La realidad vuelve a mostrarnos una verdad que se repite en la historia del capitalismo: El empobrecimiento del Estado para salvar al capital lo paga siempre la clase trabajadora.

El Banco de España ha publicado una serie de datos que ponen de relieve como la deuda del Estado crece hasta alcanzar máximos históricos. El crecimiento que experimenta aquella se debe de manera notable a los más de 100.000 millones que el Estado ha puesto a disposición de la clase empresarial para avalar los créditos bancarios, y por lo destinado al pago de los ERTEs.

 Mediante los ERTES, el Estado asume la retribución a los trabajadores a los que les suspenden los contratos de tal modo que los empresarios se ahorran tanto los salarios como las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, el trabajador perderá, como mínimo, un 30% de su salario los primeros 180 días que será un mínimo del 50% de su salario a partir del día 181 (según parece se realizan negociaciones gobierno, empresarios, sindicatos, para que se mantenga la pérdida del 30 %)

Resulta sospechoso que en estos días aparezcan una avalancha de programas informativos en los diferentes medios de comunicación con tertulianos que debaten y nos trasladan la idea de la posibilidad de que el gobierno congele los salarios de los funcionarios públicos para el año 2021 y a su vez, se busquen mecanismos para que la gente acepte el retraso voluntario de su jubilación.

Para nada nos debe sorprender que para nivelar el empobrecimiento que ha supuesto para el Estado el enorme servicio prestado a la burguesía y que le pone en puertas de su ruina económica, el gobierno sopese recuperar fuerzas a costa de apretar el cinturón a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y de “tocar” medidas relacionadas con los pensionistas, de este modo la crisis se ceba sobre más y más sectores de la población trabajadora.

 En contraposición a esta oleada de millones para la burguesía que ponen a las puertas de la bancarrota económica al Estado, se aprueba mediante decreto-ley el Ingreso Mínimo Vital.

Esta ayuda social no deja de ser una renta mínima más que se nos ha vendido profusamente como la panacea que iba a acabar con la pobreza, como una norma histórica del gobierno más progresista que haya conocido este país.

Las cifras revelan que el IMV no es otra cosa que una débil chispa de luz, de 500 millones según BOE que pueden llegar hasta los 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es un imposible, por la nimia cantidad y por su propia naturaleza.

El pequeño presupuesto y las múltiples barreras burocráticas ponen a la luz la poca voluntad política del gobierno para sacar de la pobreza y salvar de la exclusión social a unas 850.000 familias (unos 2,5 millones de personas), que según el mismo declara, que constituyen los sectores más pobres de la clase obrera.

El gobierno de coalición sirve fielmente a los poderes económicos y a las grandes empresas del IBEX con avales que superan los más de 100.000 millones de euros y con los pagos de los ERTES ahorrándoles los salarios y las cotizaciones sociales mientras que destina migajas a los sectores sociales que viven en la pobreza y la exclusión social.

NOTA: En estos días nos llegan noticias muy preocupantes que delatan una más de las muchas formas en las que se pone de relieve el castigo a la pobreza; algunos ayuntamientos empiezan a poner pegas en el pago de los mínimos vitales a quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital.  La Junta de Extremadura a través de los Ayuntamientos subvenciona a las familias, según el número de sus miembros, más débiles económicamente con cantidades que no superan los 800 o 900 euros anuales para el pago de luz, agua y gas. En una palabra, el pequeño incremento mensual de ingresos que reciben por un lado se lo quitan por el otro. Una verdadera vergüenza.

Juan Viera Benitez

es secretario de agricultura del PSLF, del PSLF Extremadura