Polarización política y social

La necesaria ruptura democrática con la herencia franquista

Los partidarios de Trump, Bolsonaro, …  tienen en el expresidente de gobierno, Sr. Aznar, el mejor representante en Europa de las políticas más reaccionarias. En su momento, aseguró sin titubeos la existencia de “armas de destrucción masiva” -que nunca existieron- en posesión del gobierno de Irak, que permitió justificar la guerra imperialista de destrucción que aún perdura. Ahora, maneja a través de las fundaciones, finanzas y medios de comunicación los hilos de la derecha, mangoneando como si fuera un guiñol las distintas versiones franquistas en España. Las fundaciones de Aznar (FAES, entre otras) son un poder fáctico más desde las que se empuja y apoya a la derecha más extrema en todas partes. Todos ellos celebran el pacto de las derechas de Andalucía.

Se equivocan, tanto en el fondo como en la forma. El cambio político que demanda Andalucía es el de trabajo y salario digno para todos; es el cambio por el derecho a la tierra para los jornaleros, … Y, por el contrario, el “cambio” que se trata de vender por las derechas es el de los señoritos a caballo que no pagan impuestos, el de la fiesta de los toros y la caza, ... Cambio que es una ficción, porque, por desgracia, nunca el parasitismo y el señoritismo han dejado de ser la constante de una de las comunidades con más paro, precariedad y desigualdad social de toda Europa. Y la forma en la que las derechas atacan el derecho a la igualdad de mujeres e inmigrantes, a los más explotados y oprimidos, no hace sino provocar un rechazo frontal; rechazo que veremos en sus primeras expresiones de movilización ante el mismo parlamento andaluz los próximos días.

El pacto establecido de Ciudadanos, el PP y Vox para ocupar la Junta de Andalucía, haciendo presidente al candidato del PP, se llevó a cabo en Madrid; ocultándose de la prensa y falseando el mismo contenido de los acuerdos a los que han llegado entre varios de sus representantes. De forma que los portavoces de Ciudadanos, por su parte, se esconden y no han querido ni comparecer ante la prensa. Ellos, tan centristas y tan europeístas, resulta que ahora se apoyan para poder acceder al gobierno andaluz en versiones cada cual más reaccionaria de la descomposición del franquismo.

Todas las demandas democráticas y sociales están bloqueadas por la cobardía del gobierno Sánchez, y se acumulan en las puertas de las Cortes y de los Parlamentos. Ha sido el senador Carles Mulet, portavoz de “Compromís” en el Senado, el que ha venido a denunciar recientemente la “cobardía del gobierno del PSOE” en cumplir su propio programa electoral, al no denunciar el Concordato con la Santa Sede por la negativa a exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador. El senador exige al Gobierno que derogue el decreto ley de 1957 que creó la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, y que sustenta el convenio que permite regentar el recinto con dineros públicos a los benedictinos que ahora niegan al gobierno la exhumación solicitada. Mulet entiende que hay motivos suficientes para anular dicho convenio de privilegio para la Iglesia y para los franquistas, entendiendo “que fue firmado por un gobierno ilegitimo e ilegal”. Ese es el fondo del asunto que el gobierno no quiere desentrañar.

  Lo de la oposición a la exhumación no es solo una cuestión de cuatro monjes-ultras benedictinos del Valle de los Caídos. Por medio están también las leyes e instituciones del régimen y la actitud obstruccionista del Vaticano; y todos aquellos que se colocan incondicionalmente al lado de los privilegios de los que gozan en todos los terrenos los herederos de Franco.

El Concordato del Estado Español con la Santa Sede establece la “inviolabilidad” de los bienes y posesiones de la Iglesia y sus centros de culto, como es el caso del Valle de los Caídos: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado”. Nada se opone según esto a la posible exhumación. Pero sigue diciendo el Concordato: “En caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica” ¿Quién tiene entonces las competencias legales necesarias para proceder o permitir la exhumación? Todo se encuentra en manos del poder de la Iglesia, que le concede la falsa democracia en la que vivimos, y que se personifica en el prior y en el Papa. Y todo esto debe ser, además, interpretado por el Tribunal Supremo, que ya ha avisado de que espera la oposición en el procedimiento de la familia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. El Tribunal de la Suprema impunidad de los crímenes del franquismo es por tanto quien tiene la última palabra. Esto será así, si el gobierno y las Cortes no anulan las leyes que legalizan y veneran el franquismo, y procede a su condena como régimen criminal, acabando así con los privilegios políticos y económicos de sus mismos herederos. La pelota de la exhumación solo puede ser resuelta por las Cortes Generales con leyes que anulen la legalidad franquista.

Desde el pasado mes de junio, el Gobierno de Sánchez vacila y pierde el tiempo sobre el procedimiento para exhumar al dictador, tratando siempre de eludir la necesaria ruptura con el franquismo y sus herederos. Cuestión esta que afecta directamente a la monarquía, ya que fue esta institución la que tomo la decisión definitiva. Fue Juan Carlos de Borbón, el 22 de noviembre de 1975, quien en un documento de Estado se dirigió al Padre Abad de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, relacionando los cargos franquistas varios a quienes mandataba para que entregaran a éste los restos del dictador, tal y como se informa en la “Operación Lucero”, puesta en marcha por los servicios de inteligencia para imponer la herencia monárquica del dictador. Dicho documento dice: “Y así os encarezco los recibáis y los coloquéis en el Sepulcro destinado al efecto, sito en el Presbiterio sobre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica”. ¿Deben comparecer ante las Cortes los representantes de Casa Real para declarar al respecto?

Todos y cada uno de los asuntos pendientes de resolución, que afectan al fondo y la forma de la lucha por la democracia y la soberanía popular están siendo aparcados o manipulados. Desde el control de la Junta de Andalucía, organismo que quieren utilizar como trampolín político y electoral, las derechas franquistas se preparan para asaltar los ayuntamientos, las comunidades y la mayoría de escaños del parlamento europeo; y con ello adquirir la base necesaria para optar al control del mismo gobierno central. Impedirlo depende de la movilización social y de la reorganización política y sindical sobre el eje de la Republica. El ascenso electoral de las derechas franquistas vive y se alimenta de las claudicaciones y renuncias a defender las reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores y los pueblos de la izquierda oficial, vinculada a las instituciones del régimen y las instituciones del capitalismo internacional. El gobierno de Sánchez es un condensado de todas esas políticas de corta y pega, que se resumen en la defensa del régimen de la monarquía frente a las aspiraciones republicanas y constituyentes de los pueblos.

La crisis política e institucional se agrava y polariza con el acuerdo de las derechas en Andalucía, pero nada está resuelto. Los trabajadores y los pueblos no han sido derrotados en su movimiento y aspiraciones y hasta los dirigentes sindicales subvencionados plantean movilizaciones en las próximas semanas para exigir la anulación de las contrarreformas laborales y sociales del PP.

Espacioindependiente nº 289, jueves 10 de enero, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente