Partido Socialista Libre Federación

Ni familias sin casas, ni casas sin familias.

 

 

Sobre las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

PSLF Extremadura

 

En estas líneas queremos referirnos a lo publicado por un medio de comunicación digital extremeño sobre algunos de los comentarios que en referencia a las ocupaciones ilegales de viviendas publica se realizaron en el curso que se celebró el jueves pasado, organizado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Cáceres, cuyo título era, “Los aspectos jurídicos de la contratación inmobiliaria”.

 

En el curso participaba la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena. En él señalaba que había que hacer una reforma del código penal para endurecer las penas para las ocupaciones ilegales de viviendas, indicando a su vez que estas no son muy numerosas pero que tienen un significado importante porque van contra el derecho a la vivienda.

Por los detalles que se dan a conocer acerca de este curso jurídico, está claro que la esencia del mismo tenía por objeto resaltar el derecho de propiedad y la perfección de mejores normativas penales para protegerlo. Sin duda, era uno de los mensajes que había que trasladar a la sociedad.

 El derecho a la vivienda, aunque viene recogido en la Constitución Española y debiera tener una ejecución real y práctica en la búsqueda del bienestar de la ciudadanía, sin embargo, es sólo letra muerta en un papel, algo olvidado e incumplido por los diferentes gobiernos independientemente de su color político.

Por lo que se publica de lo que se dijo en este curso, no sólo los dirigentes políticos lo ignoran, sino otras personas, representantes de las instituciones valoran y analizan el derecho a la vivienda con una visión tremendamente limitada y parcial, desde el punto de vista de la clase social dominante, como es el caso que nos ocupa.

 

 Entendemos, que la organización del curso coincide en el tiempo y refuerza la campaña mediática que se ha puesto en marcha contra la ocupación ilegal de viviendas que beneficiará especialmente, a bancos, empresas poderosas y fondos de inversión que son propietarios de muchas viviendas. No se descubre nada, como siempre el Estado es el instrumento al servicio de los poderosos.

Sin duda, las clases sociales ricas tratan de protegerse en un momento de crisis económica y sanitaria en las que se agravarán las condiciones de vida que se avecinan para las clases trabajadoras y populares. Así, los grandes propietarios tratan de presionar al gobierno para que realice las modificaciones normativas necesarias que endurezcan los castigos penales y nadie se atreva a realizar una ocupación ilegal.

Lo que quieren es que el miedo eche atrás, que impida que por muchas necesidades que se tengan nadie se atreva a ocupar una vivienda, u oponerse a ser desahuciado en el caso de que no cumpla con el pago del alquiler.

Para nosotros el problema no son las ocupaciones ilegales de vivienda que como ponen de manifiesto los datos oficiales prácticamente son nulos en nuestra Comunidad y no existen en el caso de viviendas particulares, como muy bien señala la presidenta del Tribunal Constitucional. Luego, lógicamente no debiera preocuparnos este asunto.

El verdadero problema real es la escasez de viviendas que sufren las clases trabajadoras y los grupos sociales más desfavorecidos, próximos a la exclusión social.

Los gobiernos se olvidan de que la vivienda por encima de todo es un derecho fundamental que condiciona la vida de la persona, sus relaciones familiares, su trabajo, su estado de salud, su integración social con sus vecinos, su barrio, y en definitiva determina la existencia y el carácter de la propia ciudad.

En todo caso, la mejor manera de que no haya ocupaciones ilegales, y no estar perdiendo el tiempo, preocupados, pensando y debatiendo acerca de la mayor o menor gravedad de las sanciones y penas es que las familias y los jóvenes puedan acceder fácilmente a una vivienda.

Ponemos en duda que personas tan expertas en materia urbanística no conozcan que en Extremadura haya miles de familias que conviven compartiendo espacios con otras unidades familiares, a veces en estancias infrahumanas sin las condiciones habitacionales para un mínimo bienestar, en habitaciones alquiladas o casos en los que carecen de techo donde pasar una noche.

En contraste con todo esto, en nuestra Comunidad hay cientos de viviendas sin utilizar, que con el tiempo se destruyen físicamente, en manos de las entidades financieras, como las de los Álamos en Mérida, o  en manos del Ministerio del Interior en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, u otras en situación parecida en otras localidades de Extremadura, o las 31 viviendas de la Junta de Extremadura, en Villafranca de los Barros, un claro ejemplo de lo que es la ineficacia, dejadez y el olvido que sigue en materia de política de viviendas la Junta de Extremadura.

Si el derecho a la vivienda es un derecho fundamental reconocido por todas las Instituciones, y toda clase de sus responsables, políticos, judiciales, etc. lo lógico sería que antes de llegar a la situación en la que a una familia por imperiosa necesidad tenga que ocupar una vivienda, habría que sancionar y aplicar castigos penales a los gobiernos que permiten que haya familias sin viviendas. Ni familias sin casas, ni casas sin familias.

  • Nov. 15, 2020, 9:36 a.m.

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