¿ES LA HORA DEL AJUSTE DE CUENTAS CON EL RÉGIMEN DEL 78?

Una visión republicana de la crisis monarquica

Ildefonso Gómez Presidente del PSLF y abogado

La pandemia y sus rebrotes comparten la actualidad con reiteradas noticias acerca del hundimiento de la economía, y con la avalancha de informaciones interesadas en tratar de separar las imputaciones de corrupción a J. Carlos de Borbón de sus herederos políticos. ¿Es la hora del ajuste de cuentas con el régimen del 78? La combinación de la crisis económica, política e institucional se concentra sobre el Palacio de la Zarzuela. Y de las decisiones que se tomen depende la resolución del asunto en un sentido u en otro. Desde hace meses se esconde en sus instancias del Palacio de la Zarzuela el héroe de la “democracia”, quién durante cuatro decenios detento todos los poderes de los Pactos de la Transición que cristalizó en la Constitución, contra el que existen acusaciones fundadas de corrupción.

El trato de “Rey emérito” fue establecido por el gobierno en 2014, como un simple honor protocolario sin que las Cortes aprobaran, delegaran o autorizaran ese nombramiento, y que buscaba-sobre todo- protegerle en sus muchísimos desmanes de todo tipo ante el Tribunal Supremo, trato, por tanto, revocable en cualquier momento: bastaría para ello un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que lo anulase. Por lo que se ve el gobierno no quiere dar ese pequeño paso democrático, y prefiere presionar a Felipe de Borbón para que resuelva la crisis a su manera, es decir en familia.

Pero quien resulta afectada por los dineros acumulados ilegalmente por el emérito es nuestra sociedad, y en particular los sectores obreros y populares sometidos a la austeridad y la miseria, y la Casa Real no ha sido sino la beneficiaria. ¿que los que se han beneficiado de la rapiña durante decenas de años sean los únicos que decidan sobre el asunto no es puro despotismo? Postergando con todo ello el desalojo de la Zarzuela del emérito, sede de la Familia Real, se evidencia la falsedad de la supuesta renuncia notarial (repudio, incrementada esta sospecha con la huida del emerito a la República Dominicana, autentica cueva de huidos y autenctico paraiso fiscal y judicial,) a la herencia económica, poniendo en claro que no es más que una maniobra de su heredero para ganar tiempo, pero el tiempo político corre inexorablemente, y no precisamente a favor de la institución reestablecida por Franco contra los trabajadores y pueblos.

En España se han producido a partir de la crisis de 2008 un millón de desahucios de familias trabajadoras que no pudieron hacer frente a las hipotecas o a los alquileres, pero ahora el gobierno que echo al PP por corrupto, se resiste a ejecutar el único desahucio democrático que podría realizar, el de un exjefe de Estado perseguido internacionalmente por gravísimos casos de corrupción política y económica, y al que tampoco quiere da orden de intervención de sus numerosas cuentas corrientes en paraísos fiscales. La Audiencia Nacional ha llegado a la convicción después de 13 años de investigación de que la familia Pujol constituye “una organización criminal” por la trama del 3% para el partido y los gobiernos nacionalistas catalanes, denunciada inicialmente por quien fue presidente de la Generalidad Pascual Maragall (“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”). Un problema parecido tiene por una parte los que han recibido comisiones de los grandes empresarios que han contribuido de forma ilegal para llenar la caja de caudales de la monarquía. Es el caso, sin ir más lejos del Marqués de Villar Mir, exministro de Franco cuyo título de nobleza parece ser que tenía precio tasado. ¿Ha investigado seriamente la Audiencia Nacional la situación al respecto de la Casa Real? ¿Y la Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia delito alguno? Según se dice, esperan a finales de agosto para decidir.

El Tribunal de Estrasburgo ha anulado la condena de Otegui, avalando su libertad de expresión, cuando llamó a Juan Carlos rey” jefe de los torturadores”. Estableciendo falta de imparcialidad del tribunal que lo juzgo y condenó a seis años de cárcel, condena ahora anulada. ¡No permitamos que la justicia llegue tan tarde! En los próximos días el Gobierno y la Jefatura del Estado pretenden en medio de agosto tomar una decisión consensuada, de espaladas al pueblo, respecto a la ruptura con la corrupción del emérito. Decisión que sin duda no será la ultima palabra sobre el caso, en tanto que la justicia de otros países y las mismas Cortes generales pretenden tomar decisiones políticas y judiciales inmediatas, y ello frente a la complicidad revestida de parálisis. Es la hora de ajustar cuentas con el régimen corrupto y antidemocrático que pretende seguir secuestrando la voluntad popular.