Partido Socialista Libre Federación

Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y más…

Espacioindependiente nº 384, jueves 26 de noviembre, 2020 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente  

Un poco de memoria 

Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y más…

El pasado martes día 24 se reunía en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de coalición, una representación de éste con el Patronato de la Fundación Centro Memorial, entidad cobijada en el ámbito de las competencias de las víctimas del terrorismo, con amplios cometidos en el terreno académico, de investigación, de elaboración de informes y trabajos. El mismo Presidente del Gobierno declararía  al respecto: “Recordar es un ejercicio de justicia y dignidad, y una exigencia moral por los valores que representan las víctimas del terrorismo. Y es una deuda personal con cada uno de los que sufrieron y aún sufren”. 

En este caso, la memoria de Sánchez es muy limitada y unilateral, ya que solo se reconoce en las víctimas del terrorismo, pero no se reconoce en los millones de víctimas del franquismo y su continuidad política e institucional. La “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, sin embargo, vino a protestar por el hecho de que en la Moncloa, dicen, no distinguen entre la “Fundación Centro Memorial” y la “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, cuando por ley disponen de toda una serie de derechos que son negados directamente, tanto por el gobierno como por los tribunales, ante las demandas de las víctimas del franquismo. 

Pese al hecho contumaz de que las asociaciones de víctimas del terrorismo -con el apoyo de los gobiernos, sean del color que sean,- han intentado que las NNUU declaren dichos crímenes como los crímenes del franquismo, es decir, cómo crímenes contra la humanidad (los peores crímenes que se pueden cometer), nunca lo han conseguido. Pero, mientras que el Gobierno comunica a estas entidades privadas de víctimas del terrorismo, financiadas por el Estado, hasta cuándo se le cambia de cárcel a un preso por terrorismo, acabamos de conocer que uno de los condenados por la matanza de los abogados de Atocha (García Juliá, que se escapó a Latinoamérica hace años aprovechando una libertad condicional ) ha sido recientemente puesto en libertad por la Audiencia Nacional de Ciudad Real; y ello cuando aún le quedaban nueve años de condena por cumplir. De forma que, incluso los pocos condenados por algunos crímenes franquistas de la última etapa gozan de todo tipo de privilegios, a diferencia de los condenados, no solo por terrorismo, sino por simples incidentes de orden público en huelgas o manifestaciones.

Las víctimas del franquismo exigimos que acabe lo que se mantiene desde hace décadas, es decir, la impunidad establecida mediante leyes de amnistía y punto final, leyes establecidas por consenso de la izquierda y la derecha oficial del régimen, de forma que las víctimas del franquismo, de la transición y las habidas en el mismo régimen de la monarquía tengan, al menos, los mismos derechos por ley que las víctimas del terrorismo. La imposición “legal” de la injusticia y la desigualdad no es compatible con la democracia más elemental. Y esa es la situación en la que se encuentra la propuesta de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez.

Por ello, reclamamos un poco de memoria para nuestros legisladores y para el mismo gobierno  que preparan una nueva ley de Memora Democrática, que es auténtico papel mojado al no declarar nulas las leyes de impunidad y punto final, e ilegales y nulas todas las leyes y acciones del régimen franquista que fomentaron la represión, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, así como su misma continuidad en el régimen del 78. Se pretende, de esta forma -sin memoria y sin verdad, justicia y reparación- cerrar en falso el abismo establecido entre vencedores y vencidos, entre lo oficial y lo real.

El gobierno español y sus instituciones han celebrado el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer”, sin poner en claro la memoria oficial de dicha fecha del 25 de noviembre. Fue instaurada por el Movimiento Feminista Latinoamericano, desde 1981, en memoria de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron mandadas detener, torturar y asesinar por el dictador Trujillo por el hecho de su militancia política. Esta convocatoria internacional, en el caso de España, ha quedado oficialmente reducida a la lucha contra la violencia machista, donde se obvia la lucha de la mujer contra toda forma de explotación y de opresión, y en particular las mujeres de la clase trabajadora de todos los confines que abogan por un mundo sin discriminación ni explotación. La celebración llega en un momento de gran enfrentamiento entre las posiciones oficiales y las posiciones feministas, que tiene que ver con una ley que se prepara para garantizar los derechos de las personas trans, en detrimento de las demandas de las mujeres.

El franquismo encarnado en la dictadura y su continuidad monárquica han sido, en todos los sentidos, regímenes de excepción  contra los derechos democráticos y sociales, afectando en primera instancia a los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad. Al mismo tiempo, y como consecuencia de esta excepcionalidad histórica, han sido generadores de un inmenso paraíso de las grandes empresas para la sobreexplotación de recursos y mano de obra barata; lo que se ha reflejado en el capital concentrado en el Ibex 35 en manos de las familias del franquismo. No se trata solo de las empresas que usaron y abusaron de mano de obra esclava, del trabajo de un inmenso ejército de reserva formado por presos políticos, se trata de la generalización de las condiciones miserables de trabajo para millones de trabajadores, sin derechos de ningún tipo, favoreciendo el negocio privado de los militares franquistas y gerifaltes del falangismo para la realización de una inmensa acumulación de capital.

La enorme concentración y centralización del capital financiero en España, y de las grandes empresas, tiene mucho que ver con la sobreexplotación propiciada por el franquismo, con las condiciones de excepción soportadas durante décadas por la población ante un régimen de violencia contra el mundo del trabajo. Las grandes empresas del régimen, muchas de ellas convertidas en multinacionales, como es el caso de Gas Natural Fenosa, Acciona, ACS, OHL, Iberdrola..., han acumulado a lo largo del franquismo y del régimen de la monarquía un inmenso capital, como se pone de relieve en los datos que se arrojan en el libro “FRANQUISMO S.A.”  de Antonio Maestre. Todo ello forma parte de la verdadera Memoria Histórica Democrática de nuestros pueblos, de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y partidos, que aún está por establecer y por resolver de forma justa y democrática.

El pasado martes día 24 se reunía en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de coalición, una representación de éste con el Patronato de la Fundación Centro Memorial, entidad cobijada en el ámbito de las competencias de las víctimas del terrorismo, con amplios cometidos en el terreno académico, de investigación, de elaboración de informes y trabajos. El mismo Presidente del Gobierno declararía  al respecto: “Recordar es un ejercicio de justicia y dignidad, y una exigencia moral por los valores que representan las víctimas del terrorismo. Y es una deuda personal con cada uno de los que sufrieron y aún sufren”. 

En este caso, la memoria de Sánchez es muy limitada y unilateral, ya que solo se reconoce en las víctimas del terrorismo, pero no se reconoce en los millones de víctimas del franquismo y su continuidad política e institucional. La “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, sin embargo, vino a protestar por el hecho de que en la Moncloa, dicen, no distinguen entre la “Fundación Centro Memorial” y la “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, cuando por ley disponen de toda una serie de derechos que son negados directamente, tanto por el gobierno como por los tribunales, ante las demandas de las víctimas del franquismo. 

Pese al hecho contumaz de que las asociaciones de víctimas del terrorismo -con el apoyo de los gobiernos, sean del color que sean,- han intentado que las NNUU declaren dichos crímenes como los crímenes del franquismo, es decir, cómo crímenes contra la humanidad (los peores crímenes que se pueden cometer), nunca lo han conseguido. Pero, mientras que el Gobierno comunica a estas entidades privadas de víctimas del terrorismo, financiadas por el Estado, hasta cuándo se le cambia de cárcel a un preso por terrorismo, acabamos de conocer que uno de los condenados por la matanza de los abogados de Atocha (García Juliá, que se escapó a Latinoamérica hace años aprovechando una libertad condicional ) ha sido recientemente puesto en libertad por la Audiencia Nacional de Ciudad Real; y ello cuando aún le quedaban nueve años de condena por cumplir. De forma que, incluso los pocos condenados por algunos crímenes franquistas de la última etapa gozan de todo tipo de privilegios, a diferencia de los condenados, no solo por terrorismo, sino por simples incidentes de orden público en huelgas o manifestaciones.

Las víctimas del franquismo exigimos que acabe lo que se mantiene desde hace décadas, es decir, la impunidad establecida mediante leyes de amnistía y punto final, leyes establecidas por consenso de la izquierda y la derecha oficial del régimen, de forma que las víctimas del franquismo, de la transición y las habidas en el mismo régimen de la monarquía tengan, al menos, los mismos derechos por ley que las víctimas del terrorismo. La imposición “legal” de la injusticia y la desigualdad no es compatible con la democracia más elemental. Y esa es la situación en la que se encuentra la propuesta de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez.

Por ello, reclamamos un poco de memoria para nuestros legisladores y para el mismo gobierno  que preparan una nueva ley de Memora Democrática, que es auténtico papel mojado al no declarar nulas las leyes de impunidad y punto final, e ilegales y nulas todas las leyes y acciones del régimen franquista que fomentaron la represión, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, así como su misma continuidad en el régimen del 78. Se pretende, de esta forma -sin memoria y sin verdad, justicia y reparación- cerrar en falso el abismo establecido entre vencedores y vencidos, entre lo oficial y lo real.

El gobierno español y sus instituciones han celebrado el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer”, sin poner en claro la memoria oficial de dicha fecha del 25 de noviembre. Fue instaurada por el Movimiento Feminista Latinoamericano, desde 1981, en memoria de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron mandadas detener, torturar y asesinar por el dictador Trujillo por el hecho de su militancia política. Esta convocatoria internacional, en el caso de España, ha quedado oficialmente reducida a la lucha contra la violencia machista, donde se obvia la lucha de la mujer contra toda forma de explotación y de opresión, y en particular las mujeres de la clase trabajadora de todos los confines que abogan por un mundo sin discriminación ni explotación. La celebración llega en un momento de gran enfrentamiento entre las posiciones oficiales y las posiciones feministas, que tiene que ver con una ley que se prepara para garantizar los derechos de las personas trans, en detrimento de las demandas de las mujeres.

El franquismo encarnado en la dictadura y su continuidad monárquica han sido, en todos los sentidos, regímenes de excepción  contra los derechos democráticos y sociales, afectando en primera instancia a los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad. Al mismo tiempo, y como consecuencia de esta excepcionalidad histórica, han sido generadores de un inmenso paraíso de las grandes empresas para la sobreexplotación de recursos y mano de obra barata; lo que se ha reflejado en el capital concentrado en el Ibex 35 en manos de las familias del franquismo. No se trata solo de las empresas que usaron y abusaron de mano de obra esclava, del trabajo de un inmenso ejército de reserva formado por presos políticos, se trata de la generalización de las condiciones miserables de trabajo para millones de trabajadores, sin derechos de ningún tipo, favoreciendo el negocio privado de los militares franquistas y gerifaltes del falangismo para la realización de una inmensa acumulación de capital.

La enorme concentración y centralización del capital financiero en España, y de las grandes empresas, tiene mucho que ver con la sobreexplotación propiciada por el franquismo, con las condiciones de excepción soportadas durante décadas por la población ante un régimen de violencia contra el mundo del trabajo. Las grandes empresas del régimen, muchas de ellas convertidas en multinacionales, como es el caso de Gas Natural Fenosa, Acciona, ACS, OHL, Iberdrola..., han acumulado a lo largo del franquismo y del régimen de la monarquía un inmenso capital, como se pone de relieve en los datos que se arrojan en el libro “FRANQUISMO S.A.”  de Antonio Maestre. Todo ello forma parte de la verdadera Memoria Histórica Democrática de nuestros pueblos, de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y partidos, que aún está por establecer y por resolver de forma justa y democrática.

El pacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y más…ado martes día 24 se reunía en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de coalición, una representación de éste con el Patronato de la Fundación Centro Memorial, entidad cobijada en el ámbito de las competencias de las víctimas del terrorismo, con amplios cometidos en el terreno académico, de investigación, de elaboración de informes y trabajos. El mismo Presidente del Gobierno declararía  al respecto: “Recordar es un ejercicio de justicia y dignidad, y una exigencia moral por los valores que representan las víctimas del terrorismo. Y es una deuda personal con cada uno de los que sufrieron y aún sufren”. 

En este caso, la memoria de Sánchez es muy limitada y unilateral, ya que solo se reconoce en las víctimas del terrorismo, pero no se reconoce en los millones de víctimas del franquismo y su continuidad política e institucional. La “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, sin embargo, vino a protestar por el hecho de que en la Moncloa, dicen, no distinguen entre la “Fundación Centro Memorial” y la “Asociación de Víctimas del Terrorismo”, cuando por ley disponen de toda una serie de derechos que son negados directamente, tanto por el gobierno como por los tribunales, ante las demandas de las víctimas del franquismo. 

Pese al hecho contumaz de que las asociaciones de víctimas del terrorismo -con el apoyo de los gobiernos, sean del color que sean,- han intentado que las NNUU declaren dichos crímenes como los crímenes del franquismo, es decir, cómo crímenes contra la humanidad (los peores crímenes que se pueden cometer), nunca lo han conseguido. Pero, mientras que el Gobierno comunica a estas entidades privadas de víctimas del terrorismo, financiadas por el Estado, hasta cuándo se le cambia de cárcel a un preso por terrorismo, acabamos de conocer que uno de los condenados por la matanza de los abogados de Atocha (García Juliá, que se escapó a Latinoamérica hace años aprovechando una libertad condicional ) ha sido recientemente puesto en libertad por la Audiencia Nacional de Ciudad Real; y ello cuando aún le quedaban nueve años de condena por cumplir. De forma que, incluso los pocos condenados por algunos crímenes franquistas de la última etapa gozan de todo tipo de privilegios, a diferencia de los condenados, no solo por terrorismo, sino por simples incidentes de orden público en huelgas o manifestaciones.

Las víctimas del franquismo exigimos que acabe lo que se mantiene desde hace décadas, es decir, la impunidad establecida mediante leyes de amnistía y punto final, leyes establecidas por consenso de la izquierda y la derecha oficial del régimen, de forma que las víctimas del franquismo, de la transición y las habidas en el mismo régimen de la monarquía tengan, al menos, los mismos derechos por ley que las víctimas del terrorismo. La imposición “legal” de la injusticia y la desigualdad no es compatible con la democracia más elemental. Y esa es la situación en la que se encuentra la propuesta de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez.

Por ello, reclamamos un poco de memoria para nuestros legisladores y para el mismo gobierno  que preparan una nueva ley de Memora Democrática, que es auténtico papel mojado al no declarar nulas las leyes de impunidad y punto final, e ilegales y nulas todas las leyes y acciones del régimen franquista que fomentaron la represión, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, así como su misma continuidad en el régimen del 78. Se pretende, de esta forma -sin memoria y sin verdad, justicia y reparación- cerrar en falso el abismo establecido entre vencedores y vencidos, entre lo oficial y lo real.

El gobierno español y sus instituciones han celebrado el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer”, sin poner en claro la memoria oficial de dicha fecha del 25 de noviembre. Fue instaurada por el Movimiento Feminista Latinoamericano, desde 1981, en memoria de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron mandadas detener, torturar y asesinar por el dictador Trujillo por el hecho de su militancia política. Esta convocatoria internacional, en el caso de España, ha quedado oficialmente reducida a la lucha contra la violencia machista, donde se obvia la lucha de la mujer contra toda forma de explotación y de opresión, y en particular las mujeres de la clase trabajadora de todos los confines que abogan por un mundo sin discriminación ni explotación. La celebración llega en un momento de gran enfrentamiento entre las posiciones oficiales y las posiciones feministas, que tiene que ver con una ley que se prepara para garantizar los derechos de las personas trans, en detrimento de las demandas de las mujeres.

El franquismo encarnado en la dictadura y su continuidad monárquica han sido, en todos los sentidos, regímenes de excepción  contra los derechos democráticos y sociales, afectando en primera instancia a los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad. Al mismo tiempo, y como consecuencia de esta excepcionalidad histórica, han sido generadores de un inmenso paraíso de las grandes empresas para la sobreexplotación de recursos y mano de obra barata; lo que se ha reflejado en el capital concentrado en el Ibex 35 en manos de las familias del franquismo. No se trata solo de las empresas que usaron y abusaron de mano de obra esclava, del trabajo de un inmenso ejército de reserva formado por presos políticos, se trata de la generalización de las condiciones miserables de trabajo para millones de trabajadores, sin derechos de ningún tipo, favoreciendo el negocio privado de los militares franquistas y gerifaltes del falangismo para la realización de una inmensa acumulación de capital.

La enorme concentración y centralización del capital financiero en España, y de las grandes empresas, tiene mucho que ver con la sobreexplotación propiciada por el franquismo, con las condiciones de excepción soportadas durante décadas por la población ante un régimen de violencia contra el mundo del trabajo. Las grandes empresas del régimen, muchas de ellas convertidas en multinacionales, como es el caso de Gas Natural Fenosa, Acciona, ACS, OHL, Iberdrola..., han acumulado a lo largo del franquismo y del régimen de la monarquía un inmenso capital, como se pone de relieve en los datos que se arrojan en el libro “FRANQUISMO S.A.”  de Antonio Maestre. Todo ello forma parte de la verdadera Memoria Histórica Democrática de nuestros pueblos, de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y partidos, que aún está por establecer y por resolver de forma justa y democrática.

  • Nov. 26, 2020, 1:41 p.m.

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