La lucha por la igualdad continúa

Justicia para los represaliados: Lima, Buenos Aires, Ginebra, Madrid…: Comités Internacionales por la libertad de Pedro Castillo y de todos los detenidos

En el día de ayer millones de personas salieron a las calles de la mayoría de los países para manifestarse, en situaciones políticas y sociales diversas, acerca de la histórica demanda de la igualdad. En España, desde el gobierno, y en función los intereses políticos y electoralistas de sus componentes políticos, se procedió a dividir el movimiento feminista, como movimiento independiente y reivindicativo enfrentado al marco político e institucional contrario a la igualdad.

La división y el enfrentamiento desde el mismo gobierno sobre la Ley “trans” y acerca de la reforma de la Ley “sólo sí es sí”, se ha extendido como una mancha de aceite llevando al bloqueo de leyes que son demandas mayoritarias: las de quienes entienden que nunca se llegó a resolver en positivo la contrarreforma laboral del PP; o la exigencia de una Ley de vivienda que acabe con la especulación de bancos y fondos buitre que multiplican el precio de la vivienda y de los alquileres; la demanda de que se derogue la Ley Mordaza por la que se limitan derechos democráticos fundamentales como el de manifestación... De otra parte, la vida cara se ha impuesto a los salarios y pensiones generando una nueva ola de pobreza social, conculcando el derecho sindical de negociación colectiva. El Gobierno no se atreve a meter mano a los especuladores de las grandes superficies, a los que para más inri se les ha bajado el IVA sin que ello haya repercutido, sino al contrario, en el precio de los alimentos. La pobreza social es una agresión a la demanda de igualdad.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conquista del movimiento de mujeres socialistas, ha sido tomado por la ONU como si todas las mujeres, de todas las clases sociales, sufrieran explotación y opresión, hecho que se contradice con la realidad. La presidenta del Banco Santander y la señora Leticia, casada con el Borbón de turno..., y otras muchas mujeres enquistadas en la élite del poder económico y político no comparten la indignación social ni las aspiraciones de cambio de las trabajadoras, las campesinas, las jóvenes… A las directivas de las grandes empresas y bancos, a las dignatarias de las instituciones no representativas del régimen monárquico, no les afecta en lo más mínimo la privatización de la sanidad, la educación, las pensiones, por no hablar de la desigualdad salarial y de las pensiones. En el mundo que vivimos, el de la competencia exacerbada de los grandes capitales y de las grandes potencias, existe un salto cualitativo, cristalizado en una nueva carrera de armamentos y en la guerra imperialista. Es el caso destacado de la guerra de Ucrania; de la oleada reaccionaria que restringe todas las conquistas sociales, todos los derechos conquistados, afectando en primer término a la lucha por la igualdad de la mujer trabajadora.

Desde los años 80 del siglo pasado conocemos una vuelta a la desigualdad: una minoría  detentadora de la gran propiedad y/o del poder político ha impuesto sus intereses de clase, multiplicando sus beneficios en contra de las necesidades de la inmensa mayoría; y ello afecta de forma especial a los sectores más pobres y desfavorecidos entre los que se encuentra la mujer trabajadora. Vuelta a la desigualdad que está directamente relacionada con la privatización de bienes y servicios públicos, con la reducción significativa de la fiscalidad para quienes más tienen; de manera que un mileurista contribuye porcentualmente más en su fiscalidad que las multinacionales y propietarios de grandes capitales.

A esta deriva de la desigualdad a escala internacional contribuyen, además de los Estados, las entidades internacionales antidemocráticas, como es el caso de la Unión Europea, que impone sus dictados a los países miembros y a todos cuantos dependen de sus movimientos de capitales. Liquidar las pensiones públicas es ahora la exigencia de la Unión Europea contra sus miembros, a la que los trabajadores y sindicatos franceses se oponen con la huelga general y la movilización.

La celebración de las reivindicaciones de igualdad del movimiento feminista debe ser capaz de superar la división y el enfrentamiento que se le quiere imponer desde las instituciones monárquicas, para lo que es esencial acudir a la memoria histórica. A quienes afirman que vivimos en un régimen político de democracia integral, hay que recordarles que el gran salto adelante en los derechos de la mujer no se llevó a cabo sino en el sistema democrático-republicano de la Segunda República, que fue ahogado a sangre y fuego por el franquismo. El corto periodo republicano supuso la conquista de derechos civiles y sociales, en especial para la mujer, que significó el reconocimiento de la ciudadanía política de la mitad de la sociedad, con la conquista política del sufragio y la igualdad jurídica. Los cambios republicanos acabaron con la negación de ciudadanía del régimen monárquico y de la misma Iglesia, abriendo las puertas al acceso a la educación y limitando la desigualdad laboral.

La lucha por la igualdad, y en particular por la igualdad de mujeres y hombres, ha de ser capaz de acabar con la vaciedad oficial del término, tan manoseado por los portavoces oficiales de la monarquía. Hay que ayudar al movimiento feminista a llenar de contenido democrático y de cambio con sus verdaderas reivindicaciones y aspiraciones, movimiento que no puede sino ser parte integrante del reagrupamiento republicano de trabajadores/as y pueblos. Ayer han vuelto a aparecer en las manifestaciones feministas pancartas de mujeres republicanas que, frente a las políticas oficiales de división, levantan las banderas del cambio político y social necesario para las mujeres y por extensión para la mayoría social.

A la Ronda de la Dignidad de las Víctimas de los Crímenes del Franquismo acudirá en el día de hoy el abogado y compañero, Wilfredo Robles, abogado defensor de Pedro Castillo. La situación peruana ha venido concitando nuestra atención y desvelos desde el mismo día 7 de diciembre, cuando el presidente Castillo fue secuestrado por los mismos policías que componían su escolta en el momento que convocaba, como era su responsabilidad y promesa electoral, a Asamblea Constituyente. Siguiendo el curso de los acontecimientos: de una parte, está la inmensa movilización popular para acabar con el golpe cívico-militar de naturaleza imperialista, demandando la convocatoria de Asamblea Popular Constituyente; y de otra parte, la represión criminal del Gobierno de Dina Boluarte y del Congreso corrupto constituido en torno a la oligarquía limeña, agente servil de los intereses imperialistas. El gobierno golpista es incapaz de acabar con el movimiento popular, pero el movimiento popular del pueblo de Perú necesita el apoyo y de la solidaridad internacional de los trabajadores y pueblos del mundo para lograr sus objetivos. Y el primer objetivo para acabar con las consecuencias políticas del golpe es la libertad inmediata e incondicional del Presidente Pedro Castillo. Exigencia democrática que viene a concentrar toda la situación peruana, coordinando los apoyos solidarios que está recibiendo de países latinoamericanos como México y Colombia, y del mundo. Por su parte, el Gobierno español ha seguido detrás de sus compromisos imperialistas reconociendo política y diplomáticamente el golpe y su gobierno, suministrando armas y material antidisturbios, lo que constituye en sí mismo un delito internacional.

La solidaridad internacionalista con el pueblo de Perú comienza a tomar forma organizada. En México, Buenos Aires, Lima, Madrid…, se levantan Comités por la libertad inmediata e incondicional del Presidente Castillo y de todos los detenidos, con la exigencia de justicia para todos los afectados por la represión.

ESPACIO INDEPENDIENTE 9/03/2023