Espacioindependiente nº 372, jueves 3 de septiembre, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

¿Súbditos de la corona franquista?

El titular de la jefatura del Estado debe rendir cuentas de las corruptelas ante las Cortes

Corría el año 1938 cuando el auto proclamado jefe del Estado, como jefe de los militares golpistas y del ejército de ocupación, se hacía regalos o instaba para que se le hicieran, como botín de guerra, enriqueciéndose ilegalmente durante décadas.  A su muerte dejó su herencia política criminal a los Borbones y los saqueos económicos personales, practicados al calor de la guerra y la dictadura, a su familia. El juzgado nº1 de A Coruña ha venido a reconocer ahora, que los Franco se atribuyeron la propiedad del Pazo de Meirás fuera de la ley, condenando a los herederos de Franco a devolver la propiedad a su legítimo propietario (el Estado), ya que la propiedad fue regalada al dictador, mientras su régimen totalitario se mantuvo en el poder. Concluye que la compraventa realizada el 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, que resulta ser nula de pleno derecho.

Otras muchas propiedades, inscritas a nombre de personajes del régimen, siguen siendo objeto de usurpación de bienes públicos y privados, como es el escandaloso caso de las masivas inscripciones fraudulentas de propiedades a nombre de la Iglesia, que el gobierno de Sánchez se niega siquiera a que se conozcan.

Por vez primera en la historia, un exministro franquista y de la monarquía, Rodolfo Martín Villa, quien se encargó como ministro del Interior -con otros como él- de aplastar la resistencia popular, destruyendo buena parte de los documentos comprometedores de la represión, va a presentarse el día 3 de septiembre en la embajada argentina en Madrid a declarar por “delitos de homicidio agravado”, en un contexto  de crímenes contra la humanidad; delitos que causaron muertos y heridos, detenidos y condenados por los tribunales. Es investigado por el juzgado nº 1 de lo criminal de Buenos Aires (Argentina), por un total de 13 delitos de homicidio agravado, como la masacre de Vitoria de marzo de 1976, de crímenes de los “guerrilleros de Cristo Rey”, de otros crímenes policiales, así como otros cometidos por la represión en los Sanfermines del 78. Crímenes que fueron cometidos cuando Martín Villa ostentaba la responsabilidad de ministro de Gobernación.

Tal y como sucediera con el llamado a la defensa del legado de Juan Carlos I -que fue firmada por exministros y altos cargos del régimen-, una parte de la casta política del régimen de la monarquía, encabezada por Felipe González y los otros tres expresidentes vivos, y por el vicepresidente de la Comisión Europea, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, han vuelto al primer plano de la defensa del régimen con cartas a la jueza Servini en defensa ahora de Martín Villa, mediante su intento de ocultación de los crímenes franquistas, aún cuando las instituciones españolas y la justicia en particular se niegan a la protección de los millones de personas que han sido víctimas del franquismo.

De los escritos enviados al juzgado de Servini cabe destacar, por su descaro reaccionario, el del expresidente y exdirigente del PSOE Felipe González, donde viene a decir que “se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de mala fe lo instaron (este proceso) y sin sentido”. Para González no solo no existe derecho alguno de las víctimas (cuando él ha promovido ampliamente el derecho de las víctimas del terrorismo), negando no solo todo derecho a la defensa, sino reclamando que se proceda de nuevo contra las víctimas, es decir, que se remate a los muertos y se condene de nuevo a los torturados y encarcelados. No esperábamos menos del tal González, un muerto de hambre que se ha hecho muy rico colaborando en las cumbres del poder con el régimen de la monarquía, como otros muchos ministros, altos cargos, dirigentes políticos y sindicales … a sueldo del régimen, que han combinado la corrupción con la traición a los intereses que dicen defender.

Los actuales dirigentes del PSOE, que tratan de tapar las traiciones del “felipismo”, sobre las que gobiernan, se ven forzados ante las exigencias democráticas a recurrir contra el saqueo de la familia Franco, y a que se investigue a las grandes empresas españolas ejecutoras de la obra del AVE a la Meca, origen de las grandes comisiones ilegales por las que los juzgados suizos y españoles investigan las cuentas multimillonarias de la corona.

El silencio de los fiscales españoles, que investigan los asuntos de la corrupción de la corona, no hace sino agravar la crisis, y emiten con ello una señal inequívoca de impunidad, y sobre todo de que no van a actuar sino para impedir que los titulares de las cuentas ilegales sean convocados o procesados por juzgados internacionales. A ello han contribuido quienes han impedido la investigación parlamentaria diciéndole, con sus decisiones, a toda la sociedad que con la inviolabilidad que protege a la corona se puede delinquir sin preocuparse por sus posibles consecuencias. Las señales de impunidad judicial y política, que se emiten son, en definitiva, totalmente contrarias a las demandas sociales y políticas de transparencia y democracia.

La combinación de la corrupción e impunidad ha bloqueado los mecanismos de posible depuración de las responsabilidades de gobierno y de Estado, conduciendo a todas las instituciones del régimen al sometimiento, al dictado de otras instancias directamente vinculadas al imperialismo europeo y norteamericano, como es el caso de la Unión Europea y la OTAN.  En la preparación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, éstos vienen dictados e impuestos por los préstamos prometidos y por las exigencias de los financieros de Bruselas, así como por los gastos e inversiones militares exigidos por Trump.

Las cuentas de los Presupuestos 2021, y los ajustes que conllevan, son imprescindibles para que Bruselas suelte los millones de las ayudas por el coronavirus, inflando una Deuda Pública que puede situarse en el 120% del PIB; cuentas que se encuentran de frente con la rebelión de los alcaldes, que se oponen al acuerdo del Gobierno y de la FEMP, con la oposición de los jubilados y pensionistas amenazados de más recortes en sus ingresos ...

La negativa de la monarquía a dar cuentas de sus actos ante las Cortes se constituye en el problema de problemas del régimen desde que Felipe VI renunciase ante notario a la herencia de su padre. Si las Cortes no representan la voluntad popular, como dicen con sus actos tanto el gobierno como la Corona; si la Casa Real -según ellos- no debe responder de sus abusos de poder y de sus negocios fraudulentos ante las Cortes y la justicia; si los delitos reiterados que son ampliamente conocidos por la opinión pública no deben ser examinados por la voluntad popular, …, la voluntad popular secuestrada la encarna exclusivamente la familia real, en forma de monopolio del poder. En consecuencia, estaríamos en presencia de la conformación de un verdadero golpe del poder regio, apoyado en el gobierno y en el espadón que tiene en sus manos la Corona con la ocupación de hecho de la jefatura del ejército.

Todo señala que estaríamos en puertas de la cristalización de una verdadera contrarreforma política y económica encabezada por el interés reaccionario de proteger los privilegios y corruptelas de la Corona, y de un gobierno sometido a sus exigencias y de las instituciones internacionales del capital.

Algunas plataformas de jubilados y pensionistas, ligados a las políticas de los partidos del gobierno, han abandonado en la práctica sus demandas sociales, para venir a solicitar el blindaje de las pensiones en la constitución del 78. Obvian que los intereses que han sido blindados en la ley de leyes del consenso son los del capital y la Deuda, los de la Monarquía, la Iglesia y el Ejército. Privilegios que son incompatibles con las demandas sociales y democráticas, con la subida de los salarios y las pensiones, la igualdad de las mujeres y el futuro de los jóvenes.