Partido Socialista Libre Federación

Crisis política y bloqueo constitucional

Espacioindependiente nº 436, jueves 9 de diciembre, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

 

Crisis política y bloqueo constitucional

La Constitución de la impunidad niega el derecho a decidir

 

Se celebra en Londres un juicio instado por una de las amantes a sueldo de Juan Carlos de Borbón contra éste, por “acoso” y “vigilancia ilegal” por los Servicios Secretos españoles; exigiendo una “orden de alejamiento” del rey y de sus policías. El fugado a los Emiratos exige a Corina Larsen la devolución de 65 millones de euros, entregados “por amor”.  El Borbón, mediante sus abogados, acude a su “condición de miembro de la Familia Real Española”, a la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, y a la Ley británica sobre inmunidad. A la espera de la justicia británica, el Reino de España niega a exjefes de Estado extranjeros la inmunidad que Juan Carlos reclama para sí. Un nuevo episodio de abuso de poder y de la corrupción continuada de la más alta magistratura del Estado, que el Gobierno impide que se investigue. Los medios de comunicación insisten en la inminencia de un nuevo capítulo, que no sería otro sino el de la vuelta del Emérito (sin mérito) a la Zarzuela, reclamando sus asignaciones económicas oficiales.

Y este señor, no es sino el “padre de la Constitución”, el padre de Felipe VI. Padre, que contó y cuenta aún con el apoyo de otros muchos padres menores: los que hicieron posible la amnistía de los crímenes franquistas, de la guerra y la dictadura, es decir, de todos quienes establecieron (por ley de punto final) la impunidad, y posteriormente la misma Constitución. Uno de los padres de este desaguisado fue Nicolás Sartorius, de la dirección del PCE y de CCOO, quién 43 años después se sigue reclamando de todo ello, afirmando que “La Constitución fue una lucha de la izquierda y es un error cedérsela a la derecha”. Abogando, ahora, por la reforma de la Constitución.

Su jefe de la época, Santiago Carrillo, lo dijo claramente: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre”. Ahí queda: borrón y cuenta nueva.

Hay que saber que la Ley de Amnistía establece la impunidad de los crímenes franquistas, que fue propuesta por los dirigentes del PCE, y aprobada por consenso. Ley defendida en el Congreso de los Diputados por Marcelino Camacho. La demanda popular de “¡Amnistía y Libertad!”, es decir, de libertad para los presos y fin de la represión, la transformaron los padres de la Constitución del 78, de uno u otro color, en impunidad para negar la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas. Política conocida como de “Reconciliación nacional” y “Pacto por la libertad” que, lejos de acabar con la dictadura, se reconcilió con ella, asumiendo su herencia política económica e institucional. Recordemos que fue en junio de 1956, mediante declaración del Comité Central del PCE, que comenzó la estrategia de “reconciliación nacional”. Reconciliación basada en la equiparación de los torturados y torturadores, de los asesinos y los asesinados… Olvidando toda referencia republicana del pueblo español para pasar a defender el signo monárquico del régimen. ¿Qué es lo que se pretendía reconciliar? Colocando en el mismo plano a los que defendieron la República y a los aliados de Hitler no se podía sino desmovilizar y desorganizar la ya difícil lucha contra la dictadura. La hemeroteca habla por sí sola de estos acontecimientos, de las relaciones entre Carrillo y Fraga, entre Carrillo y Suárez…, llegando a asumir la bandera monárquica como propia.

La Constitución del 78  se forjó con estos mimbres. A los que se añadieron los Pactos de la Moncloa, que rompieron el movimiento de los trabajadores, y pusieron a sus organizaciones al servicio de los planes de sucesión monárquica, ligados siempre al gran capital. Una Constitución, que no fue fruto de la libertad constituyente, sino del poder ilegal e ilegítimo del franquismo establecido en el famoso “atado y bien atado” de la herencia del dictador. Con el paso del tiempo, la izquierda oficial -que hoy gobierna- ha quedado presa de sus propias contradicciones, convirtiéndose en centinela de los pactos y consensos con las derechas, y sometidos al dictado de la UE y la OTAN.

La Ley de Amnistía es la esencia de la Transición al franquismo coronado. El contenido de esos pactos se condensa en el texto de la Constitución del 78, que es una Ley inútil para las aspiraciones sociales y democráticas. Solo sirve para mantener privilegios de unos pocos e indefensión para los intereses mayoritarios, como tramoya de un fraude político histórico que se prolonga en el tiempo.

Hay quienes tratan de salvar este consenso 43 años después, cuando los pueblos catalán, vasco, gallego… no aceptan el papel de sometidos y aspiran a poder decidir libremente sobre su futuro. Hay quienes aún tratan de impedir que en todos los territorios la población pueda decidir entre Monarquía o República. Por ello, cuando desde el Gobierno se reclama por los nuevos padres de la Constitución “lealtad constitucional” y “cumplimiento de pe a pa del texto constitucional”, no se busca sino reestablecer los consensos con la oposición de los partidos franquistas, olvidándose de las demandas republicanas de sus propios socios, de ERC, Bildu, BNG…, que son los que con su voto les dieron y mantienen en el gobierno. Sobre todo, y ante todo, se olvidan de la mayoría social que les vota; sosteniendo una Constitución para ricos, una Constitución para la monarquía y sus privilegios, para la Unión Europea y la OTAN.

Piensan los viejos y nuevos padres de la Constitución (y aún las “madres” de la Constitución que invocan las ministras de U-Podemos), que hay que olvidar la experiencia de 43 años de desmantelamiento industrial, agrícola y ganadero al servicio exclusivo de los bancos y las multinacionales. ¿Se pretende acaso prolongar el continuismo político e institucional aludiendo ahora a una reforma constitucional, que por requerir un acuerdo previo con los partidos franquistas parece imposible realizar?

¿Se puede o no reformar democráticamente la Constitución? La contestación a esa pregunta viene a determinar en lo esencial el próximo futuro político.

Siendo la Constitución pactada un tremendo obstáculo antidemocrático puesto en el camino de la movilización general por las demandas sociales, hay quienes hablan de la reforma de la Constitución, para así negar la crisis política y el bloqueo constitucional, que supone la negación de toda salida democrática a las demandas de vascos y catalanes, y de la mayoría social. Bloqueo constitucional, que se expresa en el mantenimiento de altos tribunales que se niegan a su legal renovación (caso del CGPJ), y se erigen en el dictado de las togas. Bloqueo, que también se expresa en las políticas de Ciudadanos, PP Y Vox, que han declarado, desde la destitución de Rajoy, la guerra al Gobierno solo por el hecho de ser un gobierno compuesto por las izquierdas tradicionales apoyado en los nacionalistas. La reforma democrática de la Constitución es casi imposible; por ello, no cabe otra que la de avanzar en una estrategia política que pueda establecer la nulidad de lo establecido mediante la reforma franquista; abriendo un proceso constituyente soberano, objetivo del que forma parte la propuesta de referéndum Monarquía o República. De no convocarse de forma oficial, requerirá la organización desde abajo de una consulta popular para sacar las urnas a las calles y plazas de los pueblos y ciudades, tal y como se ha decidido llevar a cabo el próximo 14 de mayo.

*Colectivo de militantes del Partido Socialista Libre Federación

  • Dec. 9, 2021, 6:18 p.m.

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