SOLUCIONES REPUBLICANAS Y FEDERALES

Ildefonso Gómez

Es presidente del PSLF y Abogado

L a arquitectura del poder del Estado se montó en España a partir de la Ley de Reforma Política, que condujo a la imposición monarquía criada en El Pardo. Falsa monarquía parlamentaria, donde prevalece el principio monárquico por encima de toda legitimidad democrática a la que de hecho anula en cada ocasión, secuestrando la voluntad popular. El texto constitucional viene a decir que” la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. La realidad es otra bien distinta, el Estado se impone de hecho mediante sus poderes a toda expresión democrática, y en particular a los partidos políticos, en la forma de una “monarquía parlamentaria”. En ese orden, es decir el de un régimen monárquico-franquista que maneja formas de la democracia; así como las pocas formas de parlamentarismo hecho a su medida para imponer sus intereses e instrumentalizando los partidos a los que financia e impone la” razón de estado”. 

 El forzado traje constitucional que se le quiere imponer a la mayoría social no sirve más que para fomentar al bloqueo y la frustración. A partir de 2010. Conocemos una ofensiva que toma la forma de una verdadera contrarreforma social y territorial (declaración de inconstitucionalidad del buena parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña y ataque a las conquistas históricas de los trabajadores mediante ley de contrarreforma social). Medidas impuestas en el gobierno Zapatero que prepara las condiciones de verdadero golpe antidemocrático que culmina en 2011 con la contrarreforma constitucional del 135 pactada por el PSOE y el PP, (Por la que deuda pública en manos de los bancos se superpone a los gastos sociales). Nueve años después los diferentes partidos y sus respectivos líderes siguen metidos en esa regresión y no han encontrado soluciones de ningún tipo para los problemas reales, acudiendo, unos y otros, una y otra vez, al arsenal de medidas de contrarreforma social y política. Esas políticas de contrarreforma dieron mayoría absoluta al PP. Los argumentos que hemos conocido por la izquierda oficial en la última campaña electoral para demandar el voto a programas políticos y candidatos paniguados llevó a la mayor participación a través del “voto útil”, es decir el voto que en teoría debería sumar para oponerse a la posibilidad de una mayoría de derechas, que se haría cargo del gobierno, una vez impuestos los planes de derechas, como venía de suceder en Andalucía. Al no existir propuestas políticas que ayuden a la movilización y a la unidad de trabajadores y sectores populares, las elecciones que se convocan el 10N conllevan una gran contradicción, la de un voto útil muy inútil, es decir el de un voto que no suma lo bastante para conformar gobierno y que sostiene programas que se niegan a modificar la realidad en positivo. Con el voto útil contra las derechas, contra Vox, consiguieron, tanto el PSOE como UP un caudal de 10,5 millones de votos que junto con los votos a las expresiones nacionales de los pueblos constituyen la mayoría política, votos de la mayoría que no sirvieron para formar gobierno ¿Cómo se invocará ahora el voto ante la división, la decepción y la desmovilización mayoritaria? El bloqueo político e institucional devienen de muchos factores combinados, y tiene un fondo material que lo encontramos en la situación de estancamiento y de retroceso social en muchos aspectos, combinado con una descarada recentralización territorial de ayuntamientos y comunidades autónomas en violación de los principios de autonomía local, regional y/o nacional. 

En el movimiento de los trabajadores son reiteradas las demandas sindicales que pese a su debilidad, en tanto que gozan de muy poca independencia para reivindicar frente al Estado y la patronal, no dejan de denunciar la necesaria derogación de las contrarreformas sociales, tanto las del PSOE, como las del PP, y que se restablezca la negociación colectiva ante las importantes pérdidas de poder adquisitivo, tanto de los salarios como de las pensiones. La precariedad del empleo y del salario ha sido establecida a golpe leyes y decretos, agravándose las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. En muchos sectores aún no se ha aplicado la tímida subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La brecha salarial de las pensiones y los salarios entre hombres y mujeres, del 30%, sigue siendo una afrenta contra las reivindicaciones feministas de clase de igualdad salarial en el mismo trabajo. La contrarreforma social y la recentralización política contra las políticas autonómicas han roto buena parte de los elementos de consenso establecidos en la negociación política presupuestaria y en la vida sindical casi desparecida. Los desgobiernos y/o la continuidad de gobiernos débiles, tanto del PP como del PSOE han servido para que se multiplique la desigualdad social y territorial. A nadie se le escapa la gravedad de la situación. El problema histórico español de un Estado superpuesto por encima de los derechos de las naciones se combina en lo territorial con unas naciones que toman conciencia de sus derechos y aspiraciones democráticas. Y no hay soluciones fáciles para problemas tan complejos. En todos los programas de los partidos del régimen hay un vacío total de cambios, una ausencia de proyecto político democrático, más allá de la pelea por ocupar el palacete de la Moncloa. Desde la restauración Canovista el sistema político español se fundó en el poder de la monarquía aliada a la iglesia, en el bipartidismo, en el centralismo más o menos disimulado, y en el capitalismo de amiguetes de los grandes pelotazos, que fomenta la corrupción institucional. Esquema esencial del poder en España que se volvió a copiar a la hora de la Transición de la dictadura a la monarquía. Sistema político, institucional, y constitucional que se transfirió al régimen del 78, pero que requiere consensos para mantenerse, consensos que han sido rotos una y otra vez por las instituciones del régimen. 

 Las soluciones democráticas: laicas, sociales, republicanas y federales… están ausentes de los proyectos políticos de los partidos que se alternan en el gobierno, cuando son las que se demandan por la mayoría social. Las mayorías se bloquean ante la ausencia de consensos, y por los efectos de la crisis política y social. No es por tanto con más elecciones, casi como castigo, como se va a resolver el problema histórico español de un Estado por encima de los derechos de las naciones que lo componen, y el de una burguesía que se niega a normalizar las condiciones de vida y trabajo de la población, ya que es precisamente en la sobreexplotación y en el dumping social donde hacen el agosto. Todo ello pone los gobiernos al alcance de las derechas en medio de la abstención obrera y popular, y de forma contradictoria sitúa las soluciones republicanas y federales en primer plano de la actualidad.