Partido Socialista Libre Federación

La “Desbandá”

Espacioindependiente nº 444, jueves 3 de febrero, 2022

La “Desbandá”

a la luz de la situación política española y del derecho internacional

 

A primeros del mes de febrero de 1937, hace ahora 85 años, se llevó a cabo la masacre de población civil más grande de la guerra. Un crimen masivo, que como muchos otros permanece silenciado por las autoridades del Estado. Situación de impunidad de crímenes de guerra que el actual Gobierno pretende mantener con la prolongación de leyes franquistas, materializada en su propuesta de Ley de Memoria Democrática, que impide la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Hablamos hoy de la “Desbandá”. Se conoce así, la huida masiva de población civil de Málaga ante la entrada de las tropas franquistas e italianas en la ciudad. Unas cien mil personas, la mayoría mujeres, niños y enfermos trataron de huir de la barbarie; y para ello intentaron recorrer a pie los 200 kilómetros que separan Málaga de Almería por la carretera de la costa. Durante varios días fueron acosados, bombardeados por el ejército franquista del General Queipo de Llano, por unidades del ejército italiano y de su marina, y por la aviación alemana. En los últimos años han comenzado a aparecer libros recogiendo testimonios espeluznantes de aquella matanza, y en particular el testimonio del brigadista y médico canadiense Norman Bethune, quien trabajó afanosamente para atender de primera mano, sobre el terreno, a las víctimas, ayudado con poco personal, y dotado con una ambulancia y algún material sanitario. Trágico episodio que nunca se quiso investigar oficialmente ni antes ni después de la muerte del dictador, y que supuso la muerte de unos diez mil civiles y muchos más heridos.

La “Desbandá” comenzó el 8 de febrero de 1937. Y después del bombardeo de las ciudades españolas asediadas por los ejércitos nazis y fascistas, fue el episodio más cruento que se conoce al que hay quien llama el “Gernika andaluz”, siendo de las primeras veces que en Europa se utilizó el terror militar contra la población civil desarmada. Acontecimiento que resulta de la combinación de diversos conflictos: de una parte, una guerra civil provocada por un golpe de Estado de generales africanistas al servicio de la monarquía española, la Iglesia y la gran burguesía y los terratenientes; de otra, una revolución social impulsada por las bases de sindicatos y partidos obreros contra la sublevación militar en las grandes ciudades, estableciendo comités de poder en fábricas y campos. Y ello, sin olvidar la dimensión internacional del conflicto, con la intervención directa de los poderosos ejércitos nazis y fascistas de la época.

Barcos de guerra de los fascistas sublevados, como fue el caso del Baleares, Canarias y Almirante Cervera, se ensañaron con la “Desbandá” bombardeando desde el mar a la columna de miles de civiles que buscaban refugio y tierra de paz, vulnerando el principio de protección de la población y bienes civiles. Algún nombre de estos barcos ha sido repuesto recientemente en el callejero de Madrid, al entender los tribunales que la Ley de Zapatero no sirve ni para cambiar la denominación de una calle.

¿Qué lectura e interpretación cabe hacer de la “Desbandá” y su contexto histórico, a la luz de la situación política española en la actualidad? Mientras que para el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben, todos los gobiernos de la mal llamada democracia española han establecido muros de silencio e impunidad. El Gobierno de coalición de Sánchez no es una excepción a la regla. La doctrina de impunidad de Estado, consolidada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en base a la existencia de la Ley de Amnistía, es aprobada por la izquierda oficial, que la mantiene vigente. Como consecuencia de la continuidad de los consensos constituyentes del 78, establece que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, el franquismo y el periodo posterior no tienen cabida en la justicia de la “democracia monárquica española”.  Es una grosera manipulación de la naturaleza de los crímenes cometidos, decir que todos ellos están prescritos; y por si ello fuera poco, además quedaron anulados por la Ley de Amnistía de 1977, por la que se declaró la extinción de “todos los actos de intencionadamente política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.

Se trata de un dispositivo reaccionario de la razón de Estado y del llamado consenso constitucional, que se superpone a la razón política y jurídica democrática, al derecho internacional y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establecen que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar sin castigo”.

Crímenes similares a los de la guerra y revolución española se han seguido produciendo en el contexto internacional, sobre todo, por los ejércitos imperialistas. Una demanda interpuesta en el Tribunal Penal Internacional por seis organizaciones de derechos humanos, acusa a gobiernos y empresas -como es el caso del gobierno español y empresas de armamento aquí localizadas- de venta ilegal de armas a Arabia Saudí, provocando nuevos crímenes contra la humanidad, como sucede en la guerra del Yemen. Se acusa al gobierno y a empresas españolas de la venta a Arabia Saudí de más de mil millones de euros en armamento: aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería. Acerca de esta situación, Pedro Sánchez, no vaciló en manifestar: “Si me piden donde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos”.

En consecuencia, una visión de conjunto del derecho internacional humanitario nos lleva a entender en todo tiempo la prohibición jurídica del uso de la fuerza armada contra la población civil, donde se combina el derecho de la Haya, relativo a los conflictos armados, y el derecho de Ginebra, que comprende la protección de las víctimas de las guerras, aunque ambos defienden los mismos principios.

Principios, que en este caso, el de la masacre de la “Desbandá”, nos lleva a considerar la ilegalidad de la intervención de Alemania e Italia en los crímenes cometidos, por conculcar el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Crímenes que, por tanto, deben ser juzgados y reparados, así como los cometidos por el Ejército de ocupación español, que resultó vencedor en la contienda ilegal e ilegítima que provocó, sin haberse juzgado ni reparado sus crímenes.

En el año 2016 la Asociación Málaga Republicana presentó al respecto una reclamación ante el consulado alemán, dirigida al gobierno de Bon, y ante el consulado italiano en Málaga, a fin de que reconozcan su participación en los hechos, se juzgue e indemnice a las víctimas y sus familiares. Nadie contestó a la misiva.

¿No debería cualquier gobierno que se reclame de la democracia y de la justicia, y del respeto al derecho internacional, establecer las medidas necesarias para que acontecimientos como los de la “Desbandà” sean investigados, juzgados y reparados?

El Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 disponía al respecto: “Los Estados se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad internacional y la independencia política”. Los Estados alemán e italiano, así como el Estado español, llevan tantos años de espaldas a la realidad de sus actos de agresión a la República española y a la mayoría de la población, sobre la base de una guerra nunca declarada, y por ellos provocada. Ninguna consideración, cualquiera que sea su índole, puede servir de justificación a una agresión militar. Y por ello, “la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional” que origina responsabilidad internacional.

  Todos ellos están ante la responsabilidad (política y jurídica) de dar respuesta democrática a los crímenes masivos de la “Desbandá” y otros muchos... Responsabilidad que recae en este momento, de manera singular, sobre el Gobierno de Sánchez y de todos sus componentes políticos.

  • Feb. 3, 2022, 12:42 p.m.

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