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Sobran explicaciones, lo que falta es democracia y justicia

Sobran explicaciones, lo que falta es democracia y justicia

ESPACIO INDEPENDIENTE

El Papa ha ordenado la y malos tratos, durante un periodo que va desde 1943 a 2018.

El portavoz del Estado Vaticano, Mateo Bruni, amplió dicha información diciendo, que ha sido el Papa quien ha solicitado que se apertura de la primera investigación del Vaticano sobre víctimas de la pederastia en España. El Vaticano confirma que la Congregación para la Doctrina de la Fe está estudiando la documentación entregada por el periódico El País al Papa directamente, un informe que recoge 251 historias de abusos proceda conforme a la legislación canónica, investigando los casos hechos públicos. Cuestión que fue tratada recientemente entre el Papa y una delegación de 24 obispos españoles en Roma.

La Congregación para la Doctrina de la Fe puede llevar directamente la investigación u ordenar a los obispos españoles que se encarguen de ello. Lo cual sería una explicación de parte, es decir, interesada; cuando se trata de delitos penales que corresponde conocer a la sociedad, y propios del sistema judicial de Estado. De todas formas, la Iglesia española no ve con buenos ojos que se investiguen los delitos cometidos por religiosos. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española sostiene que la Conferencia Episcopal no tiene competencias para ello y “es por ahora partidario de evitar una investigación de carácter sociológico o estadístico, optando por el conocimiento personal”.

La confusión es una vez más la norma vaticana: reparte papeles a las diferentes jerarquías, a lo que se añade la división entre los mismos obispos: unos se niegan a cualquier investigación, otros piensan que lo mejor es llevarse el conflicto al terreno canónico, impidiendo un juicio penal público.

Asunto este, el de los delitos cometidos por religiosos contra la población, que tiene una larguísima trayectoria en todo el mundo. En el año 2011 una asociación internacional de víctimas de sacerdotes pedófilos presentó querella criminal contra el Papa por “crímenes contra la humanidad”, por el hecho de “haber tolerado y hacer posible el camuflaje sistemático y extensivo de violaciones y crímenes sexuales contra niños en el mundo entero”. Hacían responsable al Papa y a las más altas autoridades del Estado Vaticano, entre ellas a la misma Congregación para la Defensa de la Fe, “por su responsabilidad directa y superior de la jerarquía”.

Responsabilidades que el caso español son inseparables de la colaboración con el fascismo y sus crímenes, con el robo de bebés y con el trato degradante a presos.

El Tribunal Penal Internacional resolvió que el Vaticano, como Estado, goza de inmunidad, y puso el balón en el tejado de los Estados para que resolvieran dichos crímenes cometidos contra la humanidad en sus propios territorios. El Estado español, especialista en establecer la impunidad como norma suprema, no se dio por aludido, y sus gobiernos siguieron provocando el olvido y la indefensión de las víctimas.

La lucha por la laicidad no se puede efectuar al margen de la exigencia de verdad y justicia, de reparación contra los delitos y la impunidad. Exigencia que afecta tanto al Estado como a la Iglesia, mientras que el gobierno ni los contempla.

La Asociación catalana de “Inmolados por la libertad” nos hace llegar un quinto manifiesto sobre el proyecto de Ley de Memoria en el que se dice: “Estamos totalmente desengañados por la actitud del Gobierno socialista actual, debido al desconcertante proyecto de ley de Memoria Democrática … Después de más de 40 años de la muerte del dictador y criminal de guerra, es incomprensible que tengamos que estar reclamado la rehabilitación jurídica de nuestras familias, nuestras madres no han podido verlo y los hijos tienen una edad que, si se demora mucho más, tampoco podremos”.

La alianza reaccionaria del altar y la corona, del altar y el Ejército, han impedido que se puedan investigar en su conjunto los acontecimientos criminales provocados por la “Cruzada de Franco”, bautizada así por los obispos españoles y por el mismo Vaticano. Impunidad que se ha extendido a la dictadura y a la monarquía hasta nuestros días. La exigencia democrática de separación Iglesia-Estado es una de las claves.

El Gobierno no ha querido resolver la situación de indefensión de las víctimas, abrazando, por el contrario, la doctrina reaccionaria de la impunidad, que abarca tanto a las víctimas del franquismo como a las víctimas de la Iglesia. El asunto de la impunidad, establecida como doctrina de Estado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sostenida oficialmente a partir de la Ley de Amnistía, es de extrema importancia para el presente y el futuro político. Hace unos días fue el mismo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quién preparando las condiciones para la vuelta a España del Rey Emérito, habló de la necesidad de que el fugado diera “explicaciones”. El asunto que tiene varias vertientes: cuando se procede a cerrar en falso las investigaciones judiciales, y al mismo tiempo el Gobierno ha impedido las investigaciones políticas solicitadas en las Cortes Generales, habría que preguntar a Sánchez de qué explicaciones habla cuando pide explicaciones.

La anunciada vuelta a España de Juan Carlos I constituye una tremenda ofensa a la población, a la democracia y a la justicia, que el titular de la corona y el mismo Gobierno no saben cómo ejecutar. Su estancia en los Emiratos, viviendo “a cuerpo de Rey”, pagado por el Estado, es la expresión, también, de la división de la Casa Real. Un grave problema sin resolver entre la Casa Real y la sociedad en su conjunto: crisis que contradice de arriba abajo el relato sobre el que se sostiene un sistema político, que habla de justicia y democracia para mantener al heredero de Franco en el trono.

Los sectores obreros y populares, que ven cómo se limitan los presupuestos sociales de la sanidad y la educación, las pensiones y sus propios salarios…, no pueden por menos que plantearse la necesidad material de que los miles de millones saqueados con abuso de poder y de representación por la Casa Real sean devueltos al Estado. Corrigiendo la demanda de “explicaciones” que Sánchez sugiere a Juan Carlos de Borbón para facilitar su vuelta, la mayoría social exige que se devuelva todo lo amasado y se juzguen los delitos cometidos, tomando las determinaciones políticas que procedan.

En este contexto, se demanda una salida democrática a la situación, mediante un referéndum que el Gobierno y las Cortes Generales deberían promover. De no hacerlo, no podrán evitar que el pueblo, los pueblos, se organicen para poder sacara las urnas a las calles y plazas para ejercer su derecho a   decidir.

Como en el caso de los crímenes de la Iglesia y del Estado, de los abusos de poder y las corruptelas de la monarquía, sobran las explicaciones y faltan las decisiones democráticas, que sin duda serán   tomadas por quienes reclaman soberanía popular y justicia democrática.

  • Dec. 23, 2021, 1:33 p.m.

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