquisición y rehabilitación es más sápida y eficaz que la nueva construcción. Estableciendo para ello la partida presupuestaria para que en los municipios se constituyan los mencionados bancos locales para alquiler social. 5.-Plan de desarrollo y rehabilitación de áreas urbanas degradadas. Es de vital importancia la realización de planes urbanísticos en barrios con un notable estado de abandono, para dotarlos de calidad habitacional. 6.-Empresa Pública y Banco Público de carácter regional. La ejecución de políticas públicas de construcción y rehabilitación de viviendas, y otras actividades urbanísticas requiere de Empresa pública y Banco Público en Extremadura.