Espacioindependiente nº 428, jueves 14 de octubre, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La Memoria Democrática es inseparable de la Verdad, la Justicia y la Reparación de los crímenes del franquismo

Las tradiciones de Octubre

Después de tanto retraso, llega el debate -de forma devaluada- de la nueva ley de Memoria del gobierno de Sánchez. En el día de hoy se debe someter la propuesta del Gobierno a la primera discusión y consideración de la Cámara. Los vetos a la propuesta, tanto del PP como de Vox, forman parte del reparto de papeles dentro del régimen entre la derecha y la izquierda oficial, mientras que el rechazo y presentación de texto alternativo a la ley por ERC representa solo una solución parcial e insatisfactoria a las demandas de las víctimas del franquismo; solución que conculca las dos terceras partes de los principios fundamentales del derecho internacional. La ley del Gobierno, por su parte, conculca el 100% de lo establecido por el derecho internacional y consuetudinario sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta gubernamental -que representa las posiciones de la coalición política del PSOE y de Unidas Podemos sobre la Memoria Histórica y el derecho de víctimas- se acabó de cocinar el pasado mes de julio, siendo coordinada y dirigida por Carmen Calvo, quien fue ministra de Zapatero y exvicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez. La vicepresidenta destituida es el personaje devaluado que representa la propuesta.

La división entre el gobierno y sus aliados -que pone en crisis los acuerdos que le permite mantenerse en el gobierno y seguir en la Moncloa- aparece en primer plano ante el examen de la que pretende ser nueva Ley de Memoria, muy similar en sus contenidos a la que ya existe.

El derecho internacional establecido a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio funda los principios de verdad, justicia y reparación, para tratar los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad. El texto del gobierno se niega a calificar la naturaleza de los crímenes del franquismo como “crímenes de lesa humanidad”, y por ello no contempla, en caso alguno, establecer los principios de la verdad, la justicia y la reparación. El texto de ERC, que será apoyado previsiblemente por Bildu, Junts y puede que la CUP…, comienza por cuestionar la calificación gubernamental y entiende que los crímenes del franquismo sí son crímenes contra la humanidad, como así han establecido todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. ERC considera la necesaria retirada de todo tipo de honores y distinciones oficiales a los autores de estos crímenes, que mantiene el gobierno. Por eso es justo señalar que ley de Sánchez es continuadora de todas las tropelías del régimen desde 1936 hasta nuestros días.

El texto del Gobierno no anula las sentencias de los tribunales que juzgaron a los republicanos españoles y a todas las personas y organizaciones de todas las tendencias del movimiento obrero democrático, manteniendo la supuesta legalidad del régimen franquista, negando la justicia y la democracia. Avala así las sentencias de los tribunales y lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El texto alternativo, presentado por ERC, demanda la nulidad de pleno derecho de dichas sentencias franquistas, dictadas por todos los tribunales, ya sean militares o civiles; pero sin reivindicar ahora la verdad y la justicia de los tribunales.

El Gobierno niega cualquier posibilidad de que las víctimas o sus familiares, o los partidos, sindicatos, puedan presentar ante los tribunales reclamaciones, ni de investigación, ni de justicia, ni de reparación. Y, por tanto, tampoco reclamaciones patrimoniales; legalizando así la represión franquista y el saqueo de todo tipo de bienes, públicos y privados, como supuesta legalidad democrática.

ERC concluye su norma alternativa planteando que el Gobierno solo pretende con su nueva ley un “brindis al sol”, que se reduce a ofrecer un diploma de persona reprimida en sus derechos, es decir, un papel mojado que ofende una vez más a las víctimas y a sus familiares. Y eso ochenta y dos años después del fin de la guerra y revolución española y cuarenta y tres años después de la mal llamada “democracia española”.

En su propuesta, ERC subraya el necesario reconocimiento del periodo de la II República como un “Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político”; reconocimiento que nos introduce en el túnel de la confusión histórica y política. Una cosa es que el periodo de la II República fuera un Estado democrático a la caída de la monarquía de Alfonso XIII, y otra cosa es que bajo esa calificación se pretenda negar las justas aspiraciones históricas de los trabajadores y pueblos de España, empezando por las mismas demandas del pueblo de Cataluña en octubre de 1934 a la Republica Federal, ligada a la misma revolución asturiana de la Alianza Obrera. Y de ninguna manera dicho periodo democrático es el precedente del régimen monárquico corrupto, de un sistema político que niega la independencia de los sindicatos y partidos de los trabajadores, reprimiendo las tendencias a la libre federación de pueblos.

Los “demócratas” formales se aferran al parlamentarismo por muy degenerado que se establezca, y aunque éste no ofrezca salidas a las reivindicaciones sociales. La experiencia de Octubre de 1934 debe ser bien entendida: la revolución asturiana y la proclamación federal catalana quedaron aisladas en su llamamiento a la Huelga General, boicoteada por las políticas colaboracionistas, dejando solos a asturianos y catalanes, frente a la represión militar del ejército africanista. No fue la técnica militar ni la correlación de fuerzas, sino la política la que facilitó la contrarrevolución. Las tradiciones de Octubre, la independencia política y la unidad de clase deben ser defendidas y preservadas.

Las demandas de las víctimas no pueden sino mantenerse en la necesaria aplicación del derecho internacional surgido de la derrota del nazismo y del fascismo. Y no aceptan que, de una u otra forma, por intereses partidistas o de disfrute de las prebendas propias del gobierno en el marco de la Monarquía heredera del franquismo, se niegue una vez más la Verdad, la Justicia y la Reparación. Principios de justicia internacional que supone, en la práctica, la necesaria derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de todas las leyes y sentencias contra las libertades y derechos políticos dictadas por un régimen ilegal e ilegítimo.

La discusión y negociación del contenido de dicha ley ha comenzado ya. Los diputados y senadores, todos los partidos y/o coaliciones electorales, deben ser respetuosos con las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y sus familias, sin permitir que se vuelva a imponer, por tercera vez en este periodo político -tal y como sucedió con la ley de Amnistía y con la de Memoria de Zapatero-, la legalidad e impunidad de los crímenes del franquismo, para sostén y mantenimiento del régimen corrupto y clientelar de la Monarquía. El rechazo a la negación de la justicia para las víctimas debe poder expresarse en la movilización del próximo día 16 ante las Cortes, en defensa de todo lo público y frente a los planes de continuismo monárquico.