Espacioindependiente nº 371, jueves 26 de agosto, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

CAUSA 459/2010

Diez años de lucha contra las leyes e instituciones monárquicas de la impunidad

El pasado 14 de abril 2020 se cumplieron diez años de lucha política impulsando la demanda de justicia universal, que representa la querella argentina contra los crímenes del franquismo. El próximo 3 de septiembre está convocado a declarar en la embajada argentina en Madrid, por estar imputado en dicha causa, el exministro franquista y de la monarquía Rodolfo Martín Villa, acusado de los crímenes cometidos contra los trabajadores en Vitoria cuando era ministro del Interior. Está previsto que se lleve a cabo, de forma telemática, ante la juez Servini de Cubría desde Buenos Aires.

Po primera vez en la historia, un exministro franquista y de la monarquía va a tener que responder ante la justicia internacional, porque la justicia española se ha negado, y se sigue negando en la actualidad, a entender de dichos crímenes.

Más de diez años de lucha contra la impunidad merecen la celebración y el análisis.  Afecta a miles de víctimas de los crímenes franquistas, a sus familiares y amigos; así como a las asociaciones de la Memoria y de víctimas, representando buena parte de las aspiraciones sociales de democracia y justicia de toda la sociedad. Una causa que sigue aún adelante, abriéndose un difícil camino.

La causa tiene su origen en el rechazo que el Tribunal Supremo realizó a la causa iniciada por el juez Garzón, que reunió en su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, algunas denuncias por las que se inició un proceso contra los crímenes del franquismo. Las diligencias previas 399/2006 se transformaron en el auto 16/10/2008, en el que por primera vez en la historia de nuestro país se pretendía investigar los delitos criminales cometidos en la guerra y en la dictadura por el bando vencedor.

Los denunciantes ante Garzón estaban compuestos por víctimas, familiares de víctimas y representantes de asociaciones de víctimas y, en particular, de defensores de los derechos de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura. Hechos que nunca fueron investigados por la justicia española, por estar sometidos a la impunidad de Estado, a los acuerdos de consenso establecidos mediante leyes de punto y final, como las leyes de Amnistía y de la Memoria.

Durante meses, ante el juzgado de la Audiencia Nacional fueron apareciendo denuncias por “presuntos delitos de detención ilegal, basados en los hechos que se describen en las mismas, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español” (según recoge el auto). El juez se cree competente para dicha investigación “por el carácter permanente de los delitos de detención ilegal y posterior de desaparición, por los criterios vigentes al respecto de la ONU ... Todo acto de desaparición forzosa será delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”.

El Tribunal Supremo salió al paso de dicho auto abriendo un proceso penal contra el juez Garzón por un supuesto delito de prevaricación, logrando la paralización de las actuaciones e, indirectamente, el apartamiento del juez de la carrera.

La frustración de la querella contra el franquismo en la Audiencia Nacional llevó a miembros de asociaciones de víctimas de Argentina y España a pensar en la posibilidad de continuar dichas actuaciones en Argentina, en Chile, o algún otro lugar. Dado que la Constitución Argentina reconoce la jurisdicción universal, admitiendo la jurisdicción de los jueces de la capital para los delitos contra el derecho de gentes -es decir, los crímenes internacionales-, la querella se presenta en Buenos Aires. Y así fue como se sumaron las fuerzas necesarias y el primer querellante fue el ya fallecido, Darío Rivas Cando, un emigrante gallego en Argentina que buscaba los restos de su padre, fusilado por la Falange en 1936 por haber sido alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo). Al primer querellante siguieron otros muchos desde todos los puntos de la geografía española y del exilio republicano en Europa y América.

La querella argentina, la causa 459/2010, se presentó por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal. Con la querella argentina se resignifica el concepto “víctima del franquismo”, que abarca a todos aquellos que sufrieron represión, tortura, muerte, exilio …, uniendo un largo periodo histórico que comprende la guerra, la dictadura y la Transición hasta el año 1977.

El juzgado de Buenos Aires comenzó ya en 2013 a solicitar la detención preventiva de aquellos políticos, policías, jueces y militares franquistas aún vivos, que habían sido denunciados por las víctimas. El Gobierno español, tanto el del PP, como el del PSOE y el de coalición del PSOE-Unidos Podemos ahora, no ha dejado de bloquear e impedir la investigación judicial, tratando de evitar a toda costa que se establezca la verdad, la justicia y la reparación judicial de los crímenes del franquismo.

El mismo hecho de la existencia de la querella argentina, después de más de diez años de lucha por superar todo tipo de obstáculos e intereses de Estado -pese a todos los impedimentos y prohibiciones de igualdad ante la ley impuesta por la razón de Estado- manifiesta que ésta se concentra en la impunidad. La querella es en sí misma la prueba evidente de que el sistema político y judicial español es contrario a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario surgido de los juicios de Nuremberg, de la derrota del fascismo y del nazismo. Un sistema político y judicial, el español, continuista de los crímenes del franquismo, que encuentra en la monarquía corrupta sus poderes y privilegios, el centro y clave de bóveda de la unidad nacional contra la democracia y la justicia. Un régimen en descomposición, en permanente oposición a las demandas sociales y políticas de trabajadores y pueblos.

El tiempo transcurrido desde los hechos denunciados ha llevado a la muerte de la inmensa mayoría de las víctimas y de sus verdugos; de ahí la importancia que en este momento tiene que se siga adelante con las investigaciones judiciales contra Martín Villa y los demás imputados por crímenes franquistas. La lucha por la democracia y la República, íntimamente ligada al derribo del muro de la impunidad, deberá establecer las condiciones extraordinarias para poder realizar la verdad, la justicia y la reparación judicial histórica derivada de los crímenes franquistas, de la Guerra, la Dictadura y la Transición hasta nuestros días.

En el momento político en el que en las Cortes Generales la mayoría de representantes de trabajadores y pueblos lucha por investigar los supuestos y graves delitos de la Corona, es hora de barrer las leyes, doctrinas e instituciones que mediante el consenso sigue imponiendo la negación de la verdad, la justicia y la reparación.