El Tribunal de Justicia Europeo reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras como diputado y, en consecuencia, la nulidad de pleno derecho del proceso político contra los dirigentes soberanistas catalanes

El Tribunal Supremo español tras condenar a políticos soberanistas catalanes planteó al Tribunal Europeo la cuestión prejudicial respecto a la inmunidad del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ahora encarcelado con una condena de 13 años de prisión por los supuestos delitos de sedición y malversación, con la inhabilitación para ejercer cargo público, que implica la pérdida de su condición de eurodiputado.

El abogado de la Unión Europea, el polaco Maciej Szpunar, elevó hace semanas sus conclusiones sobre el caso al TJUE, en las que se estableció claramente que Oriol Junqueras debería ser reconocido como eurodiputado el mismo día 26 de mayo, cuando se celebraron las elecciones europeas. Y su argumentación en esta ocasión fue contundente: el escaño de todo electo al Parlamento Europeo depende únicamente del hecho de haber sido elegido y no de otros supuestos administrativos, como los que establece la legislación española para poder recoger el acta. El Abogado General concluyó señalando que “impedir que quien ha sido legalmente electo para un cargo público preste la promesa o el juramento exigido para asumir el cargo es un método perfecto para privarle del cargo en cuestión, pese a la voluntad de quienes tienen la competencia legal para investirlo”.

 La jura de la Constitución del 78 es por tanto un procedimiento sin valor democrático alguno a efectos de ocupar el cargo que le han dado sus votantes a través de las urnas. De ello deben tomar nota quienes pretenden convertirlo en un nuevo filtro dictatorial. Sin embargo, el día 14 de junio, el Tribunal Supremo español rechazó que Junqueras pudiera salir de la cárcel para recoger el acta de diputado, considerando que su desplazamiento a Bruselas era un peligro irreversible para la conclusión del juicio. La defensa de Oriol Junqueras presentó al TJUE recurso de súplica que ahora -en el día de hoy- conoce la sentencia definitiva.

Las consecuencias de la aplicación de dicha sentencia son de un gran alcance político, habida cuenta del proceso negociador entre el PSOE y ERC, del que depende en estos días la investidura de Pedro Sánchez. Todas las exigencias monárquicas contra los electos que llevaron a cabo el proceso soberanista han decaído, y por ello deben ser puestos en libertad inmediata  por parte del Tribunal Supremo.

La sentencia europea desautoriza a la justicia del Estado español (una vez más), como una justicia política hecha a la medida del mantenimiento del régimen de la monarquía, contra el libre ejercicio de derechos y libertades, y establecida para cerrar la vía a soluciones políticas soberanas y democráticas, cuyas consecuencias inmediatas hay que establecer

Durante todo el proceso soberanista catalán, y hasta el día de hoy, la política oficial ha querido imponer a través de los medios a su servicio el concepto de que los presos políticos catalanes no eran sino “políticos presos”, negándoles su condición de representantes democráticos de la población, y de políticos al servicio de la causa de la autodeterminación nacional, como si se tratara de meros delincuentes sin más. La saña oficial que se ha puesto de manifiesto en la articulación del proceso y de las mismas condenas impuestas establece a las claras que se trataba de un juicio político.

Por ello, los varapalos judiciales recibidos por los altos mandatarios judiciales españoles y sus decisiones, ejecutados en diferentes sentencias por la justicia europea, y de jueces de los diferentes estados miembros donde llegaron euroórdenes, han puesto al descubierto el supuesto Estado de Derecho español.

El Gobierno del señor Sánchez debe tener en cuenta esta nueva situación política, la que se abre con la sentencia de este 19 de diciembre, y proceder en consecuencia, proponiendo a los tribunales competentes la inmediata libertad a todos los presos políticos del proceso soberanista catalán. La libertad, por tanto, de todos los presos y exiliados condenados en un procedimiento judicial nulo de pleno derecho. Todo esto va de lucha democrática por los derechos de los pueblos, que integran derechos civiles y libertades políticas fundamentales. No es cuestión de apoyar o no un proceso, sino de respeto por las libertades y la democracia.

Nadie puede pretender su inmediata investidura política para formar un nuevo gobierno, que además de dice “progresista”, si no respeta las sentencias judiciales y sus consecuencias, a saber:

La nulidad de las sentencias implica la inmediata libertad de todos los presos políticos soberanistas catalanes.