La hipoteca del régimen del 78

y las condiciones de los 140.000 millones de la UE

-Espacio Independiente-

Toda la situación política española no es sino consecuencia, en su origen, de los Pactos constitucionales establecidos en 1978 entre las instituciones que heredaron el poder del régimen de Franco -y en particular la  monarquía- con los partidos, sindicatos y grandes empresarios nacionales e internacionales. Después de más de cuatro décadas, la crisis política e institucional ha carcomido la mayoría de principios y relaciones, habiéndose mantenido, sin embargo, el eje de dicho pacto que, compromete a los dirigentes del PSOE y a la monarquía en el control del poder político, frente a toda demanda democrática.

La hipoteca del régimen del 78 grava todas las relaciones políticas, nacionales e internacionales. De ella dependen los acuerdos con los EEUU de las bases norteamericanas en España y en el seno de la OTAN, así como los mismos acuerdos con el Vaticano por los que el Estado español subvenciona permanentemente a la Iglesia Católica y a su clero. Se facilita, así mismo, el saqueo de todo tipo de bienes de la sociedad civil, comprobando cómo las autoridades religiosas alteran el registro de bienes a su antojo, poniendo a su nombre miles de bienes públicos. Los privilegios de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad del Estado se prolongan y, en muchos casos, se renuevan como si se tratase de reformas democráticas. La posterior sumisión a la Unión Europea, que conllevó la destrucción de buena parte de la economía productiva, cierra un círculo vicioso de poderes secuestrados por las grandes entidades multinacionales que Bruselas representa.

El sistema judicial constituye un poder capaz de superponerse a todo equilibrio institucional, se eleva por encima del ejecutivo y el legislativo y está íntimamente relacionado con el poder de hecho de la Casa Real. No es una casualidad que este entramado de relaciones de poder esté dominado en todo momento por la corrupción institucional, que durante décadas se ha extendido a los partidos y sindicatos de uno u otro color.

Los gobiernos del PSOE, desde el Pacto Constitucional, han sido claves para el mantenimiento del poder a la hora de combatir todo derecho democrático y social, tanto de los trabajadores como de los pueblos que componen el Estado español, negando todo cambio político. El Gobierno de coalición del PSOE con Unidos Podemos funciona en la práctica como en otro momento lo hicieron los independientes en los gobiernos de F. González y de Zapatero. Quienes de verdad gobiernan son los dirigentes del PSOE, mientras que los ministros de Unidos Podemos son más figurantes que otra cosa. Lo que evidentemente no les exime de responsabilidad, asumiendo, de una u otra forma, lo que otros deciden para poder mantenerse en el Gobierno.

La pandemia del coronavirus ha venido a dislocar la vida económica y sus principales estructuras empresariales, provocando la desaparición de miles de empresas y de millones de puestos de trabajo, sobre todo del sector de la hostelería y del turismo. Solo las grandes empresas han conseguido subvenciones y préstamos oficiales para mantenerse a flote mientras no se vea luz para salir del túnel de la recesión, generando una importantísima deuda Pública. Por todas partes se repite que la quiebra económica que se está sufriendo representa el retroceso histórico, la regresión económica y social más importante desde la guerra civil.

Los síntomas de marginación y pobreza de sectores de la población sin trabajo y sin derechos sociales, la falta de verdadera cobertura social, pese a la puesta en marcha de diferentes instrumentos que terminan ahogados por la burocracia de Estado…, todo ello crea un clima de caos administrativo sobre el que cabalgan las necesidades y demandas de la población.

Una tasa de desempleo superior al 20%, y de un paro juvenil de más del 50%, no lleva al Gobierno a invertir en obra pública y en servicios sociales para mitigar la recesión Todo lo contrario, sus planes se concentran sobre todo en privatizar las pensiones y el mismo sistema público, mientras que se aceleran todos los procesos para hacer más difícil la consecución del derecho a jubilación pública.

Los principales sindicatos han sido ganados, tanto por la patronal como por el Estado, a la política de privatización de las pensiones, convirtiéndose en agentes de dicha privatización, bien mediante la cogestión de planes de pensiones de empresa o la venta de planes privados a través de una entidad comercializadora al servicio del BBVA. Pero todo esto, aunque ya se ha implantado hace años, no ha sido más que el punto de partida de un plan destinado a destruir el sistema público de pensiones tal y como ahora aún lo conocemos, tratando de convencer a los trabajadores de que deben aportar una parte de su salario para un Plan de Pensiones de Empresa, que gestionará la banca sin control alguno.

La crisis económica aún no ha tenido un alcance financiero, aunque sí se conocen importantes movimientos de las principales entidades bancarias tendentes a la fusión de empresas, concentración y centralización del capital financiero. Representa un movimiento, en todo caso preventivo, del capital tendente a que la crisis financiera que vendrá, le permita enfrentarla en las mejores condiciones. El descenso de negocio de la banca los lleva, entre otras cosas, a quedarse con la administración y privatización de las pensiones y jubilaciones.

En las convocatorias de delegados sindicales de CCOO y UGT, para el día 11 de febrero, se da por hecho el papel privatizador de los sindicatos y su colaboración con el Pacto de Toledo, convertido en instrumento de contrarreforma social. Al mismo tiempo, las arcas sindicales se financian de los EREs y los ERTEs, y de las gestiones judiciales y de colaboración, de los cursos de formación financiados… Todo ello sin contar con los trabajadores y con sus necesidades más inmediatas. El diálogo con los afiliados sindicales, y con los mismos dirigentes, resulta imprescindible cuando se trata del futuro de las pensiones para la próxima generación de trabajadores sometidos a la precariedad.

El Gobierno se felicita, una y otra vez, de la ayuda que va a recibir por los “socios” de la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica y la regresión social. Los desarrollos de dichas ayudas y préstamos se han convertido en un asunto del que no se conoce casi nada, siendo tratados como secreto de la UE. Lo que sí se conoce es que tanto las ayudas como los préstamos están repletas de contrapartidas, y que Bruselas no entregará más del 13% de adelanto de lo establecido, hasta que el Gobierno español no sea capaz de realizar las “reformas” solicitadas por los organismos económicos de esa institución.

Queda por tanto por saber en qué van a consistir las “reformas” que se exigen, y que serán evaluadas por las entidades financieras. Los principales medios de comunicación han resaltado que la privatización de las pensiones y el mantenimiento de las contrarreformas sociales anteriores se han convertido en una de las primeras exigencias de los préstamos y ayudas de la UE.

ESPACIO INDEPENDIENTE

(Colectivo de militantes del PSLF)