PSLF Programa municipal 2019

¡Por la plena autonomía municipal, por las reivindicaciones sociales, contra el techo de gasto!

Las candidaturas locales  que promovemos en los municipios, así como la extensión de nuestro partido se deben  corresponder con el apoyo que prestamos a la mayoría social para constituir una nueva representación política socialista e independiente del Estado de la Monarquía. Fiel a sus exigencias

Reagrupamientos locales que han de ser conscientes de los obstáculos que representan tanto la legislación española, la Constitución vigente, como la Ley de Bases de Régimen Local, los dictados de la UE, que impone la austeridad a través del techo de gasto, como instituciones del capital opuestas a las reivindicaciones sociales y a la representación obrera y popular  por la que luchamos

Se trata a través de las candidaturas  de traducir las diferentes luchas que hemos llevado a lo largo de los últimos años  por el mejoramiento o por la simple defensa de  las condiciones de vida y trabajo, en las que hemos participado tanto nosotros y una buena parte de la población en una organización en común, por una nueva representación independiente  y democrática de los intereses de la mayoría en las entidades locales.  Y ello impulsando la movilización mediante  candidaturas representativas abiertas a todas apoyadas en Asambleas Populares reivindicativas o comités de apoyo.

 Ocasión, por tanto, para reagrupar políticamente desde abajo, por las reivindicaciones y aspiraciones mayoritarias. Por las libertades democráticas, por las aspiraciones  que se concentran en el derecho a decidir como forma de expresión de la soberanía popular. Por las aspiraciones sociales para acabar con la precariedad, la explotación y todas las formas de esclavitud.

El Partido Socialista libre Federación como partido con una clara vocación y práctica municipalista comparece ante las clases populares, las ciudadanas y ciudadanos y manifestamos nuestras reivindicaciones y exigencias al objeto de que de una vez por todas, los ayuntamientos dejen de ser administraciones tuteladas e intervenidas por la administración autonómica y central. El municipio es la administración más cercana a las ciudadanas y ciudadanos. Es a su ayuntamiento a quienes la ciudadanía local, demanda servicios, comunicaciones, prestaciones y empleo. Son las ediles las primeras autoridades democráticas en recibir las demandas populares y muchas veces por falta de presupuesto y/o de competencias o bien a causa de que competencias propias han sido invadidas por entes autonómicos, no pueden satisfacer justas peticiones y propuestas de mejora. En consecuencia las restantes administraciones deben dejar de considerar menores de edad a los gobiernos locales y no planificar desde despachos de Madrid o las capitales autonómicas planes municipales, comarcales y provinciales sin contar con los protagonistas o con quienes luego los deben poner en marcha.

Estas duplicidades e invasión de competencias generan más gasto, despilfarro económico y/o mala gestión además de corrupción. La administración autonómica que no es un modelo de eficacia debe dejar de duplicar funciones lastrando las economías locales.

La municipal es en España con diferencia, la administración que mejor gestiona y menos despilfarra. Es además el municipio la administración más fácil de hacer transparente. La que mejor admite la democracia directa y/o participativa. En Europa los municipios son mucho más relevantes como administradores públicos que en España, donde representan el 14% del gasto público, frente a situaciones como Dinamarca donde los municipios gestionan el 80% de la inversión pública.

La gestión local no es inocua, la ideología se manifiesta claramente en ella. Nosotras y nosotros proponemos una gestión local democrática y que defienda los intereses de las capas populares y no de grandes constructores, caciques, fondos de inversión, fondos buitre, especulares turísticos o grandes propietarios. Lo mismo exigimos de los Gobiernos que surjan de las elecciones, que sean de progreso, de participación y democráticos en beneficio de las clases trabajadoras y no de bancos y especuladores. Pero que contando con los municipios respeten la autonomía local.

Exigimos que las administraciones autonómicas colaboren, informen y participen a los ayuntamientos de sus proyectos. Delegados y jefes de servicio dejen de ser condescendientes o autoritarios con personas electas, cuando ellos no lo son.  Exigimos que los presupuestos de las comunidades dejen de ser hechos de espaldas a los ayuntamientos y/o sin contar con las necesidades reales de la población, de las y los vecinos.

Por todo ello reclamamos:

1. Somos feministas en tanto que socialistas. Sin feminismo no hay socialismo. En conclusión y dentro de las competencias municipales, haremos planes locales de igualdad, servicios efectivos y eficientes frente a la violencia de género y ordenanzas municipales excluyendo y aboliendo la prostitución y haremos campañas contra los vientres de alquiler. Lucharemos contra la mercantilización del cuerpo de la mujer.

2. Exigir que el 50% de los presupuestos autonómicos sean gestionados por los ayuntamientos, pues son la administración que menos despilfarra, denunciado que tanto dinero para las Comunidades Autónomas, también sirve para que ellas construyan redes clientelares corruptas, duplicación de funciones y competencias y decidir en muchas ocasiones de forma caprichosa que se hace o no con las inversiones públicas.

3.  Ejercicio de cada administración de las competencias que le son propias según leyes vigentes y el sentido común. Los municipios deben gestionar todas las competencias propias más las que de forma directa afectan a sus vecinos tal y como ocurre en los países más avanzados democráticamente.

4. La administración autonómica debe colaborar junto a los ayuntamientos al objeto de liquidar el techo de gasto y otras medidas que no tienen más objeto que favorecer a los bancos y privatizar servicios municipales. La administración central dejará de obligar a los ayuntamientos a suscribir planes de estabilidad y refinanciación, que tan solo benefician a los bancos y son una parte del rescate bancario encubierta y vergonzosa.

5. Derogación de los restos de la ley Montoro, (la LRSAL) al objeto de recobrar la autonomía municipal y la posibilidad de impulsar desde lo local políticas de igualdad y feministas, culturales, sociales, urbanísticas, educativas, deportivas y de fomento del empleo o actividades productivas.

6.  El cambio constitucional es imprescindible al objeto de acotar y dotar a los municipios que son la administración más cercana y democrática de competencias claras y dejar nítida su función en el estado. Lo cual no quiere decir que nos frene la actual indefinición jurídica, al revés es un acicate para el cambio y pedir el voto con un sentido político, al objeto de transformar las corporaciones locales en gobiernos locales.

7. No engañar con programas irrealizables, pues todos los partidos ocultan que con la regla de gasto y el techo de gasto los ayuntamientos ven disminuida su autonomía local, sus posibilidades de inversión y de municipalización de los servicios públicos. Por tanto el voluntarismo conduce a la frustración pues la Unión Europea, la ley Montoro y el artículo de la Constitución vigente 135 modificado en favor de los bancos y las privatizaciones impiden desarrollar la democracia municipal.

8.  En conclusión exigimos derogar el artículo 135 bis de la Constitución en su redacción actual, que obliga al techo de gasto, así como acabar con los planes de estabilidad financiera ideados por el Gobierno Rajoy al objeto de favorecer a los bancos y que los municipios paguen parte de la deuda pública estatal, rescatándolos igualmente.

9. Exigir todas las competencias de vivienda para los ayuntamientos y modificación urgente de la ley del suelo e hipotecaria. Desarrollar programas de vivienda pública y frenar la especulación así como la nueva burbuja del ladrillo con fines diferentes de la anterior, pero igual de grave e injusta que ya padecemos. Control municipal de alquileres. Creación de entes locales al objeto de favorecer el alquiler de viviendas para jóvenes. Dotación económica suficiente al objeto de crear y/o rehabilitar viviendas para alquileres sociales.

10. Que los municipios dejen de ser prisioneros del oligopolio privado eléctrico. A tal objeto desde los municipios se impulsarán planes para extender las energías renovables; centrales de energía renovable en barrios y pueblos, al objeto de bajar los precios y combatir la especulación y los robos de las grandes compañías de la luz. Se eliminará el decreto Miguel Sebastián que prioriza el pago al oligopolio eléctrico de los ayuntamientos.

11. Planes de igualdad, empleo y seguridad. Combatir la violencia de género, exigir ley contra la violencia de género con presupuesto y lograr declarar municipios libres del terrorismo machista. Policía local de proximidad, protección adecuada de los barrios y compromiso de las policías municipales con los vecindarios, la violencia de género y los abusos de mafias barriales.

12. La movilidad y el transporte en los municipios son competencia local. Todas las competencias de regular el transporte público son locales. Defenderemos las reivindicaciones del sector del taxi, atacadas por poderosas multinacionales que destruyen las condiciones de empleo y atacan la recaudación de tasas e impuestos, así como las ordenanzas municipales. Las citadas ordenanzas, regularan todas las facetas de la movilidad y el transporte.

13. Por un urbanismo al servicio de las personas y no sometido a los intereses especulativos. Persecución de la corrupción urbanística, tanto de anteriores corporaciones como de darse en  el futuro. Preservación sin excepciones del patrimonio histórico urbanístico, así como de la construcción tradicional. Nunca negociaremos con las cesiones obligatorias y/o negociadas mediante convenios urbanisticos con promotores ya sean públicos o privados, Utilizaremos el urbanismo para ampliar el suelo municipal con destino a fines de viviendas públicas, suelos sociales y educativos o deportivos. Diseño democrático de pueblos y ciudades y gestión urbanística participativa.

14. Plan de apoyo a los municipios rurales y pequeños municipios, con planes de fijación e incremento de población al objeto de defender el territorio, la soberanía alimentaria, nuestros campos y montes, la ganadería y la agricultura de montaña. Servicios y escuelas, médicos y servicios geriátricos en todos los  municipios de forma obligatoria. No más desaparición de escuelas y ambulatorios y reapertura de los ilegítimamente cerrados.

15. El futuro del mundo rural, no pasa por la PAC que lo despuebla y la caza o el turismo, tan solo. Pasa por la defensa del medio ambiente, la agricultura y la ganadería ecológicos, la defensa del patrimonio forestal y el cooperativismo. Hay que apoyar la creación de una industria agroalimentaria local y rural. Defensa del agua como bien público y derecho humano.

16. Uno de los principios democráticos, imprescindible para garantizar la convivencia ciudadana sobre la base de la igualdad, es la necesaria neutralidad de las instituciones en el respeto de la libertad de conciencia de todas las personas, con independencia de sus particulares convicciones ideológicas, creencias, etc. El principio de laicidad, en su aplicación al conjunto de las instituciones públicas, exige la separación del Estado y las iglesias, del espacio civil y del religioso. En consecuencia, también en los ayuntamientos es exigida la neutralidad y separación efectiva entre la labor pública y las particulares convicciones ideológicas de sus miembros, así como de los propios ciudadanos y ciudadanas. Lo cual conlleva una serie de medidas que pueden y deben desarrollarse en el ámbito de las competencias municipales, para cumplir con el principio de aconfesionalidad del Estado y de sus distintas administraciones públicas.

17. Por el trabajo municipal igualitario en todos en los barrios de la ciudad. No hay centro y periferia. Hay barrios diferentes y todo nuestro esfuerzo será hacer más dignos y humanos todos los barrios de las ciudades.

18. La energía eléctrica no es un negocio, es un servicio público. Los precios abusivos de la luz, deben ser denunciados. Exigimos que la producción y distribución de energía sea pública. El ayuntamiento denunciará a las compañías eléctricas por incumplimiento de los contratos y animará formulas cooperativas y de energías alternativas, para socializar la luz.

19. Vamos a remunicipalizar los servicios públicos municipales privatizados, ya sean de cuidados, culturales, deportivos, de abastecimiento y saneamiento, residuos o asistencia social y lucha contra la violencia de género o protección de la infancia y juventud. El ofrecer nuevos servicios públicos y eficientes es una obligación municipal y no un negocio, además es más rentable si es desde lo público.

20. el empleo es algo prioritario para las y los socialistas. Pero empleo digno y de calidad que permita vivir dignamente. El empleo público y la remunicipalización de servicios pueden fomentar una dignidad laboral que tire de los demás sectores. Pero no apoyaremos ni subvencionaremos a empresas que basen su empleo en el precariado, no respeten los convenios o practiquen la brecha salarial. Las cláusulas de interés social serán incluidas en toda la contratación pública del municipio.