Partido Socialista Libre Federación

Recesión y...

Espacioindependiente nº 469, jueves 4 de agosto, 2022

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Recesión y...

El secreto y la impunidad de Estado se imponen a la democracia

 

Un país, reducido en sus aspectos fundamentales al negocio turístico intensivo desde su entrada en la Unión Europea -que vino a exigir el desmantelamiento industrial y en buena parte agropecuario del país, no sabe ahora cómo encarar la recesión que llama a sus puertas. Ese es el contenido esperpéntico de las medidas de ahorro energético tomadas por el Gobierno, que conllevan restricciones de luz y de agua para buena parte de la población. Afectan a la hostelería y al comercio que dan empleo precario a la mayoría. Medidas, que no pueden sino contribuir a la recesión y que son popularmente conocidas como “El Apagón”.

El Debate del Estado de la Nación, de hace unas fechas, no fue capaz de tomar las medidas necesarias para enfrentar la recesión y la crisis política, que llama a sus puertas. Los nuevos impuestos -mínimos y temporales- a la banca y grandes empresas energéticas, y la gratuidad de Cercanías de las grandes ciudades ..., son decisiones, todas ellas, muy insuficientes como medidas contra la crisis que se precipita, si de lo que se trata es de proteger la economía y el trabajo, y en consecuencia las condiciones de vida y trabajo de la población de la recesión internacional que se anuncia.

Un Gobierno, que no ha querido cumplir sus principales compromisos de investidura, ni sus promesas más importantes, cuando ya está a poco más de un año de elecciones generales, debe mover ficha con rapidez, tomando medidas serias si no quiere ser barrido política y electoralmente por la pérdida de apoyos políticos y electorales. Lo cierto es que los bandazos de las medidas económicas y sociales, muchas de ellas contradictorias, no constituyen un plan, ni un programa serio. Sin el control de los precios de la energía, de los alquileres..., no se puede frenar la espiral especulativa que afecta en primer término a los productos alimenticios de consumo diario. Sin la subida general de salarios y pensiones la mayoría social no puede hacer frente a la inflación acumulada, que se acerca al 11%, la más alta de toda Europa. Todo ello forma parte de las principales tareas de gobierno, que ha desperdiciado las posibilidades del Estado de la Nación y la mayoría pro gubernamental existente, de modo que todas las medidas esenciales se han trasladado para septiembre, cuando las condiciones generales serán peores.

Los condicionamientos que sobre la política y la economía española ejerce la Unión Europea, y de otra parte la OTAN, no harán sino crecer al calor de la guerra y de la recesión internacional. La Comisión Europea se ha levantado como un muro ante la posibilidad de que se mejoren los salarios y las pensiones, a fin de que se acelere la privatización de éstas.

De otra parte, la nueva Ley de Secretos Oficiales forma parte de las hipotecas que quienes gobiernan tienen establecidas con los poderes fácticos del Estado, de los pactos y consensos fundamentales que dieron lugar a la Constitución del 78 y a las principales leyes. Fue bajo el dictado de Carrero Blanco, cuando en 1968 se aprobó dicha legislación de secretos de Estado, teniendo por objeto la ocultación de toda aquella información cuyo conocimiento público pudiera suponer un riesgo para la seguridad y defensa del Estado, es decir, del régimen de la dictadura. Por tanto, hablamos de una ley contra la democracia y el derecho a la información, que en aquellos años tenía como fin inmediato facilitar la represión contra al movimiento obrero y democrático, al tiempo que venía a echar más tierra sobre los principales hitos de la memoria histórica, democrática y laica, aún por cumplimentar.

 Conjuntamente con Ley de Amnistía, la ley de secretos oficiales, en la medida que se negaba la verdad histórica, se contribuía a la impunidad del régimen y su gran operación política e institucional conocida como la Transición: la transición del régimen de la dictadura al régimen de la monarquía. La ley de secretos oficiales permitió, de esta manera, el ocultamiento de miles de expedientes militares y policiales, a los que los investigadores, la prensa y los afectados nunca pudieron acceder. Hay quien dice que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 fue una ley de amnistía, de amnistía de facto, para los criminales de guerra y de la dictadura. Ninguno de los gobiernos llamados de la democracia se atrevió a tocar en sus respectivas gobernanzas la Ley de Secretos Oficiales, por lo que aún no es posible conocer los papeles del Gal, la documentación relativa al golpe de Estado del 23F o los archivos secretos de la Monarquía. Por poner sólo algunos ejemplos.

El atado y bien atado de la dictadura cuenta con el refuerzo de las cadenas de la nueva ley. Y ahora, cuando se renueva la Ley, se hace para echar más tierra si cabe sobre los principales asuntos de Estado que no deben ser conocidos por la opinión pública. A diferencia de la ley anterior que hacía depender la censura oficial del Ministerio de Defensa, la nueva ley dependerá del Ministerio de la Presidencia obviando los poderes tan limitados de las Cortes. Se trata de la versión presidencialista (bonapartista) de los asuntos de Estado, que están en el modo de hacer de Pedro Sánchez desde su entrada en el palacio de la Moncloa. De forma que todo dependerá de quien tenga el control del aparato de la Moncloa. Ni la derecha, ni la izquierda del régimen monárquico tienen intención de acabar con los secretos de Estado.

No tienen interés alguno en que se conozca la verdad histórica, y aún menos la verdad judicial de los principales acontecimientos. Los archivos secretos de la dictadura y de la monarquía representan, en última instancia, el intento reiterado de secuestro de la información y de la misma democracia por parte de los poderes establecidos en torno a la Corona. ¿Se corresponde la nueva Ley de Secretos oficiales con los modos y maneras de una “democracia plena y consolidada” como gusta decir el Presidente Sánchez?  ¿O, por el contrario, se reitera de nuevo la lógica de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, de una democracia vacía de contenido, sin ningún poder popular?

Los poderes fácticos del aparato de Estado, del atado y bien atado franquista, son los que salen, una vez más, como vencedores de las leyes que promueve el Gobierno, con el apoyo de las izquierdas nacionalistas.

La opacidad del Estado se ve así reforzada por la nueva Ley de Secretos oficiales, tal y como se trató de hacer con la reciente Ley de Memoria. Por cierto, una Ley de Memoria que, doce años después, vuelve a repetir, con ligeras variaciones, lo ya impuesto a Zapatero por el Consejo de Estado. Dos leyes de Memoria, que no pretenden saber nada de las víctimas del franquismo, y que ocultan las responsabilidades del régimen de la monarquía, excluyendo, de esta forma, a millones de personas de cualquier derecho a su defensa, o de sus familiares. Habida cuenta de que existe una Ley de Víctimas que cubre todos los derechos, pero que solo afecta a mil víctimas, llamadas de forma oficial “víctimas del terrorismo”, se oculta que la represión continuada del Estado y la consiguiente impunidad establecida por consenso fue también terrorismo de la peor especie.

Mientras que la igualdad ante la ley es un requisito imprescindible de toda democracia que se precie de serlo, toda la farsa oficial entra en un verdadero callejón sin salida. La crisis y la recesión, así como las medidas contra el derecho la verdad y la democracia -entendida ésta como el poder del pueblo, y no como recurso de los poderosos contra la mayoría social- se ponen al descubierto.

 Los Secretos oficiales y los ficheros que ocultan los crímenes y la corrupción deben abrirse, y los tribunales deben reconocer por ley los derechos de las víctimas sin más historias.

 Las sombras del poder, de los poderes fácticos contra los trabajadores y los pueblos, han de ser desveladas, y ello cuando se cumplen dos largos años de la fuga a los Emiratos del Rey Juan Carlos de Borbón. Fuga que, con todas sus consecuencias políticas e institucionales, ha puesto sobre el tapete el derecho del pueblo a decidir entre monarquía o república, para dar respuesta a los graves problemas de corrupción, abuso de poder y dictado de los organismos internacionales, como la OTAN y la UE, que violan el derecho a la soberanía popular.

  • Aug. 4, 2022, 1:26 p.m.

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