Espacioindependiente nº 391, jueves 28 de enero, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Los riesgos de la “operación Illa”:

Reconducir Cataluña al seno del estado monárquico y romper la mayoría política y social que sostiene al actual gobierno

Al abandonar la cartera de Sanidad, Salvador Illa alentaba a su sucesora, la ministra Carolina Darias, agradeciéndole que, pese al momento y las dificultades, se prestara a asumir la gran responsabilidad y servicio a los ciudadanos como es el de cuidar de su salud. Siempre dispuesto, según dice, a estar donde se le crea “más útil”, en plena cresta de la tercera ola de la pandemia con la que repetía estar comprometido al 101%, el “hombre tranquilo” deja el cargo al habérsele encomendado un “servicio superior”: postularse como el candidato más idóneo para recoser el desgarrón que para el régimen de la Monarquía han supuesto y suponen las aspiraciones soberanistas del pueblo catalán. Una decisión de inciertas consecuencias incluso para la continuidad del propio gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene, pero dejando a las claras que, una vez más, prevalecen los intereses y razón de Estado por encima de cualquier otra consideración.

Desde el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez no se oculta el objetivo de tan arriesgada apuesta: aprovechar el “efecto Illa”, la supuesta popularidad (por su más que cuestionada gestión de la crisis sanitaria) para “reconciliar” y pacificar Cataluña, sobre la base de derrotar la actual mayoría independentista y revertir las aspiraciones soberanistas de gran parte del pueblo catalán, incluido el compromiso obviado de abrir una “mesa de diálogo” para dar solución democrática a las exigencias de amnistía para los presos políticos y permitir la libre decisión de los catalanes sobre su futuro.

Como viene siendo habitual, cuando del “problema catalán” se trata, y en nombre de la Razón de Estado, todo está permitido. En la maniobra Illa, junto con los recursos a disposición del Gobierno como tal (incluidas las encuestas manipuladoras del CIS), volcándose como nunca en la campaña, se cuenta con la contribución inestimable (y prevaricadora) de los tribunales franquistas.  Dejando a un lado su presunta independencia, echan abajo las decisiones de la Generalitat y el Parlament sobre el aplazamiento de las elecciones (aduciendo criterios descaradamente políticos); redoblan sus pronunciamientos y decisiones para ahondar en la criminalización y castigo a los dirigentes soberanistas encarcelados, oponiéndose al paso a un grado menor de su situación penitenciaria, a un posible indulto,…

“Todo por la Patria”, en este caso, todo por salvar lo que de verdad importa por encima de pandemias y crisis sociales y económicas: salvar el régimen de la monarquía y el conglomerado de intereses que se apoyan en ella (crisis agudizada al salir a la luz los desmanes del Rey emérito y de toda la familia), tratando de neutralizar el mayor escollo que ha encontrado para su estabilidad y continuidad: la confrontación con las aspiraciones del pueblo de Cataluña, que no encuentran solución democrática posible en el marco de la Corona y del consenso constitucional, “atado y bien atado” con los herederos del franquismo.

Pero la “operación Illa”, cualquiera que sea el resultado electoral, en su propósito y consecuencias, pone en entredicho las bases precarias de los actuales acuerdos y puede llevar a la ruptura de la mayoría parlamentaria, política y social, sobre la que se constituyó y se mantiene -aun siendo minoría- el gobierno de coalición “progresista”. La improbable repetición de un gobierno de coalición minoritario, similar al gobierno central, (allí de PSC y Comunes y presidido por Illa, como se postula) le llevaría a ponerse en manos de la derecha españolista (el “bloque constitucionalista”) y a enfrentarse definitivamente con los nacionalistas, rompiendo todos los puentes en Cataluña y en las Cortes Generales. Por el contrario, una nueva mayoría soberanista en el Parlament, difícilmente podría volver a entrar al trapo de los compromisos traicionados que permitieron la investidura de Sánchez y dejar a un lado las reivindicaciones democráticas y sociales de sus votantes. 

Pero hay más: las elecciones catalanas y sus resultados pueden ser el inicio de una crisis de mayores dimensiones en el conjunto del cuadro político e institucional.  A nadie se le oculta que esa ofensiva contra las formaciones soberanistas y republicanas de Cataluña, para frenar la crisis de la Corona, viene enmarcada en una situación en la que el gobierno de Sánchez, se ve confrontado con una crisis paralela, sanitaria, económica y social de dimensiones desconocidas, para cuya solución se agarra como a un clavo ardiendo a las “ayudas” y duras exigencias que le impone la UE.

Las medidas intransigentes de la UE para ir librando (y controlando paso a paso) las partidas de transferencias y préstamos para la “reconstrucción económica” (73.000 millones en transferencias y 63.000 millones en préstamos) son claras: contención salarial, precariedad laboral, disminución del gasto de pensiones y avanzar en su privatización. Como no cabía esperar otra cosa, las medidas de reconstrucción, lo son de apoyo, nuevamente, a los bancos y a las grandes empresas multinacionales que presenten proyectos en la línea definida por Bruselas: los nuevos negocios de la “economía verde”, la digitalización,…, pero “dejando atrás” a millones de parados, desahuciados, precarios…

El problema que se plantea, por tanto, al gobierno de Pedro Sánchez es con qué votos y alianzas piensa sacar adelante, junto con la protección a ultranza de la Corona y sus instituciones corruptas, las leyes y decretos profundamente antisociales a que le obliga la Unión Europea para acogerse al goteo de las ayudas extraordinarias (aumentando, a la vez, una deuda desorbitada y ruinosa como hipoteca para un futuro muy próximo). Demasiadas “líneas rojas” que, pese a los muchos renuncios y complicidades hasta ahora asumidos por distintas fuerzas políticas y sindicales para salvar al “gobierno progresista”, pueden llevar a quebrar la mayoría social y política sobre la que todavía se sostiene. Sus consecuencias no pueden ser otras que, o bien Sánchez se encamina a modificar el cuadro de alianzas sobre las que mantenerse en el gobierno o, más pronto que tarde, abre el camino a que las fuerzas de la derecha vuelvan a recuperar directamente el poder, para aplicar “sin complejos” las medidas más antisociales.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pese a ser renuentes a una movilización masiva y presentar muy moderadas reivindicaciones, se siente obligados a convocar concentraciones el próximo 11 de febrero, siquiera para tener presencia, voz y voto, frente a la negativa del gobierno a subir el salario mínimo según lo acordado, así como echar atrás las contrarreformas laborales vigentes y el plan “Escrivá” contra las pensiones públicas (disminuir el número de jubilados, la cuantía de las pensiones, pero, sobre todo, poner las bases para el impulso de los planes privados).

Solo la movilización masiva puede frenar los planes que ya tiene en cartera el gobierno Sánchez. Pero la defensa urgente de las reivindicaciones sociales y democráticas, ante la ofensiva que se avecina, exige que el conjunto de fuerzas políticas (dentro y fuera del gobierno), organizaciones sindicales y colectivos sociales, que dicen defender a los trabajadores y a la mayoría social, rompan con las imposiciones inaceptables de la Unión Europea, con sus representantes y emisarios en el Pacto de Toledo, la Comisión para la Reconstrucción al dictado de la CEOE,…