Espacioindependiente nº 396, jueves 4 de marzo, 2021 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Ayudar a la indignación social favoreciendo el cambio político

Hacer saltar los cerrojos del régimen: la ley de amnistía y la inviolabilidad monárquica

No acaban de concluir las movilizaciones por el encarcelamiento de Hasél, cuando aparecen nuevas expresiones de la indignación social. Con el epicentro en la situación ruinosa en la que el régimen ha dejado al pueblo de Linares, sometido al paro y al maltrato –en particular, la juventud- y donde se multiplican ataques contra subvenciones de la producción agrícola. La inmensa mayoría se expresa contra esta situación que se prolonga en el tiempo. Por ello, el próximo domingo día 7 se convoca movilización de toda la provincia de Jaén, con marchas automovilísticas organizadas desde todas las poblaciones por nueve plataformas sociales “contra el ninguneo y el maltrato histórico y de las administraciones de la provincia”.

La crisis económica se acelera con despidos masivos en las grandes empresas, que arrastrará a otras muchas, multiplicando las colas del hambre en todas partes…

Cuando se discute la nueva ley de vivienda en Madrid, la autonomía balear procede a expropiar 56 viviendas de grandes propietarios para el “alquiler social”. ¡El pueblo siempre muy por delante de las políticas oficiales!

Desde hace muchos meses se han impulsado mociones para que las Cortes investiguen las supuestas “corruptelas” de la monarquía. También querellas judiciales contra el rey emérito, Juan Carlos I, ante la justicia española, a fin de “erradicar cualquier sombra de impunidad de una de las más altas instituciones del Estado”, como plantea la asociación catalana “Ómnium”, entre otras, por supuestos delitos de “soborno, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales”… Otras demandas se han dirigido a la justicia suiza solicitando que se bloqueen las cuentas ilegales de Juan Carlos.

Los hechos abundan en dibujar una corrupción de Estado continuada en torno al jefe de Estado, utilizando las instituciones como instrumento de enriquecimiento personal y familiar ilícito, contando para ello con múltiples cómplices políticos y empresariales, que se mantienen en su mayoría en la sombra. El mismo Felipe VI ha venido a reconocer con sus actos la existencia de grandes cuentas ilegales al haber manifestado ante notario la voluntad de renunciar a la herencia de su padre, ya que figura en las fundaciones constituidas para mantener los capitales escondidos como primer beneficiario. Todos los hechos indican la necesidad de una verdadera investigación, que no ha sido posible por la negativa de los partidos que conforman gobiernos “trifachitos” en las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero, sobre todo, por la dirección del PSOE, que es verdaderamente -con su política monárquico-especulativa y, sobre todo, con su presencia en el Gobierno- el que está bloqueando toda posible actuación democrática al respecto.

La operación política de lavado del régimen, que encabeza P. Sánchez, trata inútilmente de separar las actuaciones de Juan Carlos de las de su hijo, en el momento en que su Gobierno trata de aprobar en Cortes una nueva Ley de Memoria que, una vez más, preserva la impunidad de los crímenes franquistas, así como de los cometidos en la Transición y los del régimen del 78, conocido oficialmente por ser un régimen de supuesta democracia. Tratando de impedir la verdad, la justicia y la reparación de dichos crímenes, el gobierno procede también a ocultar el papel de los dirigentes del PSOE en la transición política y en los gobiernos “del cambio”. La CIA ha desclasificado recientemente documentos sobre uno de los grupos terroristas del régimen, el GAL, donde se confirma que el presidente “socialista” Felipe González y sus colaboradores dieron su conformidad para crear el GAL en los años 80, con grupos de mercenarios y policías controlados por el Ejército, que a través de la guerra sucia causaron atentados, secuestros y asesinatos múltiples. Crímenes que aún están por resolver, impidiendo la verdad y la justicia, y constituyen también un mandato que reciben los nuevos dirigentes del PSOE de su propia historia sucia más reciente. Los dirigentes del PSOE se inscriben en el proceso de transición en apoyo de los cambio cosméticos operados desde el centro del régimen, contra todo cambio social y político de verdad propiciado por el movimiento de los sectores obreros y populares.

 La impunidad de los crímenes del franquismo y de la transición, por la que de manera oficial todos los delitos están prescritos judicialmente, se viene ejecutando con precisión militar por los tribunales españoles, y ello en base a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, que niega todos los principios de la justicia universal y humanitaria aceptados como fundamento por la misma Constitución. Es la doctrina del Tribunal Supremo, que acaba de deshacerse de la querella interpuesta demandando justicia para los maestros desparecidos de la provincia de Soria al principio de la guerra. En el año 1977 el Estado español asume el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contradictorio en el fondo y en la forma con la ley de amnistía. Dicho pacto internacional codifica el derecho consuetudinario histórico y las decisiones que emanan del Tribunal de Núremberg.

La Ley de Amnistía de 1977, que carece de exposición de motivos, se realiza de espaldas al compromiso con los derechos y las libertades fundamentales, buscando la integración de los partidos y organizaciones con presos políticos a los pasos del “nuevo régimen democrático”. Amnistiaba fundamentalmente a los torturadores de las brigadas policiales “de los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”, así como “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Establecía así un verdadero cerrojo dictatorial, un mecanismo antidemocrático que impide, mientras esté vigente esta ley, que los tribunales puedan entrar al fondo del asunto de los crímenes del franquismo, la Transición, y los del régimen de la monarquía.

Todo tipo de organismos de las Naciones Unidas se han dirigido reiteradamente a lo largo del tiempo al Estado español negando la legalidad internacional de la ley de amnistía, recordándole que las amnistías, los indultos y otras medidas similares -que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales- son incompatibles con sus obligaciones internacionales.

En las próximas semanas van a coincidir en los debates de Cortes la tramitación de la Ley de Memoria -trucada por el PSOE con la impunidad franquista y monárquica que promueve desde hace décadas- y las demandas de otras formaciones políticas para que se constituya un comisión de investigación de las corruptelas y abusos de poder de la monarquía. Única solución democrática y de justicia posible ante la grave situación de crisis que recorre todo el régimen, profundamente desgastado y corrompido.  La toma de iniciativas políticas sobre ambos asuntos es fundamental para hacer saltar los cerrojos que mantienen la herencia del franquismo.