ACABAR CON LAS HERENCIAS DE FRANCO

Las demandas de la Memoria y de las víctimas contribuyen a ampliar la brecha de la crisis del Régimen 

En el día de hoy -con casi 45 años de retraso- se procede a retirar los restos del dictador del “Valle de los Caídos”, después de una larga disputa política y judicial de su familia y de sectores políticos, que aún pretendían mantener a todo precio los privilegios faraónicos de ese mausoleo fascista, concebido para exaltar de forma permanente los crímenes de lesa humanidad de la guerra, la contrarrevolución y la dictadura. La exhumación de Franco es la resultante de un conflicto político interior, soliviantado por la movilización democrática y social exterior, que tiene un significado. Y este es el de que, para mantener el poder del régimen, deben desembarazarse de los agravios a las víctimas que ya no pueden mantener por más tiempo. Y con él tratan de cerrar las justas demandas de las víctimas, afirmando, como hace la portada de El País, que “España pone fin al último gran símbolo de la dictadura”. 

La retirada de los restos y su traslado a las proximidades del Pardo, que se sostiene en resoluciones reiteradas de las Cortes, del Gobierno y del Tribunal Supremo -en medio de una larguísima crisis política que toma forma campaña electoral dislocada-, es una baza que ahora pretenden apuntarse en el haber político quienes han mantenido al dictador en el lugar de honor del monumento al crimen durante más de cuarenta y cuatro años. Sánchez y sus antecesores, los responsables de los diferentes gobiernos del PSOE, no son ajenos a la situación de quiebra del régimen que tratan aún de sostener a todo precio con sus exigencias de “ley y orden” contra la voluntad popular. Su pretendido “antifranquismo” debe medirse en relación con la colaboración constitucional para mantener la herencia política y familiar del dictador a toda costa. La exhumación y traslado no pasa al haber sino al debe del gobierno, promovido por las demandas memorialistas, demandas democráticas y de justicia que, lejos de cerrarse sobre este acontecimiento, no pueden sino reabrirse al calor de la situación que vivimos. 

La demanda de Ley de Víctimas, que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca los derechos de las víctimas, reforzara así sus posibilidades. Cuarenta y tres años después de la desaparición física del dictador, sus herencias se mantienen intocables. De una parte, los privilegios familiares de los Franco se han prolongado con todo tipo de ocultamiento de las propiedades de muy dudoso origen; y sus nietos disfrutan de propiedades reorganizadas y protegidas a través de 21 empresas que manejan cientos de millones, contando para ello con la complicidad fiscal de los diferentes gobiernos. Mas allá del disfrute de bienes y propiedades familiares, que parecen tener su origen en la apropiación privada de patrimonio público, la herencia política de Franco es sin duda la clave de bóveda de toda la estructura del régimen. El Rey representa en el sistema político el centro de todos los poderes, es decir, la pieza central sobre la que se ordenan los demás poderes del Estado que hacen posible la continuidad legal de los principales privilegios de la dictadura sobre la violencia del capital y del secuestro de las principales expresiones democráticas. 

La continuidad del franquismo en la monarquía, el conocido vulgarmente como “atado y bien atado”, tiene dos referencias históricas que no se pueden olvidar. La primera es que el Rey, y la Casa de Borbón, se constituye en el eje del poder del franquismo sin Franco por decisión del régimen del 18 de julio de 1936. La segunda referencia es que ese mandato de la dictadura se constituyó en la pieza clave del sistema político del régimen del 78, al que le llaman “democracia” y no lo es, según expresión de los indignados del 15M. Los Reyes de la dinastía puesta por Franco son, al mismo tiempo, Jefes del Estado de la democracia, y este acuerdo esencial fue realizado entre los franquistas y los dirigentes de los partidos que se reclamaban republicanos antes de las primeras elecciones generales de 1977, dando así respaldo fundamental a la herencia política de Franco. Traicionando con ello toda aspiración democrática, laica y republicana, que a día de hoy aún se mantiene. Acuerdo que, además, conlleva la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo, de la guerra y contrarrevolución, así como de la dictadura y la Transición. El acuerdo constitucional de la derecha e izquierda de la Transición se amplió y extendió sobre el terreno territorial para dar cabida a las exigencias de los caciques locales y regionales, y al mismo tiempo estableció las mejores condiciones para la explotación del capital a través de la política permanente de Pacto Social, de ajuste permanente. Un conjunto de consensos que se reforzaron con la entrada en la UE y la OTAN, como si de un acuerdo inmutable e intocable se tratase de proteger. 

La suspensión del privilegio del Valle de los Caídos para el dictador -como hemos dicho- no resuelve la situación de las víctimas del franquismo, y sus demandas de Verdad, Justicia y Reparación contra la impunidad. Pero contribuye, sin embargo, a que la Memoria Histórica y las demandas de las víctimas puedan comenzar a adquirir una nueva dimensión, sacando sus demandas del rincón en el que se encuentran, en la medida que amplíe la brecha política de los consensos izquierda-derecha, y alimenta las quiebras de los principales consensos territoriales, que son los que en su conjunto y última instancia han dado continuidad al régimen de la Monarquía. 

La enajenación de la independencia política de sindicatos y partidos fue la consecuencia inmediata de los pactos constitucionales, por los que las cúpulas de dichas organizaciones pasaban a ser financiados directamente por el Estado. Y los electos políticos, desde los mismos ayuntamientos y, sobre todo, desde las Comunidades Autónomas y desde las Cortes Generales, comenzaban a gozar de todo tipo de privilegios, que son la base de la amplísima corrupción política e institucional en torno a la Corona, de la que sólo se conoce una parte. La trama del poder del régimen del 78, de un lado, mantiene y refuerza la vieja aristocracia franquista, compuesta por las familias de la banca y de las grandes empresas, por la Iglesia católica y los altos jefes del Ejército. Y de otro, esa trama se amplía con una nueva maraña de ricos, formada por una larga lista de alcaldes, diputados y senadores; lista que se extiende a conocidos dirigentes sindicales y autonómicos que participan de los privilegios y de la corrupción de una casta política fusionada. La nueva casta política y sindical, que va mas allá de lo que podríamos entender como una burocracia política y sindical, es la expresión de los acuerdos del régimen y su Constitución, y se solivianta ante las exigencias democráticas y sociales de trabajadores y pueblos. El hecho de que tengamos más “políticos profesionales”, más “sindicalistas liberados”, y con más privilegios que ninguno de los países de nuestro entorno, tiene su explicación y origen en el pacto constitucional del 78. 

El hecho de que tengamos una parte de la casta política y sindical en la cárcel y otros muchos pendientes de juicio y sentencia tiene su explicación en la corrupción generada por el pacto constitucional del 78. Pacto que, al quebrar en la nacionalidad más avanzada, por la movilización democrática alimentada contra la sentencia del Tribunal Constitucional de hace ahora 9 años, da lugar al proceso político cuyas consecuencias estamos conociendo. Con todo lo que ello comporta, y en medio de ese proceso, se levanta al dictador de su mausoleo faraónico. La quiebra del consenso territorial, las diferencias en torno a los privilegios franquistas no pueden sino contribuir al avance del necesario proceso constituyente y republicano de los trabajadores y pueblos.