Red educativa única, laica y estado del bienestar.

Recientemente, los compañeros del partido laborista británico han aprobado una propuesta para eliminar la escuela privada. Esta propuesta se basa en una idea bastante aceptada en las sociedades nórdicas: la igualdad de oportunidades se garantiza con una red educativa única, es decir, solo si los hijos de los banqueros y los hijos de los ministros tienen la misma educación que el resto, estos estarán preocupados porque dicha educación sea eficiente.

Por otro lado, el partido laborista sostiene que los recursos públicos que reciben algunas escuelas privadas son, además, una inmoralidad, un sinsentido, y una competencia desleal del propio estado contra sí mismo. En cierta forma, se podría decir que desviar fondos públicos destinados a la educación hacia las empresas privadas es un acto de prevaricación y, en definitiva, un acto de corrupción. En España, esta situación es aún más grave. Nuestro país es una anomalía educativa, pues no solo hay recursos públicos subvencionando escuelas privadas, sino que hay toda una red privada, alternativa a la pública, financiada íntegramente por el estado. Eso significa que la mayoría social, con el dinero de sus impuestos, está financiando las empresas privadas que imparten enseñanza a una parte de la sociedad que, voluntariamente, decide no disfrutar del servicio gratuito como es la enseñanza pública. Es más, se llega incluso al extremo de que, con dinero público, se está financiando a colegios que segregan por sexos, que rechazan la diversidad (les hacen la vida imposible hasta derivarlos a la pública), y que siempre encuentran excusas para que, aun estando íntegramente financiada por el estado, los padres tengan que realizar algún pago (en concepto de uniformes, de “donaciones”, etc.) para impedir que las personas sin recursos accedan a esas escuelas, es decir, para llevar a cabo una segregación social que tiene como finalidad que los padres de la clase media aspiracional (aquel sector de la clase trabajadora que se ve como clase media y trata, muchas veces a golpe de talonario, de escapar de su realidad social) puedan separar a sus hijos de aquellos que consideran de un estrato social inferior. En definitiva, dinero público para una educación privada, segregadora, sexista, clasista y, con grandes dosis de adoctrinamiento político y religioso.

Sin embargo, este gasto adicional que supone la escuela privada sostenida con fondos públicos nunca aparece en los libros de cuentas de los recortes neoliberales. En tiempos de crisis (y de bonanza) se han recortado pensiones y salarios, se ha recortado el gasto en sanidad, se ha aumentado la ratio en la pública y, sin embargo, ninguno de los telepredicadores que tan ardientemente defendían la necesidad de estos recortes para “gastar menos” y “cuadrar las cuentas del estado” propuso nunca la privatización de… ¡la educación privada! Porque lo absurdo es que mientras se privatizan servicios públicos para evitar gastar dinero en ellos, no se “privatiza” lo que, de titularidad, ya es privado, pero de gasto es público. Así, nuestro estado tiene que mantener simultáneamente dos redes educativas, lo que es mucho más caro y, además, ineficiente: al afrontar el gasto de dos redes educativas, el estado tiene que invertir mucho más dinero, sin embargo, precisamente por lo caro que es este derroche, el dinero destinado a la red pública es claramente insuficiente para cubrir todas sus necesidades. Eliminando la concertada podríamos sufragar claramente los gastos de la pública y, además, ahorrar dinero, es decir, aumentar la eficacia a menor coste: el sueño de cualquier capitalista… cuando se trata de su empresa, pero no cuando se trata de la educación de todos.

En virtud de lo anterior, lo razonable es proponer la supresión de la educación privada subvencionada, como paso previo a la supresión de la educación privada reglada. Evidentemente, esa supresión ha de ser ordenada para evitar un caos en el propio sistema educativo público. Muchos de los espacios que hemos estado financiando durante años pueden ser aprovechables, más si tenemos en cuenta que, muchas de esas escuelas, una vez pierdan la subvención económica, estarán condenadas al cierre. Por ello se puede negociar una integración de dichos centros en la red pública, con la finalidad de ahorrar costes de producción y de conservar, en la medida de lo posible, los puestos de trabajo. Eso sí, evidentemente los profesores que se integren en la red pública, nunca podrán ser personal funcionario de carrera, con lo que entrarán en situación de interinidad (se puede negociar un estatus provisional).

Finalmente, es conveniente examinar el tan manido mantra de la “libertad de elección”. Los liberales exigen que el estado no interfiera en su vida, y afirman que ha de respetarse su libertad para elegir un centro educativo u otro. Sin embargo, luego quieren que las enseñanzas cursadas por ese centro educativo conduzcan a títulos oficiales reconocidos por la legislación estatal. Nosotros decimos que, si bien no tenemos nada que objetar a la libertad de cada uno de aprender como más guste, solamente los estudios cursados en las instituciones públicas pueden conducir a titulaciones oficiales reconocidas por el estado. No impedimos a nadie que monte una academia particular, ni que la quiera llamar colegio o universidad. Pero los estudios allí cursados no tendrán validez académica alguna.

Por todo ello, la secretaría de educación del Partido Socialista Libre Federación propone que nuestro partido recoja en sus documentos programáticos la siguiente propuesta:

El Partido Socialista Libre Federación defiende la escuela pública única, laica, gratuita y de calidad. Por ello, promoverá una supresión progresiva de las escuelas privadas subvencionadas (coloquialmente conocidas como concertadas), negociando con dichas escuelas la posibilidad de su adhesión, si así lo desean, a la red pública. Dicha adhesión, supondrá transformarse en un centro público a todos los efectos legales y en las mismas condiciones que los demás, pero el profesorado que de este modo pase a la pública, no podrá hacerlo en condiciones de funcionario de carrera, al no haber obtenido su plaza en ningún concurso-oposición. 

Desde el PSLF creemos, además, que la única forma de garantizar la suficiente financiación de la red pública, y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, es que no existan escuelas de élite para millonarios y escuelas públicas en las que los banqueros y políticos no tengan ningún tipo de interés, y que, a causa de esa falta de interés, puedan destruir en beneficio de su lucro personal. Por ello defendemos también que únicamente las enseñanzas cursadas en centros públicos en coeducación y laicos que difundan los valores del laicismo y la democracia, puedan conducir a la obtención de titulaciones legalmente reconocidas por el estado, al menos, en los casos de ESO, bachillerato, Formación Profesional, grado universitario, máster universitario oficial, y doctorado.

Propuesta de resolución aprobada por el PSLF redactada por el secretario de Educación Francisco Rey