¡Ni virus, ni Corona!

La corrupción también mata

Espacio Independiente nº 350

La situación que estamos viviendo tiene su antecedente histórico en la gripe, llamada “española” de 1918, es decir, hace algo más de un siglo. Lo que entonces, en principio, se anunciaba como una epidemia leve, un año después se había cobrado 250.000 vidas en España, la mayoría jóvenes, y entre 30 y 50 millones de personas en todo el mundo. La censura y la ocultación de Estado se encargó de falsificar todo, y la competencia capitalista se aceleró en medio del drama sanitario y social, aún más cuando la guerra (Primera Guerra Mundial) imponía sus condiciones terroríficas. La pandemia vino a agravar las diferencias sociales entre las clases fundamentales de la sociedad, comenzando por el hecho de que el mayor número de víctimas procedieron de las filas de los trabajadores, campesinos y soldados; y que, a falta de sistemas de salud pública, en la mayoría de países la población más pobre fue la víctima propicia.

La Sociedad de Naciones se fundó en ese momento, entre otros objetivos, para tratar de dar respuesta a la gripe y a la insolidaridad e injusticia social que ésta puso al descubierto. La gripe en España produjo importantes cambios políticos, desde abajo, afectando al sistema de la Restauración de la monarquía de los Borbones. Evidenció buena parte de sus principales contradicciones, terminando por echar mano del ejército para tratar de resolverlas mediante la represión y la anulación de derechos y libertades a través de la dictadura de Primo de Rivera.

La pandemia del coronavirus conoce diferentes planes de los gobiernos, que en general tratan de favorecer a los bancos y grandes empresas, en medio de la ineficacia de las instituciones multinacionales impuestas, como es el caso de la Unión Europea y de otras alianzas del capital internacional. Se juega por parte de los gobiernos de todos los colores con dos variables: de una parte, quieren preservar y mantener el funcionamiento de los aspectos centrales de la economía financiarizada; y de otra, toman medidas -muchas veces contradictorias- contra derechos y libertades de la población para tratar de acortar así el periodo de dominio de la pandemia.

El Estado de Alarma del Coronavirus de 14 de marzo, que ayer se ha prolongado por las Cortes, ha venido a oficializar no solo una crisis sanitaria y social, sino y también a destapar y acelerar una crisis económica y política de largo alcance, que es la del régimen del 78 y sus bases constitutivas.

El gobierno Sánchez-Iglesias habla de que la crisis actual carece de referencias históricas. Se equivoca una vez más o elude las referencias necesarias de la crisis de la gripe de 1918, con las que hemos comenzado este texto. La primera consigna gubernamental frente a la crisis no es sino una consigna directamente política: “Unidos saldremos adelante. Unidos venceremos al virus”. Llamamiento a la unidad política de los que sufren de forma muy diferente la situación, y tienen intereses muy contradictorios. Como si los 26.000 trabajadores despedidos de El Corte Inglés, o por otros miles de empresas, tuvieran los mismos intereses que la patronal que los despide. Despidos que se generalizan en todas partes, de manera que la patronal ya hace cálculos de que en esta ocasión va a proceder a poner en la calle a dos millones de trabajadores. Es más, ¿el gobierno trata de hacernos creer que los trabajadores y pueblos tenemos los mismos intereses que la Corte de los Borbones, que por todos los medios tratan de ocultar sus responsabilidades políticas y jurídicas en la corrupción política y de Estado de la que se les acusa internacionalmente?

La unidad que Sánchez e Iglesias reclaman es pura entelequia. Comenzando por el hecho de que el sistema sanitario público ha sido diezmado y semidestruido por las privatizaciones y recortes de los especuladores, y ello afecta a todos los que no se pueden costear una sanidad privada. Los profesionales de la sanidad, que son los primeros afectados por el virus, lo son por la desprotección a las que les someten las políticas de austeridad sanitaria pública, ya que carecen de lo más elemental para realizar su trabajo, mientras que la tercera parte de la financiación sanitaria pública va a las arcas a las empresas privadas del sector. El instinto popular acertó en señalar, a través de los medios sociales, que el déficit sanitario que impide comprar lo necesario para los hospitales públicos se resolvería fácilmente si Hacienda, cumpliendo con su trabajo, procediese a intervenir los miles de millones ilegales que los Borbones poseen como consecuencia de la corrupción institucional.

Como consecuencia del momento político tan extraordinario, la mayoría social ha intuido que en vez de llamamientos vacíos a la participación activa de todos en unión (ciudadanos, administración y partidos políticos), se debe comenzar a tomar las primeras medidas que aseguren la salud, el salario y el domicilio en peligro para millones de trabajadores. Y esa intuición ha llevado a millones a expresar su indignación, desde las ventanas y balcones, en los que hemos sido recluidos por el Estado de Alarma.

Las medidas económicas tomadas por el Consejo de Ministros no responden a los problemas y a las necesidades sociales y políticas de la inmensa mayoría, comenzando por la misma lucha contra el virus. Desde primeros de mes se conocía que venía el coronavirus, y ya aparecieron los primeros afectados por los hospitales; pero no había pruebas, ni médicos, ni enfermeras, como tampoco camas y hospitales suficientes. Mientras, los hospitales privados, que se financian con fondos públicos, no fueron abordados como solución de salud pública, y la gente fue enviada a sus casas a curar la enfermedad, con la consiguiente extensión de la infección.

Los 200.000 millones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de los bancos y de las grandes empresas con aval público no resuelven ninguno de los problemas sanitarios, sociales y políticos de la mayoría. Los esfuerzos que el gobierno dice no escatimar no se dirigen hacia quienes sufren la explotación y la opresión, la precariedad y la inseguridad en el trabajo. En medio del auge del Coronavirus, y de la mayor mortandad que se conoce por esta epidemia concentrada en la Comunidad de Madrid, las enfermeras de guardia nocturna que se contratan de urgencia, y sin equipo de protección, lo son por 35 euros noche. Y, una vez más y en todo momento, el Gobierno no deja de ir detrás de los acontecimientos en todos los terrenos.

Los trabajadores y sus organizaciones no pueden dejar de exigir que sus demandas sociales y políticas sean las primeras, en tanto representan las aspiraciones de la inmensa mayoría.

Ninguna organización, sindicato o partido, que se reclame de los derechos sociales y democráticos puede, y más en estos momentos tan graves, ser cómplice de los que esconden sus corruptelas en paraísos fiscales mientras reciben importantes cantidades cada año de los Presupuestos del Estado por un poder no democrático.

Las Cortes Generales que echaron a Rajoy a su gobierno corrupto no pueden mantener la corrupción en la Jefatura del Estado, y deben proceder a investigar todas las denuncias que al respecto se tramitan desde Suiza y Gran Bretaña, para poder arrojar luz y tomar las decisiones que permitan recuperar dichos bienes para las necesidades de la salud pública.

Vencer al virus implica vencer la corrupción de Estado que, como vemos, mata dejando la sanidad pública sin medios, y que ha sido el alimento necesario para la extensión del virus.