Espacioindependiente nº 408, jueves 27 de mayo, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

^{El Estado cloaca}

^{Partidos del bloque constitucional se enfrentan por el indulto a los dirigentes catalanes}

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgó la causa del “procés” (por el supuesto delito cometido a la hora de sacar las urnas para que el pueblo decida acerca de la soberanía e independencia de Cataluña respecto al Estado de la Monarquía), ha resuelto informar negativamente  de la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial-, sirviendo esta negativa como bandera de enfrentamiento de los partidos constitucionalistas más ligados al franquismo, como es el caso del PP y VOX, mientras Ciudadanos trata también de reflotarse de su hundimiento político y electoral utilizando para ello el contenido de dicha información.

Los doce condenados por delitos de “sedición”, malversación de caudales públicos y desobediencia, siguen en la cárcel y el indulto llega muy tarde, cuando tienen cumplida una parte de la condena. Indulto, efectivamente relacionado con la necesidad del Gobierno de encontrar apoyos parlamentarios y políticos en los que sustentarse, una vez fracasada su operación de ruptura de Ciudadanos con el PP. Una maniobra de la Moncloa que se tradujo en un revés político y electoral, tanto en Murcia como en Catilla y León, y por supuesto en la Comunidad de Madrid donde el PSOE -con sus socios en el gobierno- y sus políticas gubernamentales contribuyeron a la mayoría absoluta de PP y VOX.

Los magistrados del Tribunal Supremo, el tribunal de la “Suprema Impunidad” de los crímenes del franquismo, argumentan su negativa en términos estrictamente jurídicos, cuando son tan partidarios de realizar todo tipo de consideraciones políticas en otros casos sobre los que se han pronunciado; como es el caso de los indultos para los miembros del Gal, o para los golpistas del 23 de Febrero, por solo poner dos casos relevantes.

Entienden los magistrados que no hay prueba alguna del arrepentimiento de los presos políticos catalanes  como tampoco por los exiliados que no han sido alcanzados por los intentos de la justicia española de que fueran extraditados desde varios países de Europa; resolviendo los diferentes tribunales europeos en contra de las pretensiones españolas.

Entienden los magistrados contrarios al indulto que promueve el Gobierno que las solicitudes de indulto no han sido sino solo solicitadas por terceros y no por los autores de los delitos por los que fueron condenados, y que ello desenfoca el sentido del indulto, más aún cuando los condenados defienden abiertamente su inocencia, y se presentan como víctimas de la reacción policial y judicial españolista contra los derechos más elementales del pueblo catalán.

La subversión o no del orden constitucional es la cuestión de fondo, que el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena considera probada, entendiendo que “la pena solo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legítima su imposición”

De las siete peticiones de indulto que han sido presentadas para el tribunal, ninguna merece su consideración. Debemos señalar, además, que durante este tiempo y hasta ahora, el mismo Gobierno que se había comprometido en diversas ocasiones a la libertad de los presos y a la negociación con las autoridades de la Generalidad catalana una solución conforme a las exigencias democráticas de amnistía y autodeterminación, lo ha prolongado hasta verse en la necesidad de acceder a la vía del indulto para tener el necesario apoyo parlamentario que lo mantenga en la Moncloa.

Los condenados se reafirman en que no cometieron delito alguno, de forma que no quisieron ni responder al trámite de ser oídos de nuevo por el tribunal, reafirmándose en todo momento en que lo que hicieron, que fue sacar las urnas para que se pudiera votar, en el ejercicio del derecho a decidir…, lo volverían a hacer, en cuanto se vuelvan a dar las condiciones necesarias para ello.

Acusa el Tribunal a la Generalidad de falta de colaboración: “desde el primer momento del cumplimiento de la pena y en la elaboración de los informes unidos al expediente bajo la apariencia de una valoración diferenciada, ha unificado de forma contumaz el régimen y el tratamiento de los presos del procés, sin atender la evolución personal e individualizada de cada uno de ellos”.

Como consecuencia de la iniciativa gubernamental de indulto, los consensos con la derecha se han resentido de forma muy sensible, afectando a otros muchos asuntos en tramitación, como ha sido el caso de los acuerdos tomados con la patronal y los sindicatos oficiales sobre la continuidad de los ERTE, la renovación del Poder Judicial…

La debacle del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid y la iniciativa del indulto a los presos del proces, han venido a debilitar la posición negociadora a la hora de hacer viables los consensos que hacen posible el bloque constitucional, afectando al diálogo social.

A última hora, y con la campana a punto de sonar, se ha llegado a un nuevo acuerdo, el de la quinta prórroga de los ERTE, en la que el Gobierno había quedado solo frente a los sindicatos y a la misma patronal. Prolongándose los acuerdos que afectan a 625.000 trabajadores hasta septiembre.

La defensa de todos los puestos de trabajo afectados por la recesión y la crisis consiguiente es una cuestión que volverá a plantearse en cientos de empresas, que con grandes beneficios aprovechan la situación para despedir a miles de trabajadores. Pero la crisis no solo se lleva millones de empleos; además deja una situación catastrófica en el impago de alquileres en millones de familias sin ninguna protección y en los consiguientes cortes de agua, luz y teléfono. Las colas del hambre son su mejor reflejo.

Una comisión de investigación, que se ha decidido que se reúna a puerta cerrada, se va a celebrar en Cortes con el excomisario Villarejo. La corrupción y el clientelismo inunda todos y cada uno de los niveles de la administración de Estado, y de forma manifiesta se desarrolla en las altas magistraturas que gozan de la más absoluta impunidad.

Las redes mafiosas que inundan los ministerios y los cuerpos policiales, como los judiciales, se han afincado en las instituciones de forma que a los expertos les permite decir lo siguiente: “La dificultad es que se trata de un negocio con una estructura de poder que trasciende a Villarejo y que si no se desmonta en su totalidad dejará tocada la democracia. Dará igual a quien se vote o quien gane las elecciones en el futuro”.

La cadena de la corrupción no se rompe por el eslabón de Villarejo que, además, sigue operando con toda una corte de colaboradores desde la cárcel. Es la impunidad del régimen, que se prolonga durante décadas y décadas, la que se constituye como la base y punto de partida de todo tipo de operaciones de enriquecimiento mafioso a costa de los Presupuestos y de los ciudadanos. De tal forma  que no se sabe si son una red paralela del Estado, si solo son las cloacas del régimen -como hasta ahora se ha venido diciendo-, o por el contrario estamos en presencia de un verdadero Estado cloaca.