Partido Socialista Libre Federación

LAS OBLIGACIONES DE LA CLASE OBRERA AGRÍCOLA

 

SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL, LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL CONVENIO Y SUS REPRESENTADOS, Y LAS OBLIGACIONES DE LA CLASE OBRERA AGRÍCOLA.

 

La sentencia del tribunal superior de justicia de EXTREMADURA declara nulo el convenio colectivo del campo firmado en junio de 2020 por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y los sindicatos CCOO y UGT. El mencionado convenio, aunque con bastante retraso, es publicado en el DOE el 30 de junio de 2020, venía a regular las relaciones laborales en el campo para los años 2019 y 2020.

 

La anulación se debe a la demanda presentada por AFRUEX, que es una asociación empresarial que agrupa a explotaciones, empresas y negocios relacionados con la fruticultura y horticultura en la producción y transformación de frutas y hortalizas. 

 

Esta asociación declara en su requerimiento que el convenio del campo es nulo porque las partes negociadoras no tienen representatividad para acordar y aprobar un acuerdo de estas características y por tanto, no están legitimadas según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

 

El Tribunal de Justicia procede a comprobar la representatividad de las organizaciones patronales ASAJA y UPA en el momento de la constitución de la comisión negociadora, el 11 de enero de 2019. Los datos de las dos asociaciones empresariales son aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social, número de empresas representadas y trabajadores que estas emplean. Por otro lado, el número total de empresas que están inscritas en la seguridad social como agrícolas al amparo del convenio colectivo del campo son 7396 que a su vez dan empleo a unos 25.546 trabajadores/as agrícolas. De acuerdo a estos datos el TSJEX da por firme que las empresas asociadas a los sindicatos empresariales no alcanzan los porcentajes determinados por el Estatuto de los Trabajadores y en consecuencia, declara la nulidad del convenio.

 

Las empresas asociadas a ASAJA, siempre según la Tesorería General de la Seguridad Social son 976 (13,2% del total de empresas), y el número de trabajadores/as que tienen contratados en alta en la seguridad social es de 2738 (10,7% del total de trabajadores/as). Según el TSJEX, la organización ASAJA, cumple los límites mínimos necesarios para formar parte de la comisión negociadora.  En el caso de UPA, las empresas asociadas son de 507 (6,9%) y el número de trabajadores/as ligados a estas empresas es de 2226 (8,7 %), representan porcentajes insuficientes para formar parte de la negociación.

 

El Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 87.3 y 88,2 indica que la organización patronal en la comisión negociadora debe superar el 10 % de las empresas y el 10 % de los trabajadores que emplean. Además, las participantes deben disponer de la mayoría absoluta de las empresas del sector agrícola y emplear a la mayoría absoluta de los trabajadores, en conjunto ASAJA y UPA no cumplen esos requisitos. En el caso de los sindicatos de trabajadores se da por sentado que poseen representatividad para formar parte de la comisión negociadora. Por otro lado, AFRUEX tiene en estas fechas 2663 trabajadores//as.

 

Los datos utilizados para esta sentencia contrastan con el censo oficial de agricultores y ganaderos para las elecciones en el campo en el año 2017 que era de unos 12.934, ni tampoco coinciden con los que tiene el Instituto nacional de estadística (INE) que contabiliza entre trabajadores y trabajadoras en el campo extremeño a unos 48.400, mientras que lo que declaran los firmantes del convenio en la hoja de registro presentada en el Ministerio de Trabajo es de unos 65.000 entre trabajadores y trabajadoras.

 

El TSJEX toma los datos presentados por la TGSS y considera que en base a otras decisiones judiciales y a lo indicado por el Estatuto de los Trabajadores no hay la suficiente representatividad y declara nulo el convenio.

 

Los datos aportados por las cotizaciones a la seguridad social y los resultados de las elecciones al campo del año de 2017, nos llevan a contemplar a grandes rasgos la distribución de los propietarios agrícolas en tres sectores muy diferenciados, en donde se sitúan las diferentes organizaciones agrarias.

 

Por un lado, está AFRUEX que es una asociación dirigida por los dueños de las grandes centrales hortofrutícolas de la comunidad extremeña, con unos intereses claramente diferentes a los agricultores productores de la materia primas que compran y a los que de paso procuran sacarles el máximo de rendimiento. Representa la nueva burguesía agraria asociada a capitales foráneos, que no sólo controlan las grandes centrales en donde se preparan, elaboran y comercializan las producciones de frutas y hortalizas, sino que también adquiere propiedades que los pequeños agricultores van dejando en vista de que sus cosechas no dan para vivir. Los señores de la fruta extienden sus tentáculos adueñándose de las tierras que dejan aquellos.

 

Para esta burguesía ligada a la producción agrícola sus beneficios se cimentan no sólo en la preparación y comercialización de las frutas, también, en los mecanismos de compras a los agricultores, son frecuentes quejas de la UPA durante las campañas, y en la plusvalía extraída a los jornaleros y jornaleras.  

 

El sector tradicional de los grandes propietarios de la agricultura y ganadería se agrupa mayoritariamente en ASAJA, que siempre ha representado al sector más conservador de los propietarios en el campo, con su núcleo principal en de Tierra de Barros.  En las elecciones celebradas en el campo en el año 2017 resultó mayoritaria con un porcentaje de votos del 46,86%, con 4150 votos de una participación de 9276 votantes, de un censo global de 12.934 agricultores y ganaderos.

 

La otra organización que participa tradicionalmente en las negociaciones de los convenios del campo es UPA que tiene entre sus socios una mayoría de pequeños agricultores y mantiene una visión política e ideológica más progresista. En las elecciones del campo obtuvo 3326 votos, un porcentaje del 37,58 %. La otra organización agraria con un porcentaje de votos apreciables a pesar de su reciente creación fue la UNIÓN con 1263 votos, algo así como el 14,27 % de la participación. Otra organización agraria de vida más reciente es ASEPREX. Tanto la UNIÓN como ASEPREX concentran a sus integrantes que son mayoritariamente pequeños agricultores y ganaderos de las zonas de las Vegas Altas del Guadiana. 

 

Cada año un número apreciable de estos pequeños productores van a la ruina por los bajos precios del campo, muy inferiores a los costes de producción, abandonando sus tierras que pasan a manos de las grandes multinacionales y de los grandes propietarios que poco a poco van controlando toda la producción del campo extremeño.

 

Las ayudas de las instituciones públicas para la modernización y la producción, así como las subvenciones que vienen de Europa por la Política Agraria Comunitaria (PAC), favorecen muy especialmente a estos grandes propietarios. Esta acumulación de capitales conduce a un continuo proceso de concentración de la tierra y centralización de la producción agrícola y ganadera.

 

La lucha de clases que se desarrolla en el campo extremeño ofrece un color muy favorable a los intereses de los grandes capitales agrícolas, que se acrecienta después de esta sentencia.  A su vez, las directrices políticas de la Unión Europea que los gobiernos siguen a pie juntillas están al servicio de los intereses de las multinacionales y de los patronos agrarios. Por muchas leyes y normas que se presenten por los gobiernos para garantizar el nivel de vida de los productores agrícolas, la triste realidad es que son representaciones caricaturescas para engañar a los pequeños y favorecer a los grandes.

 

Sin embargo, la reacción de algunas de las organizaciones de pequeños agricultores a la declaración de nulidad del convenio pone claramente de manifiesto como son dominados por la influencia ideológica y política de los verdaderos responsables de su ruina. Este sector social de pequeños productores, oprimido y explotado, en vez de considerar a la clase obrera agrícola como su aliado para enfrentarse a las políticas que vienen de Bruselas y de Madrid, la percibe como su enemiga. No son los salarios los que arruinan a los agricultores, son otros factores como los elevados costes de los inputs agrarios y ganaderos en manos de las multinacionales los que esclavizan al campo extremeño.

 

Las condiciones laborales que establecía el convenio del campo que ahora se ha anulado no era favorable a los jornaleros ni mucho menos. Sobre todo, para los jornaleros y jornaleras eventuales que no suelen trabajar todos los días laborables del mes, y no alcanzan ni mucho menos el salario mínimo interprofesional.

 

Las relaciones de fuerza eran muy favorables a los patronos dado que los sindicatos de trabajadores CCOO y UGT carecen de influencia en la clase obrera agrícola para organizar y forzar la defensa de sus intereses en una mesa de negociación. El resultado era el esperado, un convenio colectivo en el que no había una tabla salarial concreta que fijase los salarios correspondientes a las diferentes tareas del campo, junto a aspectos tales como la disminución del valor de las horas extraordinarias.

 

A pesar de todo lo más importante del convenio era que al menos fijaba una referencia a la que siempre podían recurrir los trabajadores/as del sector para evitar una explotación laboral sin límites. No nos cansamos de repetir que la anulación del convenio del campo de la provincia de Badajoz favorece las posiciones del empresariado puesto que sin convenio del sector las negociaciones serán a nivel individual o de empresa. En este caso, quien parte con ventaja es el dueño de la tierra y de los medios de producción. En resumen, la decisión judicial favorece claramente a la clase empresarial en detrimento de la clase obrera. Los patrones agrícolas salen ganando con esta decisión.

 

El contraste de los datos sobre el número de trabajadores y trabajadoras del campo aportados por el TSJEX, el INE y los declarados en el Ministerio de Trabajo en la presentación del convenio nos hace pensar que es el resultado de una situación generalizada en el campo extremeño.  Hay empresarios que no dan de alta en la seguridad social a los jornaleros cuando los contratan o como máximo les inscriben sólo dos días nada más, al inicio y al finalizar el período de contratación. Esto sucede así, porque hay una permisividad importante por las normas de la seguridad social que regulan estos procedimientos de altas y bajas en las contrataciones agrícolas.

 

En el estado actual, las tareas inmediatas de la clase obrera es su organización y la agrupación de fuerzas como armas capaces de encarar una nueva negociación y conseguir unas buenas condiciones laborales. En la actualidad con la desmovilización que hay está en una situación de inferioridad en la relación de fuerzas, no hay mucha capacidad para negociar; el terreno está a favor de los empresarios; los sindicatos CCOO y UGT firmantes del anterior acuerdo, aunque puedan tener una representación formal en las empresas agroalimentarias de la provincia carecen de influencia sindical y movilización para arrancar unas buenas condiciones laborales.

 

AFRUEX justifica la denuncia del convenio porque se consideran que son parte afectada por el contenido del mismo. Sin duda, con la suficiente representatividad, por el importante número de trabajadores que emplean en los períodos en los que sus fincas y centrales productoras entran en plena producción en primavera y verano.

 

 No están de acuerdo con el convenio porque quieren salarios más bajos y más horas de trabajo. Los portavoces en diferentes manifestaciones públicas han declarado que lo que cobran los trabajadores/as está llevando a la ruina a sus empresas.

 

Sin duda, para los intereses económicos de la clase empresarial es fundamental disponer de la suficiente fuerza de trabajo y además, que pueda ser utilizada según sus criterios y necesidades, por eso quieren un convenio flexible. La flexibilidad laboral para ellos no es otra cosa que el aumento de las horas de trabajo y una diferente distribución de las mismas; se trata de aprovechar al máximo toda la productividad que ofrece la fuerza de trabajo del obrero.

 

Las relaciones laborales en el campo presentan una amplia casuística en la que conviene detenernos. Por un lado, un buen número de los contratos de los jornaleros eventuales en las campañas agrícolas de la vendimia y la aceituna se realizan sin pasar por la mediación de las oficinas del SEXPE. También, como ya hemos comentado es una práctica habitual que ciertos empresarios agrícolas no den de alta en la seguridad social a los trabajadores ni les contabilicen las peonadas de trabajo que serán necesarias para cobrar el subsidio o la renta agraria en los períodos de desempleo.

 

La economía sumergida es un pilar importante que subsiste paralelamente al caciquismo, son dos caras de la misma moneda que se necesitan el uno al otro; es un parásito que vive a lomos de las necesidades de la clase obrera agrícola. Así, hay jornaleros que mientras están cobrando la renta agraria o el subsidio agrario realizan faenas con los patronos agrícolas, de este modo, suman a los 430 euros lo que les paga el empresario agrícola. Este, conociendo el estado de necesidad se aprovecha de la situación y suele pagar menos de lo que debiera pagar. Los jornaleros que colaboran en este tipo de prácticas no son conscientes de que están actuando en contra del presente y del futuro de su clase; favoreciendo que los salarios sigan siendo bajos, y que estos patronos no paguen las cotizaciones sociales.

 

Para acabar con el caciquismo y la explotación laboral hay que establecer una lucha sin cuartel contra la economía sumergida que sólo favorece a los empresarios que la practican.

 

En Extremadura, junto a otro conjunto de medidas económicas y sociales que acompañen, el reparto de la tierra es necesaria e imprescindible para la supervivencia económica y social de la población. Junto a grandes extensiones de tierra sin producción coexisten otras grandes fincas en manos de particulares cuyas extensiones deben limitarse y acotarse para ponerlas en manos de agricultores que socialmente contribuirían en mayor medida a la sociedad.

 

La reforma agraria debe ser retomada en el imaginario de la clase obrera agrícola y de los agricultores, a ello tenemos que dedicar todas las energías en la difusión y explicación desde todos los canales de comunicación a nuestro alcance. La Reforma Agraria es un elemento vital para cambiar las perspectivas de progreso económico y social de la comunidad extremeña.

Juan Viera Benitez es secretario federal de Agricultura del PSLF y del partido en EXTREMADURA (pslf-Ext.)

  • Jan. 18, 2021, 1:11 p.m.

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