Nota introductoria: Desde Extremadura se nos envía un análisis que puede ser trasladado a otros territorios del estado español. Ahora de repente las zonas urbanas se enteran de que hay que recoger las cosechas y la de la fruta comienza ya. La pregunta es ¿en que condiciones? ¿Vamos a entender de una vez la necesidad de jornaleras y jornaleros sea cual sea su origen y vamos a comenzar a ser conscientes de la necesidad de soberanía alimentaria? Hemos de defender el salario y de reforma agraria, es evidente. También de la existencia de patronales que quieren aprovechar la situación:

ABRIL 2020

LA PATRONAL Y SU INTENTO DE CAMBIAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LA CLASE OBRERA AGRÍCOLA

En estas fechas se abren las tareas de aclarado y recogida de las frutas, y en unas semanas en las centrales hortofrutícolas.  El confinamiento decretado por el estado de alarma para dar la batalla contra la pandemia provocada por el corona virus limita los movimientos físicos de los trabajadores y trabajadoras.

Esta situación que está afectando de un modo muy especial a la clase obrera no deja de generar intentos de cierto tipo de individuos explotadores acostumbrados a vivir a costa del obrero/a que duermen pendientes de encontrar la ocasión más propicia para apoderarse de la mayor fracción posible de su trabajo. En estos momentos, buscan sin escrúpulos alterar las condiciones laborales para extraer toda la plusvalía posible.

En este orden de cosas, nos llegan noticias de que algunos patronos agrarios dueños de fincas de frutales y de centrales hortofrutícolas están haciendo correr la voz para crear el ambiente propicio que haga posible que se asuman por los trabajadores y trabajadoras del campo unas condiciones laborales que sean más duras y empeoren las que hasta la fecha se contemplaban en el anterior convenio agrícola.

En definitiva, se quieren modificar las normas que hasta la fecha han regulado las condiciones en las que se desarrollan las tareas agrícolas, los desplazamientos a las fincas, los minutos de descanso, el número de horas de trabajo y los salarios.

La burguesía agraria anhela aumentar el número de horas de trabajo de los jornaleros y jornaleras desde las 6,5 horas que vienen estableciéndose desde hace muchos años en los diferentes convenios hasta las 8 horas diarias. Es decir, poco les importa que los trabajos en el campo produzcan un desgaste físico que un ser humano puede soportar hasta unos determinados límites horarios, sobre todo en ciertos períodos del año. Lo que anhelan a toda costa, ASAJA, APAG y otros empresarios agrícolas es la plusvalía que es el valor más preciado que produce el sudor del obrero. El deterioro del ser humano es lo que menos importa, para eso tiene ya unas horas de descanso que le permitirán reproducir su fuerza de trabajo para el día siguiente.

Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que movilizarse y organizarse ante esta reacción natural del capital, y ser consciente de la fuerza que tienen. La clase obrera tiene que activarse y luchar por mejorar las condiciones en las que se realizan los trabajos, y obligar a los dueños de las grandes fincas y de las centrales hortofrutícolas a pagar salarios decentes.

El salario mínimo aprobado por el gobierno es de 950 euros mensuales que se transforma en 13.300 euros al año. Por lo que los salarios deben tener como referente esta cantidad, y en cuanto al número de horas, tal y como hemos señalado se transforman en 1768 horas al día. De acuerdo a esto queda un salario neto de 45 euros, aproximadamente, que no es para tirar cohetes, pero que nadie puede exigir cantidades inferiores a esa cantidad. La mayoría de los pequeños agricultores pagan cantidades que superan a esta cuantía.

Otra cuestión es la referente a los desplazamientos a las fincas y a los puntos en donde se localizan las centrales hortofrutícolas. En este sentido la Junta de Extremadura de manera muy diligente ha dado a conocer que está organizando el desplazamiento en autobús de los jornaleros/as a las distintas fincas en donde haya que realizar los diferentes trabajos.  Por las declaraciones realizadas de sus representantes será la encargada de correr con el coste económico del transporte de los trabajadores y trabajadoras.

Desde Campamento Dignidad, exigimos que la Junta de Extremadura tiene que atenerse a lo que ha sido y debe seguir siendo una norma tradicional en los convenios colectivos agrarios y es que los empresarios pagan los desplazamientos.

No se pueden crear antecedentes de que sean las instituciones públicas quienes paguen. La Junta no puede romper un elemento tradicional de los convenios en el que el pago corresponde al empleador. Por tanto, corresponde a los Patronos Agrarios pagar el autobús o los autobuses para los desplazamientos de los trabajadores y trabajadoras a los centros de trabajo, bien sean las fincas o las centrales hortofrutícolas.

Si el desplazamiento es individual, los trabajadores y trabajadores tienen que exigir el pago tomando como referencia lo que marcaba el art 36 del anterior convenio, en el apartado dedicado al PLUS DE DISTANCIA:
"Las empresas abonarán a la plantilla un plus de distancia a razón de 0,241 euros por km para el año 2016, 0,242 euros por km para el año 2017 y 0,243 euros por km para el año 2018, a partir de los dos primeros del casco de la población donde resida el trabajador, salvo que la empresa ponga los medios de transportes adecuados y procurara que la duración del desplazamiento sea el mínimo posible e intentara que no supere los 60 minutos de duración. En los casos que se supere la citada duración en el desplazamiento, se llevará a la Comisión Paritaria, para su estudio.

Desde Campamento Dignidad exigimos la intervención de los servicios de inspección de trabajo de la Junta de Extremadura y de la Delegación del Gobierno en la vigilancia y control de los horarios de trabajo y para que los salarios se ajusten al salario mínimo vigente.

En este orden de cosas, la Administración Regional no puede tener el mismo comportamiento del año pasado cuando no quiso saber absolutamente nada de nada de lo que estaba pasando en el campo. La organización social “ASOCIACIÓN 25 DE MARZO” denunció el incumplimiento en varias centrales hortofrutícolas de las condiciones en las que se desarrollaban las tareas laborales, y no se hizo caso alguno.

Esta actitud tan presta que ha tenido el Presidente Vara para disponer el dinero público al servicio de los patronos agrarios, que por cierto cobran muchos miles de euros de la PAC, la debe extender y aplicar en el control y vigilancia de las condiciones laborales que se aplican en la realización de las tareas del campo.

La rapidez en la actuación del Presidente de la Junta en esta cuestión contrasta con la tardanza en la resolución de otros asuntos que afectan a sectores sociales que económicamente lo están pasando fatal, que habitan en los barrios periféricos de nuestras localidades; confinados en zonas ya empobrecidas, que con esta crisis sanitaria que ha emergido de forma tan brutal, se ven arrastrados a la indigencia y a una total falta de recursos materiales ante la mirada ausente e ineficaz de quienes nos gobiernan.

El virus no diferencia entre clases sociales, pero no es la misma respuesta con la que se combate el virus.