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Consenso con los franquista o soberanía popular

Consenso con los franquista o soberanía popular

No tenemos por menos que señalar cómo la crisis política e institucional a la que asistimos deviene de una larga polarización política desde la constitución de una mayoría que acabó con el gobierno de la corrupción de Rajoy. Desde ese momento, las familias franquistas desalojadas del gobierno tomaron la decisión de hacerse fuertes en los altos tribunales para así ocultar, de la mejor forma posible, sus crímenes e imponer la impunidad.

La crisis política se quiere resolver entre unos pocos, manteniendo la criminalización de la protesta social para así impedir que la mayoría descubra que detrás de este embrollo no está sino el intento del 1% de la población -que concentra en sus manos buena parte de la riqueza social- de preservar sus privilegios manteniendo el régimen monárquico y corrupto.

La misma Unión Europea y su Comisión de Venecia insisten en el mantenimiento de los consensos antidemocráticos de gobierno y oposición, en la estrategia de seguir legislando con el apoyo de los partidos que componen la actual mayoría en las cámaras. Ya en el año 2020 los comisarios europeos echaron atrás una reforma del Gobierno como la que ahora subleva a la mayoría (seis magistrados contra cinco) del Tribunal Constitucional.

El poder de la mayoría de los jueces del Tribunal Constitucional aplasta, de esta forma, la representación de las asambleas representativas que componen las Cortes Generales, que son las que tienen legitimidad democrática. De hecho, la mayoría del Tribunal Constitucional, de una parte, y la mayoría de las Cortes Generales, de otra, se enfrentan por dos versiones de una misma Constitución. Contradicciones que se hacen evidentes en el terreno práctico, como ya se puso de manifiesto con anterioridad en el Parlamento vasco y catalán, cuando las decisiones democráticas de los parlamentos fueron aplastadas por los altos tribunales, encargándose la represión del resto. Unas Cortes y unos parlamentos, que en su Constitución y Estatutos proclaman falsamente que la soberanía reside en el pueblo, pero cuando se pisan las líneas rojas de los poderes y privilegios del régimen, se impide sistemáticamente soluciones democráticas, con la fuerza del poder que controlan el Ejército y los cuerpos de policía. Las decisiones vacías de legitimidad de las instituciones del régimen se imponen por la fuerza.

La crisis política e institucional amenaza ahora a la forma constitucional de gobierno del régimen de la monarquía establecida en la Constitución otorgada del 78, por la que los franquistas renunciaron parcialmente al poder ilimitado de la dictadura, otorgando al pueblo el derecho a elegir sus representantes a condición de que se mantuvieran de forma consensuada todos sus privilegios y alianzas, como es el caso del mantenimiento de la herencia franquista, los acuerdos con los EEUU, la entrada en la OTAN y la Unión Europea, y la preservación de los concordatos con el Vaticano.

La democracia y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus asuntos es lo que está realmente en juego en estos momentos en la llamada crisis judicial, por lo que manifestamos la necesidad de un proceso destituyente/constituyente, que permita acabar con los privilegios de las viejas instituciones de la dictadura, para poder establecer el poder democrático del pueblo mediante elecciones a Cortes Constituyentes y Soberanas, con todos los poderes en manos de los representantes de los pueblos.

 

(EXTRAIDO DE Espacio Independiente publicación de debate editada por compañeros del PSLF)

  • Dec. 22, 2022, 12:45 p.m.

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